La corrupción judicial

La corrupción no siempre tiene que ver con llevarse la plata a Dominicana. La corrupción se refiere en general al mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, normalmente para obtener beneficios que no siempre tienen que ser económicos. Cada corrupto busca lo que más desea. Cada uno se vende por lo que le falta. Esta semana hemos sabido que un magistrado corrupto contrabandeaba con informaciones que debería haber mantenido secretas con el objetivo no declarado, sino obvio, de trepar en su carrera.

Han resultado obscenos los mensajes filtrados por Ábalos o su entorno, en los que este se dirige al presidente del Gobierno para reenviarle otros recibidos del entonces presidente de la Audiencia Nacional, Jose Ramón Navarro, en los que literalmente le avanzaba con dos meses de antelación el resultado de un fallo, la absolución de Trapero, y el momento de su comunicación “a los efectos que procedan”, “para que lo manejéis”. La información fue claramente proporcionada con fines de estrategia política y se la da el presidente del tribunal al secretario de Organización del PSOE. Choca el tono obsceno y entregado y la persistencia. Tras ese mensaje del 15 de agosto anunciando sentencia para la segunda quincena de septiembre y para no perder el punto, Navarro vuelve a comunicar el día 30 de septiembre que la prensa ya lo tiene y puede publicarlo y, finalmente, el 20 de octubre Ábalos avisa que la notificación tendrá lugar al día siguiente. No dejemos de lado que durante esas fechas el PSOE mantenía negociaciones con los partidos nacionalistas catalanes.

En “La Justicia sometida”, un ensayo que publiqué hace diez años, ya explicaba que el deseo irrefrenable de tener a jueces afines-amigos en las distintas presidencias no tiene tanto que ver con que estos jueces vayan a torcer la mano para fallar lo que el poder político quiera —ese tipo de corrupción profunda es la más rara— sino de obtener ciertas ventajas aparentemente livianas, corruptelas, que permitan a los dirigentes operar con información privilegiada. Intentan obtener datos sobre las decisiones procesales, los plazos, el sentido de los fallos. De alguna manera los que se prestan se justifican a sí mismos pensando que ni afectan al contenido de las decisiones ni influyen en estas y que pecan poco. Pecan y delinquen. La revelación de secretos al poder político es una forma de corrupción nada liviana. Están dando a unas partes cierta ventaja y buscan beneficiarse con ello. Desde el poder lo han buscado todos y algunos me consta de forma directa: Esperanza Aguirre, Zaplana, Rubalcaba, el gobierno de Zapatero, no hay dirigente que no haya explorado esta vía, lo que no la hace menos reprobable.

Los presidentes de los tribunales no son en la mayor parte de los casos parte en estos procedimientos. De hecho, el presidente de la Audiencia Nacional careció de todo tipo de jurisdicción precisamente hasta las postrimerías del mandato de Navarro. Uno de los motivos era dejar a ese cargo las manos libres para relacionarse con el poder político y la coartada era la necesaria coordinación en materia antiterrorista entre el pilar judicial y el pilar policial y gubernamental de la lucha contra ETA. Esas circunstancias llevaron a que los presidentes de la Audiencia Nacional despacharan incluso directamente con los distintos presidentes del Gobierno. Así es como me han contado que Carlos Dívar, presidente conservador de la Audiencia, consiguió convertirse en un candidato cabal y ganarse la confianza de Rodríguez Zapatero para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo. Los presidentes no participan en los asuntos pero pueden sondear o indagar discretamente a sus magistrados mediante conversaciones informales o con la excusa de las necesidades materiales o de infraestructura del tribunal. El caso es que muchos magistrados se confían a ellos con buena fe o con mala, es lo mismo, y están así rompiendo el secreto de las deliberaciones del tribunal al que pertenecen.

Eso tuvo que pasar para que Navarro supiera qué iba a pasar con Trapero, puesto que el tribunal sentenciador estaba formado por Concepción Espejel, Francisco Vieira y Ramón Sáez. Uno de ellos al menos participó en una revelación de secretos sobre el resultado de sus deliberaciones. Ese extremo, junto al constatado de Navarro que lo ha reconocido, debe ser aclarado en sede judicial. No puede ser que este tráfico de información no tenga consecuencias, lo mismo que sucede en el caso del fiscal general del Estado. Ya se nos fue de rositas la “magistrada amiga”, también de la AN, que filtró que se estaban llevando a cabo escuchas por el Caso Lezo para que fuera advertido Ignacio González. A pesar de que un juzgado inició investigación por revelación de secretos, esta fue archivada “por no poder averiguar si fueron hechas por persona determinada”. De rositas, vaya.

Pues miren que en este caso de Navarro —por el que se han presentado ya denuncia, querella y se prepara otra— a lo mejor no es tan difícil actuar. En ese caso las deliberaciones se concluyeron la semana del 20 de julio de 2020 —de ahí que haya que actuar deprisa para interrumpir la próxima prescripción— y en ese momento se determinó la absolución de Trapero por mayoría (Sáez y Vieira) frente a Espejel, Querida Concha, que anunció voto particular, que resultó finalmente más largo que la sentencia. Entre ese momento y el día 15 de agosto alguno de los tres le comunicó a Navarro el sentido del fallo, pero, es más, le dio pistas sobre la fecha de comunicación para dos meses después. En la práctica la sentencia estuvo redactada mucho antes y pasó tiempo esperándose la llegada del voto particular para poder ser comunicada. ¿Quién sabía pues que no podría hacerse hasta finales de septiembre u octubre como sucedió? ¿Quién podía en efecto manejar los tiempos y quién los manejó? Este es un juego para iniciados, al que yo ya he jugado conmigo misma. Lo más probable es que quien le dio la información a Navarro no tuviera la más mínima intención ni sospecha de que esta iba a acabar en manos del presidente del Gobierno socialista; incluso que se haya revuelto en su nuevo sillón al saberlo. Y es que el que precisaba de apoyos progresistas para intentar llegar al Tribunal Supremo era… ¡Bingo! José Ramón Navarro.

Alguien traicionó su deber como magistrado y Navarro lo hizo como garante de la integridad de la Audiencia Nacional. Conocían la ilicitud de su conducta y actuaron con manifiesto desprecio de su papel en el Estado de Derecho. El artículo 417 del Código Penal castiga estas conductas que prescriben a los cinco años y que, por tanto, están al filo de no poder ser perseguidas. Tal vez por eso el filtrador actual no haya tenido problema en pasar esos mensajes con Sánchez. Aún cabe interrumpirla y mis informaciones apuntan a que así se va a hacer.

Estas prácticas corruptas, porque corruptas son por mucho que no se trafique con dinero, estas prácticas impropias de miembros del Poder Judicial, que se reproducen con cierta asiduidad, deben ser combatidas. Lo cierto es que hay más de este pecado que de los complots y añoranzas franquistas que algunos quieren ver. Son los aparentemente pequeños deslices, las corruptelas en forma de tráfico de información o de influencias, el hacer la pelota para que te apoyen un ascenso, los pecados más comunes. Hay más de esto que de prevaricaciones, háganme caso que sé de qué hablo.

Esperemos que la Justicia no se arredre ante este caso porque el daño que produce, en forma de desconfianza de la ciudadanía y de desesperanza de la carrera judicial, es inmenso. Y me temo que van a ser de nuevo acusaciones populares y no la Fiscalía las que se ocupen del tema si no se remedia.