La mayor operación inmobiliaria en Zaragoza en años deja a cientos de vecinos entre el temor y la expectativa

La mayor operación inmobiliaria en Zaragoza en años deja a cientos de vecinos entre el temor y la expectativa

Un grupo inversor compra las 323 viviendas del complejo Aloy Sala, en Tenerías. Propietarios e inquilinos muestran su preocupación, aunque la primera reunión con los compradores ha sido positiva: «Nos transmitieron buenas sensaciones»

Entre colchones y abandono: el grito del Parque Bruil ante “la falta de soluciones habitacionales” en Zaragoza

“Nos han comprado el barrio entero, y con la gente dentro”. La mayor operación inmobiliaria registrada en Zaragoza en años ha dejado a los cientos de vecinos que habitan en el complejo Aloy Sala, en el barrio de Tenerías, sumidos entre la incertidumbre y la expectativa. Un grupo inversor liderado por la firma zaragozana By Venezia acaba de adquirir las 323 viviendas del antiguo grupo sindical por 22 millones de euros con el objetivo de reformar los bloques y promover “alquileres asequibles”. Entre los vecinos cunde la inquietud, especialmente entre los inquilinos, muchos de ellos de renta antigua. Sin embargo, ya ha habido una reunión con los compradores y la primera impresión es positiva: “Nos transmitieron buenas sensaciones”.

El conjunto urbano Aloy Sala se desarrolló en los años cincuenta y recibe su nombre de uno de los dos promotores del barrio, compuesto en total por unas 700 ‘viviendas de renta limitada’ y locales comerciales. La propietaria hasta ahora era Edificios Miraflores SA, con la que la convivencia vecinal no ha sido sencilla y que en estos años, ante las sucesivas crisis, ha ido traspasando viviendas. Aparte de los ya casi endémicos problemas de sinhogarismo que hay en la zona, dos acontecimientos han jalonado los últimos tiempos del vecindario: el proyecto financiado con fondos europeos MRR para rehabilitar 56 de estas viviendas y el anuncio de que la empresa armamentística Instalaza y el Ayuntamiento negocian la recalificación del suelo que ahora ocupa esta empresa.

La noticia de la operación -conocida a mitad de junio y rubricada el último día del mes- ha generado incertidumbre en la zona. “Oíamos rumores de que estaba en venta, pero no lo sabíamos”, señala Mari Paz Claveras, propietaria y miembro de la Asociación Parque Bruil – San Agustín. “A la última reunión de vecinos ya no vino Miraflores y eso nos extrañó”, añade a su lado Héctor Jimeno, hijo de un propietario.

Solo ellos, los que tienen los pisos en propiedad, aceptan hablar. “Los inquilinos no quieren, tienen miedo. Hay más de una veintena de contratos de renta antigua, con gente muy mayor que lleva aquí toda la vida, algunos con cien años de edad. Tememos que los acaben echando”, advierte Claveras.

En torno a un tercio de los 323 pisos del complejo –a los que hay que sumar 130 locales y semisótanos– están vacíos, muchos de ellos con chapas antiokupas en las puertas de entrada. La idea de los inversores, tal y como apuntan fuentes de By Venezia a este diario, es empezar por la rehabilitación de las viviendas sin inquilinos, un proceso que se prolongará entre cuatro y siete años. Después acometerán la reforma del resto, en una actuación que se prevé financiar con los propios arrendamientos. “Nuestro proyecto es impulsar el alquiler residencial asequible con creación de valor. Reutilizamos lo que ya existe para mejorar la oferta e intentar revitalizar la vida del barrio”, añaden las mismas fuentes.

Revalorización

“Al venderse el suelo de Instalaza nos dimos cuenta de que la zona se iba a revalorizar”, apunta Ana María Campamelós, una vecina que también pone el acento en la situación en que se quedan las personas que están alquiladas.

La relación con Miraflores, en todo caso, tampoco era idílica. “Los inquilinos de 390 euros eran también de renta antigua, gente mayor que en su día habló con el propietario para cambiar a pisos más bajos, ya que no hay ascensor: aprovecharon la situación y les modificaron los contratos. Y encima prorrogables año a año. Esto ha sido siempre la ciudad sin ley, la gente ha tenido de verdad miedo”, resume Claveras.

