Lorena, joven extutelada a quien la Generalitat puede reclamar 22.500 euros: “Van a por nosotros y eso es injusto”

Lorena tiene 24 años. Fue una niña tutelada por la Generalitat y pasó parte de su infancia en un centro residencial. Al cumplir la mayoría de edad, tuvo que dejar el que hasta entonces había sido su hogar sin otro al que ir. La única ayuda que tenía era una prestación que el Govern otorga a los jóvenes extutelados mientras buscan trabajo y un piso.

Gracias a ese dinero, Lorena pudo encontrar un empleo y salir adelante. Pero hace pocos días recibió una carta que ha puesto su mundo patas arriba. La Generalitat sospecha que parte de la prestación que cobró durante algo más de tres años podría haber sido indebida, al no cumplir con todos los requisitos necesarios, y la avisa de que podría tener una deuda con la administración de hasta 22.548,78 euros.

Como ella hay un centenar más de jóvenes a quienes la Generalitat podría llegar a reclamar entre 6.000 y 46.000 euros por haber cobrado una prestación indebidamente. “Nos persiguen y nos asfixian. Van a por nosotros y eso es muy injusto”, asegura esta joven, que añade que a muchos de ellos nunca se les explicó debidamente cuáles eran los requisitos. “Teníamos que venir cada seis meses a firmar y a explicar si teníamos trabajo, si estudiábamos o lo que sea. Si algo iba mal, nos lo podrían haber dicho en su momento”, lamentan.

Por eso, algunas decenas de personas que se encuentran en la misma situación que Lorena se concentraron este lunes frente a las oficinas de la Dirección de Infancia (DGPPIA) para presentar una alegación contra este proceso de reclamación de prestaciones presuntamente indebidas por “injusta y desproporcionada”.

El Govern empezó a comunicar las posibles deudas el jueves pasado, sólo dos semanas después de que se hiciera público el resultado de la investigación de la Sindicatura de Cuentas, que constató que entre 2019 y 2022 se otorgaron más de 167 millones de euros en pagos inadecuados. De ellos, 4,7 millones (el 2,8%) fueron prestaciones a extutelados.

Las cartas recibidas, a las que ha tenido acceso elDiario.es, apuntan a posibles “incumplimientos de los requisitos” para recibir las prestaciones, informan a los afectados que se iniciará una revisión del dinero cobrado y avisan de la cuantía que se estima que se deberá devolver en caso de que los jóvenes no puedan demostrar que sí eran merecedores del dinero. “Es una burrada. Estamos totalmente solos y no tenemos dinero para abogados. No sabemos ni por dónde empezar”, lamentan estos jóvenes, que aseguran que nadie les ha dicho exactamente qué papeleo deben entregar. Y sólo tienen 10 días para hacerlo.

Desde la Generalitat apuntan que es una reclamación preventiva y que las personas consultadas tienen margen para poder desmentir la sospecha. Preguntados por este medio, aseguran que en algunos casos será suficiente con aportar el padrón o alguna documentación de Servicios Sociales. Pero esos detalles no se mencionan en las cartas.

“No entiendo qué les tenemos que dar, si ya lo saben todo”, se lamenta Lorena, que explica que periódicamente todos los jóvenes extutelados están obligados a reportar a sus referentes cuál es su situación laboral, educativa y habitacional. Eso se hace para constatar que siguen el itinerario de inserción social que se les exige para poder cobrar la prestación y para comprobar si, en caso de que hayan conseguido trabajo, siguen cumpliendo los requisitos.

Y es que la llamada prórroga asistencial es una ayuda económica equivalente al indicador de la renta de suficiencia que perciben los jóvenes extutelados hasta los 23 años o hasta que cobran un sueldo que, sumado a la ayuda, supere en 1,5 el importe de la renta anualmente. “Pero es que nadie nos informa de todas estas cosas”, se lamenta Tania. Es hermana de Lorena y está en su misma situación.

A ella, aunque sólo cobró la prestación por poco más de un año, le podrían reclamar más de 6.000 euros. El motivo es que durante un mes y medio le salió una sustitución que sumó a su trabajo habitual en el que cobraba alrededor de 900 euros. Hasta ahí todo iba bien y seguía sin pasarse del límite.

El problema llegó cuando le ofrecieron ampliar esa sustitución. Ahí Tania no tuvo en cuenta que, si seguía trabajando, sí se pasaría del máximo establecido. Sus referentes tampoco se lo dijeron, a pesar de que ella les comunicó que seguiría trabajando. “Yo informé debidamente, pero no me llegó ninguna notificación, ni un correo, ni nada”, asegura.

