La Generalitat pide que el testaferro del exconseller del PP Rafael Blasco pague 4,6 millones por el saqueo de la Cooperación

El saqueo de los fondos de la Cooperación durante el Gobierno del expresidente Francisco Camps aún colea en los tribunales. Cinco de los principales condenados de las piezas separadas 2 y 3 del caso, entre ellos el testaferro del exconseller popular Rafael Blasco, están citados este jueves ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia para una vista sobre el pago de la responsabilidad civil. Como testigo, declara el interventor cuyo informe fue clave para la investigación de la causa y las condenas. La Abogacía de la Generalitat, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, pide que se le endose al empresario Augusto César Tauroni un total de 4,6 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

Se trata de una vista llamativa, cuyo señalamiento coincide además con la huelga de jueces. La sentencia, dictada por la sección quinta de la Audiencia de Valencia en 2020, consideraba que no se podía determinar la cuantía de la responsabilidad civil, al constar procesos contables abiertos y algunos terminados y carecer de un informe pericial del Tribunal de Cuentas.

El órgano de fiscalización de las cuentas públicas estableció un importe total en concepto de responsabilidad civil de cinco millones de euros, además de 2,1 millones en intereses.

El empresario César Augusto Tauroni fue condenado a seis años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y a nueve meses por cohecho. Fue, según la sentencia, quien creó la Fundación Hemisferio y el entramado paralelo, con empresas en España y en Estados Unidos, para el desvío de los fondos de la Cooperación.

Restando las cantidades abonadas en el marco de las conformidades que se alcanzaron en la causa, la Abogacía le responsabiliza de 4,6 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. A su hermano Arturo Tauroni, condenado a un año y medio de prisión por malversación, se le adjudica la misma cifra de responsabilidad civil. Daba instrucciones, según la sentencia, a las empresas de la trama de cómo debían facturar.

Por otro lado, a Rafael Barrera Cuquerella, condenado a dos años de prisión por dos delitos de fraude de subvenciones, se le responsabiliza de 1,5 millones de euros. Se trata del presidente de Fudersa, una de las principales entidades de la trama corrupta que canalizaba las subvenciones públicas. Del 1,7 millones que obtuvo Fudersa, solo 186.078 euros llegaron a los proyectos de cooperación.

Las sociedades instrumentales de la trama

Félix Sanz Pardo, condenado a un año y medio de prisión por malversación, debería asumir un importe de 45.382 euros (la cantidad que recibió la empresa que administraba), según la Abogacía.

Por su parte, José Luis Mezquita Alcañiz fue condenado a cinco años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación de fondos públicos en concurso ideal con un delito de falsedad en documento mercantil. Mezquita constituyó algunas empresas para desviar fondos de las subvenciones a Augusto César Tauroni.

En las sociedades instrumentales aparecían tanto Félix Sanz como Miguel Ángel Climent, considerados meros testaferros de José Luis Mezquita. Las mercantiles, a modo de pantalla, recibían ingresos de empresas del entorno de Tauroni para luego transferirlos a éste último.

La Abogacía de la Generalitat pide que la responsabilidad civil de Mezquita sea equivalente al flujo de fondos que movió para la trama y la cifra, tras restar las cuantías abonadas en el marco de las conformidades, en un total de 552.343 euros.