La amnistía de PP y Vox en Mallorca que amenaza una sierra Patrimonio de la Humanidad y la convierte en el caramelo de megarricos

La Serra de Tramuntana, el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO, vuelve a situarse en el epicentro de la presión urbanística. El Govern de Marga Prohens (PP) prepara con Vox una enmienda a su decreto de vivienda con el objetivo de legalizar centenares de edificaciones construidas en suelo rústico, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la cordillera. Lo que el Ejecutivo defiende como una solución a la actual emergencia habitacional, ecologistas y vecinos lo interpretan como una amnistía que, lejos de atender a las necesidades básicas de la población, pondrá en riesgo el reconocimiento otorgado por Naciones Unidas y provocará que grandes inversores reconviertan las edificaciones en mansiones de lujo, hoteles y otro tipo de negocios.

“El mensaje que se transmite es: ‘Da igual si no cumples la ley, nosotros te lo arreglamos’. Y este es un mensaje terrorífico para la Serra de Tramuntana”, afirma el geógrafo Jaume Mateu, quien participó directamente en el impulso de la zona como Patrimonio Mundial. En declaraciones a elDiario.es, Mateu, autor de numerosas investigaciones sobre patrimonio y protección del territorio, asevera que la regularización de viviendas que debían ser demolidas en virtud de su situación irregular revalorizará su coste y conllevará su introducción en el mercado inmobiliario de la Tramuntana. Un territorio emblemático que, alega, “ya padece una gran presión inmobiliaria”.

Las dimensiones de la amnistía urbanística ha llevado a la plataforma ‘Aturem la macrourbanització a ciutat’ -‘Frenemos la macrourbanización en Palma- a convocar el próximo lunes una concentración frente al Parlament balear, cuando podría aprobarse la ley objeto de enmienda de PP y Vox. “En nombre de una emergencia habitacional que sólo se emplea como excusa se pretende aprobar una ley a escondidas, por encima de nuestro derecho a opinar, de espaldas a la participación y a la búsqueda de consensos que tendría que caracterizar cualquier sociedad democrática”, subrayan desde la entidad.

En los últimos años, el entorno de la Serra se ha convertido en un objeto codiciado por grupos de inversión y ciudadanos extranjeros de elevado poder adquisitivo que han ido haciéndose con varias de las fincas ubicadas en la zona. Unos, para convertirlas en una de sus múltiples y lujosas residencias, otros, para sacar el máximo provecho al espacio que ocupan y rentabilizarlas con su reconversión en todo tipo de negocios. La privatización del lugar en el que se encuentran, con el cierre de caminos y otras áreas públicas, y la segregación social son tan solo algunas de las múltiples consecuencias derivadas de ello.

Son Simonet, una de las mansiones ubicadas en plena Serra de Tramuntana

Una polémica enmienda

Ahora, la pretensión de PP y Vox pasa por llevar a cabo una regularización extraordinaria de las viviendas que se encuentren en suelo protegido, siempre que su construcción fuese acometida antes de 1991, año en que fue aprobada la ley de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de Balears. El Ejecutivo de Prohens justifica la legalización de las edificaciones cuya infracción haya prescrito como una herramienta para tratar de dar solución a la grave situación que atraviesan las islas en materia de vivienda. Los grupos de la oposición y los ecologistas consideran, sin embargo, que la regularización de estos inmuebles no llegará a alcanzar a las familias trabajadoras.

En concreto, fue la formación de extrema derecha la impulsora de la enmienda, pactada a su vez con los populares, que será presentada al decreto de vivienda validado con el voto de ambos socios de investidura y cuya ampliación se encuentra en estos momentos en tramitación parlamentaria. Una normativa que inicialmente se planteó como medida para liberalizar suelo y construir 20.000 viviendas en Palma y que, ante las presiones de los de Santiago Abascal, se extenderá a los 24 municipios del archipiélago que cuentan con más de 10.000 habitantes –en 13 de ellos, con más de 20.000 residentes, se podrá recalificar, además, suelo rústico para llevar a cabo más edificaciones–.

