La Junta de Andalucía evita reunirse con el Gobierno para “recuperar” La Janda, la laguna pública de Cádiz desecada por Franco

Este miércoles, a las 10 de la mañana, tendrá lugar en Vejer de la Frontera (Cádiz) una reunión anhelada por las entidades ecologistas desde hace años. Convoca el Ministerio de Transición Ecológica, que envía a Hugo Morán (Secretario de Estado de Medio Ambiente, sólo inferior en rango a la ministra) a presidir una mesa de diálogo que trate la “recuperación del humedal de la Janda” con las asociaciones que llevan tanto tiempo reclamándola, la comunidad de regantes de la zona, los ayuntamientos de Vejer, Tarifa, Barbate, Medina Sidonia y Benalup y la entidad ecologista WWF.

También está convocada la Junta de Andalucía. Sin embargo, la administración autonómica ha confirmado a este medio que no acudirá a la cita, alegando que la Consejería de Medio Ambiente, que recibió la invitación, no tiene nada que decir. En octubre de 2023 la Dirección General de Patrimonio de la Junta emitió un informe que concluye que los antiguos terrenos públicos de la laguna de La Janda hace tiempo que dejaron de serlo, alineándose así con los intereses de los terratenientes que los explotan, y derivando cualquier posibilidad de recuperación a la Administración del Estado.

No hay orden del día de la reunión, más allá de una escueta convocatoria del Ministerio en la que se anuncia que se tratará la “recuperación del humedal de la Janda en el marco de la cooperación entre administraciones con la sociedad civil”. Una frase tan amplia como para incluir cualquier cosa, y que mantiene a los interesados a la expectativa de conocer la voluntad y las propuestas del Estado.

Un humedal de 7.000 hectáreas

La Janda, además de una comarca, es el nombre de la antigua laguna transformada hoy en un fértil terreno de cultivo de hortalizas, cereal y frutas que se venden en media Europa.

Hace un siglo esto era un humedal que se extendía por 7.000 hectáreas (70 millones de metros cuadrados; 70 kilómetros cuadrados) entre Vejer, Barbate, Medina y Tarifa, al sur de Cádiz. La zona lacustre más valiosa de España, decían las crónicas, hasta que fue desecada por orden de Franco con la finalidad de convertirla en un vergel que entregar en bandeja a familias ilustres afectas al régimen.

Plano de la laguna de 1.821 elaborado por Juan de Lobo | Asociación de Amigos de La Janda

Así lo hizo, pero a comienzos de los 60 algo se torció, las obras quedaron a medidas y el Estado acabó recuperando los terrenos. Sin embargo, lo hizo sólo sobre el papel. Una sentencia del Tribunal Supremo de 1967 confirmó el deslinde: 6.165 hectáreas de las 9.039 desecadas seguían siendo de dominio público y, por tanto, del Estado, pero nadie movió un dedo: durante casi ochenta años los terrenos han sido explotados en precario por terratenientes que han levantado aquí su fructífero negocio agrícola.

Hace casi una década una plataforma ciudadana liderada por la Asociación de Amigos de la Janda empezó a reclamar que lo público volviera a lo público para que la laguna volviera a ser laguna. Y tras llamar a todas las ventanillas y ser derivados de una administración a otra, los activistas obtuvieron una baza inesperada con el Plan de Humedales, aprobado por la exministra Teresa Ribera a finales de 2022.

Allí se recoge el compromiso de “restaurar parcialmente antes de 2030 alguno de los humedales más grandes y emblemáticos antaño desaparecidos, como la laguna de La Janda (al menos 1.000 ha)”. Pero de nuevo, todo paró. Hasta ahora.

La plataforma lleva años reclamando que se constituya una mesa para avanzar hacia la recuperación del humedal. Al principio, se estaba a la espera del informe de la Junta de Andalucía, despachado a finales de 2023. Después, las asociaciones se reunieron dos veces con Morán, obteniendo el compromiso de crear la mesa, que no llegaba. Al fin, será este miércoles.

Vista aérea de la laguna de la Janda. A la izquierda el 15 de enero y a la derecha el 21 de marzo de 2025 | Ecologistas en Acción

La convocatoria fue remitida pocos días después de que la Plataforma que agrupa a las distintas entidades ecologistas con interés en el tema emitiera una nota de prensa acusando al Estado de “paralizar” la recuperación de La Janda con su “inacción”, y advirtieran de que llevarían el asunto a los tribunales.

