Yolanda Díaz se compromete en nombre del Gobierno a tramitar el indulto de ‘Las Seis de la Suiza’

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mostrado públicamente este viernes su apoyo a las sindicalistas conocidas como “Las seis de La Suiza”, con las que se ha reunido en Oviedo, y a las que transmitido su compromiso de tramitar su indulto para evitar su inminente ingreso en prisión. Las seis sindicalistas están pendientes de cumplir una condena de tres años y medio de cárcel por sendos delitos de coacciones graves y contra la administración de justicia.

Yolanda Díaz ha asegurado que la sentencia es “un escándalo” y que su presencia en Asturias responde a la importancia de transmitir a todos los asturianos y españoles que deben luchar por la defensa de sus derechos laborales.

El indulto es la vía que les falta a “las Seis de la Suiza” para impedir la ejecución de la sentencia. El Gobierno central se sumaría así al apoyo del Gobierno de Asturias, anunciado a esta medida de gracia que les insufla un balón de oxigeno al sindicalismo.

El Ejecutivo autonómico ha justificado su decisión por razones de carácter “humanitario y personal” y basándose en que las condenadas han demostrado una “plena integración social, laboral y familiar”, carecen de antecedentes penales previos y han mantenido una “conducta ejemplar” desde que los hechos fueron juzgados.

El Gobierno asturiano también entiende que la prolongación del proceso judicial durante más de ocho años “ha supuesto ya un severo castigo psicológico y social, que excede el daño causado y justifica la aplicación de una medida de gracia”.

El respaldo público del Ejecutivo regional se producía apenas cuatro días después de que la Federación Socialista Asturiana (FSA) se sumara a las numerosas peticiones de indulto que se están registrando desde que se tuvo conocimiento de que no habían prosperado las peticiones de las defensas para evitar la ejecución de la sentencia condenatoria.

La FSA-PSOE considera que la aplicación de esta medida de gracia permitiría evitar “el innegable impacto que la aplicación de esta sentencia tendría sobre el proyecto personal y vital de las seis personas afectadas”.

Representantes sindicales, asociaciones y comités de empresa de varios sectores, además de numerosos colectivos sociales se han ido solidarizando, a través de comunicados, concentraciones y manifestacionespara tratar de evitar su ingreso en prisión.

Uno de los últimos apoyos públicos procedentes de representantes políticos nacionales fue el de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien se desplazó a Asturias para participar en una manifestación en Gijón/Xixón a favor de las seis sindicalistas condenadas.

Ione Belarra no dejó únicamente su testimonio gráfico, sino que quiso hacerlo público con declaraciones a los medios de comunicación donde aseguró que “las seis de la Suiza” representan “lo mejor de nuestro país” y su condena es “uno de los mayores atentados a la democracia” de España de “los últimos años”, al ver cómo “se criminaliza con dureza el puro sindicalismo”.

“Estas personas son lo mejor de nuestra sociedad. Son la punta de lanza que hace avanzar nuestros derechos y vamos a estar respaldándolas. No pueden entrar en prisión personas que lo único que están haciendo es ejercer sus derechos laborales”, ha apuntado tras sostener que el juez de este caso ha dictado “polémicas sentencias desde los años 80 del siglo pasado contra el sindicalismo”.

Belarra ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que “se deje de maquillaje” y “levante el teléfono” para pedir al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que, en caso de entrar en prisión, se dicte un indulto “a la mayor brevedad”.

Las seis sindicalistas fueron condenadas a una pena de tres años y medio de cárcel por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la administración de justicia.

La seis sindicalistas fueron condenadas en 2021 por participar en las protestas convocadas frente a la Pastelería La Suiza, en Gijón, por el despido de una empleada.

En junio de 2024 el Tribunal Supremo confirmaba la condena de tres años y medio de prisión, y, a principios de este mes, el juzgado de lo penal número 1 de Gijón desestimaba la solicitud de las defensas y la Fiscalía para que se suspendiera la condena impuesta por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la administración de justicia, por lo que las condenadas deberán entrar en prisión en los próximos días.

La convocatoria en redes sociales

La sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Los condenados, según el relato de hechos, “incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión” hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.

Las medidas de protesta

Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue “la consecuencia directa de la presión, constante y reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados”.

La sentencia condenatoria ha tenido un largo recorrido judicial por distintas instancias. Los letrados defensores interpusieron inicialmente recursos ante la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El mismo signo político

A las condenadas les quedaban entonces a vía del recurso y el indulto. La primera no surtió el efecto esperado ya que el juez de lo Penal de Gijón Lino Rubio Mayo denegó la petición de las defensas para evitar que se ejecutara la condena a las seis sindicalistas. Por ello aún tienen pendiente la segunda opción: la medida de gracia.