También por exigencia de los de Bambú, el decreto permitirá construir en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable “siempre y cuando los ayuntamientos lo justifiquen”, tal como se prestó a aclarar el portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras.

Vista general del Puig del Castell d’Alaró y el Puig s’Alcadena, ambos en el paraje natural de la Serra de Tramuntana

El reconocimiento de la UNESCO

Tanto uno como otro partido quieren ahora aplicar estas mismas reglas a la Serra de Tramuntana, que en 1972 fue declarada paraje pintoresco y, en 1985, Bien de Interés Cultural (BIC) al amparo de la ley estatal de patrimonio. Cuenta, además, con otras figuras de protección como la propia ley de espacios naturales de 1991, la ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (2005), y, con base en esta, el decreto de aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana (2007). También se encuentra preservada por la declaración de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y por el decreto de ampliación de la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (2006).

La UNESCO, por su parte, incluyó la Serra en su listado de Patrimonio Mundial al considerarla “una simbiosis casi perfecta entre la acción del ser humano y la naturaleza, legado de siglos en los que cultura, tradiciones y avances constructivos y técnicos han sabido convivir con la naturaleza y el paisaje”.

Mateu señala que, efectivamente, los plazos de los que disponían determinadas construcciones para demolerlas han prescrito. “Era una situación de statu quo. El propietario mantenía allí su vivienda, pero ni siquiera la podía poner en el mercado al tratarse de edificaciones en una situación urbanística no legal”, señala el geógrafo, quien subraya que, en el caso que plantean PP y Vox, lo que se hace es “darle dos vueltas, es decir, no solo se las dejan legalizar, sino que adquirirán un valor increíble y podrán volver a ponerse en el mercado inmobiliario, teniendo en cuenta, además, que los precios de la vivienda en la Serra son de los más altos de Mallorca”. “Evidentemente, esto no está pensado para familias que necesitan un hogar”, incide.

Esporles, localidad enclavada en la Serra de Tramuntana

Una ojeada al portal Idealista permite comprobar, de hecho, que el inmueble más caro de la Serra, ubicado en el municipio de Puigpunyent, se vende por 29,5 millones de euros. Con unas dimensiones de 1.480 metros, es, según el anuncio, la “encarnación de la elegancia y el refinamiento en la región de la Tramuntana”. “Es como una joya radiante”, reza el anuncio. La finca, de 200 años de antigüedad, cuenta con helipuerto para poder “aterrizar un helicóptero en la propiedad, garantizando el transporte más cómodo hacia y desde este refugio extraordinario”.

El caramelo de las grandes fortunas

Mientras tanto, en la localidad de Esporles se concentra buena parte de las propiedades más lujosas de la Serra. Una de ellas es la de Son Simonet, cuya peculiaridad radica en que, durante varios años, fue propiedad y base de operaciones del empresario colombiano Andrés Piedrahita, considerado el intermediario en España de Bernie Madoff, símbolo del crack financiero de 2008 y quien, desde 2009 hasta su fallecimiento en 2021, cumplía una condena de 150 años de prisión por haber cometido un fraude multimillonario mediante una estafa piramidal. La finca salió a la venta hace varios meses por 26 millones de euros.

En el Ajuntament de este núcleo de 5.200 habitantes, su alcalde, Josep Ferrà, atiende en su despacho a elDiario.es. El primer edil, de Més per Mallorca, asevera que la intención de PP y Vox de legalizar las viviendas en situación irregular de la Serra es algo que “nunca nadie se había atrevido a hacer, ni siquiera el PP más agresivo de Jaume Matas y José Ramón Bauzá”. “Desde entonces se han llevado a cabo distintas amnistías, pero nunca como esta para regularizar las viviendas ilegales en rústico construidas antes de 1991 y, por tanto, de la aprobación de la ley de espacios naturales”. En esta línea, el ecosoberanista considera “evidente” que se trata de “una imposición de Vox y que no es una medida del PP”.