Una estructura para dar agilidad

Nadie se atreve a aventurar qué saldrá de esta primera reunión. “Si es solo para decir estamos trabajando, nos quejaremos”, advierte José Manuel López, presidente de la Asociación. Para la Plataforma (integrada por la Asociación de Amigos de la Laguna de La Janda, AGADEN, Ándalus, Ecologistas en Acción, Fundación Savia, Greenpeace, Ríos con Vida, Iniciativa Natura, Nueva Cultura del Agua y SEO/BirdLife), el encuentro abre una ventana de oportunidad, pero la meta está aún muy lejana.

Para evitar dilaciones en un tema muy farragoso, atravesado por fuertes intereses económicos, cambios físicos del terreno, competencias multinivel (estatales, autonómicas y municipales) y normas y leyes que abarcan un siglo y tres regímenes (el reinado de Alfonso XIII, la dictadura y la Democracia), la Plataforma va a proponer una estructura que blinde la eficacia y agilidad de la Mesa de Trabajo: presidencia y secretaría, comisión de seguimiento, plenario, reuniones periódicas y canales de información.

También presentará un documento en el que proponen algunos hitos sucesivos de avance: primero, que el Estado inicie los expedientes de recuperación, basándose en la transposición a cartografía digital de las actas de deslinde validadas por el Tribunal Supremo en 1967; después, la redacción y ejecución de proyectos de restauración “con criterios ecológicos y compatibles con el mantenimiento de actividades agropecuarias respetuosas con los valores de los humedales”; más tarde, la inclusión de los humedales en los inventarios autonómico y estatal; y, finalmente, la firma de acuerdos para los “usos agropecuarios y turísticos respetuosos y compatibles con la conservación de humedales que no puedan ser restaurados como humedal”.

La postura de la Plataforma parece tender la mano al diálogo con los terratenientes. Por su parte, los ayuntamientos tienen posturas diversas. En el pasado, los plenos de la Diputación de Cádiz, Tarifa, Medina Sidonia, Conil y Barbate, en cuyo término se sitúan los terrenos, aprobaron mociones instando a los gobiernos central y autonómico a recuperar La Janda y su puesta en valor. Ahora, los ecologistas cuentan con el respaldo de Barbate (Andalucía por Sí) y Medina Sidonia (IU), el rechazo de Benalup (PSOE) y Tarifa (antes PSOE ahora PP) y la duda de Vejer (antes en manos del PP, ahora del PSOE).

La Junta que se alinea con los regantes, pero deriva al Estado

La Comunidad de Usuarios Ingeniero Eugenio Olid, que agrupa a las entidades y particulares que explotan los terrenos, ha declinado valorar el encuentro. El tema atañe a los intereses municipales porque las empresas agrícolas dan riqueza y empleo en unas fincas muy provechosas que, además, son regadas con abundantes fondos europeos.

La gran finca de la zona, Las Lomas (12.000 hectáreas de terreno cultivable, parte de ellas correspondientes a La Janda) pertenece a Complejo Agrícola Las Lomas, S.L., presidida por José Ramón Mora Figueroa. Los Mora-Figueroa, emparentada con los Domecq y con el exministro y excomisario europeo del PP Miguel Arias Cañete, son una de las familias más ricas de Andalucía, y explotan estos terrenos desde la desecación.

Fangueo de arrozal en La Janda

Lo previsible es que los terratenientes esgriman el informe firmado en octubre de 2023 por el director general de Patrimonio de la Junta de Andalucía, Joaquín Gallardo, que tras años pasándose la pelota con la Administración General, les dio la razón: llegó a la conclusión de que no existe un “dominio público hidráulico” que se oponga a los títulos de propiedad privada, que se remontan a las concesiones firmadas por Franco en 1946. En su día, Las Lomas expuso a este medio que las órdenes ministeriales, los decretos que permitieron la desecación de las antiguas lagunas y las inscripciones registrales avalan sus derechos.

Sin embargo, el mismo informe que puso fin al expediente de investigación de la Junta de Andalucía contiene un último párrafo que deja la puerta abierta a todo: concluye que, como el dominio público es de titularidad estatal, la administración autonómica no puede decir que no exista, pues la Administración General del Estado es la “única competente para definir y delimitar su propio patrimonio”, ya sea mediante expedientes administrativos o acudiendo a la jurisdicción civil.

En su momento, la Abogacía del Estado expuso que la laguna nunca perdió su condición de dominio público, lo que la convierte en inembargable, inalienable e imprescriptible. Sin embargo, advirtió de que la pasividad del Estado podría tener un coste: “La actividad legislativa y administrativa ha generado situaciones jurídicas y derechos de particulares opuestos o contrarios a la naturaleza demanial de los terrenos (…) Será preciso determinar las consecuencias jurídicas y el coste económico, social y político de revertir esta situación”.