Tres empresarios niegan en el Supremo haber pagado mordidas a Ábalos y Koldo García
El juez Leopoldo Puente toma declaración como investigados a constructores vinculados a Levantina y OCR, empresas bajo sospecha por presuntamente haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones de Transportes
La impunidad de los corruptores: el desafío de juzgar a quienes pagan sobornos
Tres empresarios que fueron adjudicatarios de obra pública del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos han negado este viernes ante el juez Leopoldo Puente el pago de mordidas a cambio de esos contratos, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. Se trata de José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción, y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR). Tras sus comparecencias como investigados, el fiscal jefe Anticorrupción, ha solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado para Ruz. En el caso de los otros dos, la petición de medidas cautelares se limita a las comparecencias quincenales en sede judicial. El juez Leopoldo Puente tomará una decisión en las próximas horas.
El juez Puente señala a Ruz como “un elemento común a los principales investigados” en la trama que supuestamente anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. Ruz declaró el pasado febrero en el Supremo por sus vínculos con el supuesto conseguidor, el empresario Víctor de Aldama. Entonces, negó cualquier implicación en irregularidades pero admitió que recurrió a él para cobrar una deuda.
La UCO identifica tres obras adjudicadas a Levantina sobre las que hay “indicios de irregularidad en su tramitación”. Se trata de infraestructuras en Asturias, Teruel y la Autovía del Camino de Santiago adjudicadas a esta constructora por un valor total de 78,8 millones. La Guardia Civil también sostiene que Ruz habría dado dinero en efectivo a Aldama para que posteriormente lo repartiera entre Koldo García y Ábalos. En concreto, alude a un pago efectuado en agosto de 2019 por el constructor al empresario de 50.000 euros que vincula a la obra de la Autovía del Camino de Santiago.
Este viernes también estaban citados como investigados los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR), que está bajo sospecha por presuntamente haber pagado mordidas a cambio de al menos tres adjudicaciones del Ministerio de Transportes. Ambos son cuñados de Fernando Merino, el contacto de la trama en la constructora Acciona y que está citado para el próximo lunes.
La Guardia Civil halló en la casa de Antonio Fernández Menéndez un “esquema manuscrito temporal en el que figura el nombre de Ábalos”. Los agentes también se incautaron de dos teléfonos móviles, una tablet, un ordenador y numerosa documentación relativa a expedientes de obras vinculados a la mercantil Obras Públicas y Regadíos. Entre ellos, listados con el dinero adeudado, varios listados con “adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR”, extractos de pagos o el “borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructuras”, entre otros efectos.
