¿Tiene sentido la existencia de universidades privadas?

Hace unos días participaba en el programa de televisión de Antena 3, “Espejo Público”, donde la presentadora, Susana Griso, me preguntaba si estaba de acuerdo con las críticas a las universidades privadas del gobierno. Le contestaba que estaba de acuerdo, al menos, por tres razones.

La primera porque la Educación Superior no puede ser un negocio. Sea como negocio ideológico (universidades creadas, por ejemplo, por instituciones religiosas que buscan formar en su propia ideología), ni como negocio económico (universidades creadas por empresas o fondos de capital riesgo que priman los beneficios económicos). La Educación Superior, como la educación en general, es un derecho humano.

Su organización, por tanto, no puede diseñarse desde una concepción de negocio, de obtención de beneficio económico o ideológico. Al igual que los conciertos educativos en el nivel de educación no universitaria, concebidos desde la finalidad ideológica (el 63% están en manos de instituciones religiosas) o del beneficio económico, y que, de hecho, se han convertido no solo en el mayor factor institucionalizado de segregación educativa y social de este país sino en el caldo de cultivo de la nueva generación de extrema derecha y de derecha extrema.

En definitiva, seguir admitiendo la existencia de las universidades privadas supone asumir que el capitalismo, el lucro, la usura y la extracción de beneficio pueden regir la ciencia, el conocimiento y la formación en la educación superior. O que la ideología religiosa e incluso la ultrarreaccionaria (como la universidad católica de Murcia) sea la que establezca la finalidad de la formación y la investigación en la educación superior. Ambos intereses contradicen frontalmente el sentido básico de la Educación Superior como derecho, como espacio de formación científica crítica y como generación de conocimiento y ciencia en función del bien común. Es más, el interés económico e ideológico de lo privado está modificando la finalidad y el sentido esencial de la Educación Superior.

En segundo lugar, porque las “universidades chiringuitos”, como las ha denominado el gobierno, han destruido el supuesto “ascensor social” que se le atribuía habitualmente a la Educación Superior. Al margen de que sea muy cuestionable la realidad de ese “ascensor social” pues los hijos de clase obrera mayoritariamente acaban siendo clase obrera, y siendo conscientes de que el mito del “ascensor social” no pone en cuestión la meritocracia, manteniendo la jerarquía de un arriba y un abajo.

Pero lo cierto es que esos “chiringuitos” privados han quebrado aún más la posibilidad de acceso a la Educación Superior en igualdad de oportunidades y la posibilidad de concluir su formación con una cierta justicia de resultados. Mientras, por ejemplo, en Medicina unos tienen que sacar unas notas muy altas en selectividad y sacrificarse durante todo el bachillerato, y a pesar de ello sus familias ven cómo su hija o su hijo se ha quedado a las puertas y no puede hacer la carrera de medicina que siempre soñó en la Universidad pública; otros, que tienen dos puntos menos en la EBAU o han sacado un cinco, pero sus familias pueden pagar de 17.000 a 23.000 euros en una “universidad privada” y hacer la carrera de medicina, con clases privadas si es necesario y prácticas en centros privados. Esos “chiringuitos” que se han convertido en expendedores de títulos a coste de oro, especialmente de máster online, un negocio en alza.

En tercer lugar, porque las universidades son instituciones cuyas tres funciones esenciales son: la enseñanza, la investigación y la transferencia de su conocimiento al servicio a la sociedad. Esto sólo puede realizarse a través de universidades públicas cuyo objetivo sea el bien común, no el negocio ni los beneficios.

Si lo que se establece como motivo de la creación de una universidad es el negocio su función estará siempre al servicio de que ese negocio reporte beneficio a su dueño. Su prioridad será, por tanto, conseguir dividendos para sus accionistas que son quienes financian la empresa, su gestión será como una empresa, su contratación de profesorado será lo más barata y más económica posible precarizando sus condiciones laborales, la investigación que no sea rentable económicamente será prácticamente nula, su transferencia se centrará de igual forma en aquello que sea rentable económicamente, no en función del beneficio social, su formación se adecuará a la ideología y los intereses de los accionistas, es decir de corte neoliberal, capitalista, e incluso ultrarreaccionaria como hemos visto, etc.

Por eso, como sociedad, como comunidad científica, como política pública orientada a construir una ciencia al servicio del bien común, no podemos convertir la educación superior en una mercancía y la universidad en una industria del conocimiento, como argumenté en el programa “Espejo Público”, que se viralizó en las redes sociales. La ciencia, el conocimiento, la sabiduría, la formación universitaria no puede convertirse en un negocio. Si lo hacemos habremos fracasado como sociedad y como humanidad.

Debemos defender una Educación Superior pública, que luche contra la lógica del mercado. Una Educación Superior que reafirme la prioridad absoluta de los seres humanos sobre la rentabilidad económica. Una Educación Superior que integre los distintos ámbitos del saber. Que ayude a nuestros jóvenes a desarrollar el espíritu crítico y aprovechar los logros científicos, sociales y políticos más brillantes de las pasadas generaciones. Una Educación Superior que promueva valores de paz, solidaridad y cooperación armoniosa entre los países y las personas. Una Educación Superior que tenga como objetivo el desarrollo de la libertad de pensamiento, la creatividad, la emancipación individual y la transformación social. En definitiva, una Educación Superior que ofrezca a toda la ciudadanía saberes fundamentales, ciencia al servicio del bien común, así como la oportunidad de familiarizarse con las formas más elaboradas de un conocimiento que les ayude a desarrollarse como personas y contribuir a construir una sociedad y un mundo más justo, mejor y más solidario. Y esto solo lo garantiza una Educación Superior Pública.