Josep Ferrà (Més per Mallorca), alcalde de Esporles: «Ni el PP más agresivo de Jaume Matas y José Ramón Bauzá se había atrevido a tanto»

Con ello, afirma que con esta medida y otras similares “se está trasladando un mal mensaje a la ciudadanía, que es el que más cala y el que transmite que aquí vale todo porque siempre alguien llegará y te lo arreglará. Y, evidentemente, esto nos hace cuestionar incluso el sistema democrático que tenemos ahora, en el que todo lo protegido se puede desproteger y en el que todo lo ilegal se puede legalizar”. En este contexto, lamenta que las políticas proteccionistas “siempre pierden”: “En la actualidad no hay absolutamente ningún espacio natural que a día de hoy del que se pueda decir que quedará blindado para siempre. Ni uno. Y revertir situaciones como esta no es fácil, porque cuando una edificación ya está construida, es imposible que la administración tenga herramientas para borrarlas del mapa”.

Un mensaje “terrible” a la UNESCO

El geógrafo lamenta que, por otro lado, también se traslade el mensaje de que “todo está en venta”: “Otra vez estamos poniendo el territorio al servicio del mercado inmobiliario”. Asimismo, teme que si populares y extrema derecha extienden finalmente su amnistía a la Serra de Tramuntana, se ponga en riesgo la propia declaración de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Sobre la posibilidad de que el organismo internacional retire su reconocimiento, Mateu explica que el espacio en cuestión pasa a incluirse en la lista de patrimonio mundial en riesgo, lo que lleva a la UNESCO, además, a reclamar al Estado miembro que tome medidas para evitar ese peligro y retornar la zona a su situación original.

Hasta el momento, el organismo ha retirado de su lista tres espacios que han dejado de cumplir con los criterios de conservación, autenticidad o integridad requeridos. Uno de ellos es el Santuario del Órix Árabe, en Omán, suprimido en 2007 después de que el Gobierno redujera en un 90% su superficie para explotar yacimientos de petróleo, provocando con ello que la cantidad de órix prácticamente desapareciera y perdiéndose así el valor natural que justificaba su protección. Por su parte, el Valle del Elba, en Dresde (Alemania), fue eliminado en 2009 a raíz de la construcción de un puente que atravesaba su paisaje cultural, considerado único por sus vistas y su armonía con la arquitectura de la ciudad. La infraestructura acabó fragmentando el valle, dañando de forma irreversible el valor universal que había llevado a su reconocimiento.

También ha sido retirada del listado la ciudad marítima y mercantil de Liverpool (Reino Unido), en su caso en 2021, debido a los grandes proyectos urbanísticos que se impulsaron en la zona, como nuevos edificios en altura y un estadio de fútbol, que alteraron la integridad del puerto histórico y su paisaje industrial y borrando el carácter que la hacía especial. Además, en 2017 se produjo un caso de exclusión parcial: la Catedral de Bagrati (Georgia) fue retirada en 2017 del conjunto declarado Patrimonio Mundial junto al Monasterio de Gelati debido a las restauraciones llevadas a cabo en el lugar que alteraron de forma irreversible su autenticidad. Con todo, el monasterio se mantiene protegido.

Vistas de Deià, otro de los pueblos emblemáticos situados en la Serra de Tramuntana

“El compromiso era conservar la Serra con las figuras de protección de las que disponíamos. Pero si ahora estas figuras se quedan en papel mojado y cualquier persona que haya incumplido estas normas acaba viéndose beneficiada, el mensaje que damos a la UNESCO es terrible”, sentencia Mateu.