Finalmente, fue ella misma quien, algunas semanas después, se dio cuenta de que se estaba pasando del tope y decidió dejar la prestación. “Estoy muy agradecida de esta ayuda, pero ganaba más trabajando”, recuerda Tania que, en total, sólo cobró por encima del límite durante un mes y medio. Y ahora le pueden llegar a pedir 6.000 euros. “Pero es que no los tengo. ¿Cómo los voy a tener? Si lo único que hemos hecho es intentar salir adelante”, se lamenta la joven.

“Es que simplemente no nos llega”, añade su hermana. Ella también dejó de cobrar la prestación cuando encontró trabajo. Pero, en su caso, nunca compaginó ambas cosas. Aun así le piden más de 22.500 euros. ¿Por qué? “Mi carta dice que no cumplía el plan de trabajo individual. Y eso es mentira”, dice Lorena, resaltando la ironía. El plan que supuestamente dejó de seguir es un itinerario pensado para que los jóvenes puedan encontrar un empleo.

Aster, junto a otros jóvenes extutelados, a las puertas de las oficinas del Departament de Derechos Sociales

“No nos merecemos esta angustia”

“Se nos exigen unas cantidades de dinero imposibles. Y nos lo exige este sistema que, en principio, está diseñado para protegernos. Pero en realidad lo que hacen es expulsarnos. Nos parece bien que hagan una revisión de los fondos, pero no así”. Quien habla es Aster, una joven extutelada de 22 años que este lunes también acudió ante la Generalitat.

Pero ella no fue a poner una alegación, sino a preguntar por su caso en particular. Tal como cuentan estos jóvenes, que se están organizando a través de un grupo de WhatsApp muchos de ellos recibieron la carta entre el jueves y el viernes. Pero otros, al ver que a todos sus amigos se les requería dinero y a ellos no, quisieron asegurarse de que todo estaba bien y fueron a consultar sus perfiles en la web de la Generalitat.

Allí vieron que sobre ellos también pesaba la sospecha y que, aunque no hubieran recibido ninguna comunicación, el plazo de 10 días para presentar la documentación requerida ya había empezado a correr. “Menos mal que lo miraron porque si no entregan los papeles, tienen que pagar sí o sí”, dice Aster.

Ella también intentó mirar si también está en la lista, pero por un problema informático no consiguió entrar en su perfil y tuvo que pedir cita presencial. “No sé nada todavía”, dice visiblemente nerviosa. “No nos merecemos esta angustia ni pagar por una mala gestión que no ha sido culpa nuestra”.

Con estas palabras, Aster se refiere a las acusaciones de malversación que pesan sobre la Dirección de Infancia de la Generalitat y sobre las que la Oficina Antifraude está investigando actualmente. La base de las sospechas se encuentra en diversas denuncias presentadas por extrabajadores sociales que alertaban de entidades del tercer sector -en las que la Generalitat había externalizado la gestión- que seguían solicitando ayudas para jóvenes que ya no cumplían los requisitos.

Según las denuncias presentadas, las entidades podrían haberse quedado una parte de esa prestación, mientras pagaban la otra a los jóvenes para que siguieran yendo a firmar los documentos necesarios sin informarles de que estaban cobrando indebidamente.

“Nosotros no somos los culpables de la mala gestión. En todo caso, somos las víctimas”, dice Aster. “¿Por qué nos hacen esto?”, se pregunta. Lorena tiene una respuesta: “Nos quieren meter miedo. Y quieren que acabemos renunciando a la prestación. Al final, el mensaje es que es más fácil ponerte a trabajar en la calle, en negro”, asegura. “Míranos, los que estamos aquí no tenemos a nadie y salimos adelante como podemos. No es justo que nos hagan pasar por esto ahora”, añade.

Los jóvenes que se concentraron frente a la Dirección de Infancia relatan episodios de ansiedad después de haber recibido las cartas de la Generalitat. Hay quien se pasó la noche entera llorando y hay quien, incluso, pensó en quitarse la vida. “Es que, de verdad, no tenemos ese dinero. Sabemos que no hemos hecho nada malo, pero si nos dicen que igualmente tenemos que pagar, ¿qué vamos a hacer?”, se preguntan.

Desde la Generailitat reconocen que este requerimiento puede “generar molestias” y lamentan “el agravio que pueda ocasionar a los jóvenes”, pero insisten en que están “legalmente obligados a actuar cuando se detectan indicios de pagos indebidos”.