“Tememos que promuevan pisos turísticos, que traten de hacer la convivencia imposible o que suban los alquileres para expulsar a los inquilinos, gente trabajadora de toda la vida. Para los compradores es un chollo, estás casi en el centro de Zaragoza y encima junto al proyecto de Instalaza”, cuenta Jimeno.


Algunos de los bloques de viviendas del complejo Aloy Sala que han sido adquiridos.

Pese a los temores, Claveras, como miembro de la Asociación Parque Bruil San Agustín, reconoce que la predisposición de By Venezia es buena. De hecho, los vecinos planeaban pedirles una reunión y fue el propio grupo inversor el que se adelantó y les solicitó el encuentro informativo, que se celebró el jueves en la sede de la Asociación. “Nos transmitieron buenas sensaciones –reconoce Claveras–. Dicen que van a mantener las rentas antiguas y que con los alquileres de 390 euros mirarán caso por caso. Su idea es mejorar la calidad de vida en el barrio”.

Claveras precisa, eso sí, que se trata de “palabras” y que ahora tienen que traducirse en “hechos”. “Vamos a estar muy encima”, advierte Héctor Jimeno.

Desde el Ayuntamiento constatan también la buena predisposición mostrada por los inversores. Fuentes de Urbanismo apuntan que la gerente de Zaragoza Vivienda, Lorena Reula, solicitó una reunión con By Venezia para interesarse por el proyecto. “Se quedó satisfecha”, señalan estas fuentes, que se congratularon de la intención de los compradores por seguir en el programa Alquila Zaragoza (ALZA), de alquiler social municipal. “Es una zona que nos preocupa, que se ha degradado mucho, y esta iniciativa puede servir para regenerar la zona”, indican también desde Urbanismo.

“Inquietud” de la FABZ

En la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Asociación de Vecinos Parque Bruil – San Agustín, junto con el Colectivo Bruil–Aloy Sala-Tenerías, muestran sin embargo su “inquietud” por una operación inmobiliaria llevada a cabo “sin transparencia y sin aportar datos claros”. “Las entidades públicas implicadas en esta operación no han ofrecido ningún tipo de información sobre esta operación privada que podría tener consecuencias gravísimas para la continuidad del tejido vecinal del barrio”, critican.

Subir el alquiler de 390 euros a 600 es, según la FABZ, una “expulsión encubierta” para muchos de los inquilinos. “Y todo ello –añade la Federación de Barrios–, si no con la complicidad, sí al menos con el consentimiento de las instituciones que deberían haber velado por el bienestar de los vecinos”.

Días atrás, Zaragoza en Común criticó abiertamente al equipo de gobierno del PP por no adelantarse al grupo inversor y aprovechar una “oportunidad única” de aumentar el parque público de vivienda. “Una vez más, se demuestra que en materia de vivienda el Gobierno municipal no defiende el derecho a la vivienda, sino que promueve la especulación y contribuye activamente a agravar la crisis habitacional que sufre Zaragoza”, lamentó el concejal Suso Domínguez.

“Siempre vamos caso por caso”

En By Venezia aseguran estar un poco desbordados por la repercusión mediática de la operación y niegan que se vaya a producir el fuerte aumento en el precio que apuntaba la FABZ. “Esta es una operación compleja y queremos ir con cuidado. Somos un grupo que trabaja con alquileres asequibles. Buscamos una rentabilidad, pero haciendo las cosas de forma correcta. Siempre vamos caso por caso, y no siempre nos ha salido bien, porque hay buenos y malos inquilinos, como hay buenos y malos propietarios”, señalan desde la compañía.

En estos momentos, los 323 inmuebles tienen cuatro tipo de alquileres: los de renta antigua –“los tenemos que respetar”, dejan claro–; los gestionados con el Gobierno de Aragón, para los que piden que haya un “seguimiento que ahora no se da”; los del programa municipal ALZA, que “funcionan bien”, con un precio “un 20% o un 25% por debajo del mercado, según el Ayuntamiento”, y finalmente los contratos libres. Estos últimos son los que el grupo inversor va a situar en una horquilla de entre 580 y 600 euros, “en línea con lo que marca ALZA”.

La firma se produjo este lunes y los nuevos propietarios ya han comenzado con la limpieza y la adecuación de los locales y los semisótanos, en los que se había acumulado mucha basura. A partir de septiembre empezará la reforma de las viviendas vacías, para después sacarlos al mercado de alquiler con esos mismos precios.