En esta misma línea, Macià Blàzquez, catedrático de Geografía en la Universitat de les Illes Balears (UIB) e investigador de materias relacionadas con el capitalismo, el turismo y su conexión con los grandes poderes económicos, así como del impacto que esta actividad global causa sobre el territorio y la conservación del medio ambiente, sostiene que las personas que “no han hecho las cosas conforme a la ley ahora tienen un premio, lo que puede suponer que mucha gente vuelva a actuar al margen de la ley con la esperanza de que en unos años se regularice su actuación. La disciplina urbanística vuelve a estar penalizada”, lamenta.

Al respecto, el investigador considera que, con esta medida, “se desacralizará el temor” a actuar al margen de la normativa. “Se están cargando el planeamiento y se están alzando todas las limitaciones, poniendo una ventanilla única: ‘Vayan ustedes pasando y vayan ustedes pidiendo’”. Respecto al uso que se les daría a las viviendas que se legalizasen, ve claro que estas se revalorizarían y saldrían al mercado: “Ahora, si tú eres un extranjero con mucha pasta y llegas aquí y ves un chalet, te dicen: ‘Puedes comprarlo, pero no tiene todos los papeles en regla ni se puede conseguir la licencia de habitabilidad’. Entonces te echas atrás. En cambio, si les arreglas todos los papeles, el precio se multiplica”.

El Govern defiende la regularización “por justicia”

Desde el Govern alegan, sin embargo, que hay que tener presentes varias fechas a la hora de hablar de las viviendas que podrán regularizarse, y aseveran que la mayor parte de edificaciones que se encuentran fuera de ordenación podrán legalizarse si son anteriores a 1999, año en el que fueron creadas las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), que serían las predominantes en la Serra. Consultadas por elDiario.es, fuentes de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación señalan que, en caso de que la vivienda esté situada en Áreas Rurales de Interés Paisajístico Boscoso, la fecha se atrasaría hasta 2005, mientras que en el caso de las Áreas Naturales de Especial Interés de Alto Nivel de Protección, como es el caso del parque natural de s’Albufera, la construcción podría regularizarse si es de antes de 1991.

Preguntado al respecto, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, defendió el pasado 24 de junio la legalización de edificaciones en la Serra cuya infracción haya prescrito por una cuestión de “justicia”, remarcando que no se construirá “ni un palmo más”. “Desmiento que prescriban las infracciones urbanísticas en la Serra en ocho años, es sencillamente mentira”, aseguró ante las críticas recibidas en este sentido. El también conseller de Economía aclaró que una zona ANEI en la Tramuntana “será legalizable en los mismos términos que un ANEI en cualquier otro lugar de Mallorca”.

Desde el PSIB-PSOE, por su parte, están movilizando a los regidores de numerosos municipios para “salvar la Serra de Tramuntana” de los “ataques especuladores” del Govern de Marga Prohens y el “silencio” del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, del mismo partido, el PP. A su juicio, se trata de una “barbaridad urbanística” de la que será responsable la presidenta del Ejecutivo autonómico por autorizar las legalizaciones de edificaciones y usos ilegales dentro de la mayor zona protegida de Balears.

La Serra de Tramuntana ya ha sido objeto de múltiples conflictos urbanísticos. Durante años, la lucha contra los chalets ilegales en suelo rústico ha marcado la acción de los gobiernos progresistas, con demoliciones de construcciones y la imposición de multas. Sin embargo, con la llegada del PP al Govern, acompañado del empuje de Vox en el Parlament, la política territorial ha virado hacia una flexibilización de normativas, como la ampliación de construcciones en suelo rústico o la reducción de restricciones para segundas residencias en áreas rurales.

En este contexto, la nueva iniciativa podría reabrir un profundo debate social en Balears sobre el futuro de la Serra de Tramuntana. Para PP y Vox, la medida responde a una demanda de parte de la población que reclama regularizar su situación urbanística. Para las entidades ecologistas y colectivos sociales supone un paso atrás en la protección de uno de los mayores tesoros naturales de Mallorca y en la lucha contra el cambio climático en una de las regiones más vulnerables de Europa.