El Ayuntamiento de Barcelona exige a Airbnb que retire los anuncios de pisos turísticos ilegales en 48 horas

El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado esta mañana una propuesta de convenio a Airbnb, que sustituye al que se firmó en 2018 y que caducó con la entrada en vigor con la normativa europea que obliga a cada Estado a tener un registro único de pisos turísticos.

En la nueva propuesta, a la que la plataforma todavía no ha contestado, el consistorio exige la eliminación de los anuncios ilegales en un plazo de 48 horas. Esto mejora el sistema anterior, que obligaba al Ayuntamiento a notificar, vía correo postal a la sede de Airbnb en Irlanda, los anuncios detectados como fraudulentos para que, después, la empresa los eliminara en un plazo de unos 10 días. Además, el convenio contempla que, en caso de infractores reincidentes, la eliminación del anuncio sea inmediata.

Igualmente, también se exige a la plataforma que elabore un sistema para verificar la identidad de los anunciantes. Esto también es una mejora respecto al convenio anterior, que ya garantizaba al consistorio acceso total a los datos. El problema era que Airbnb no exigía ninguna verificación de identidad, con lo que muchos anunciantes usaban nombres y números de documentación falsos, lo que complicaba la imposición de multas en casos de infracción.

Los usuarios también deberán compartir los datos de los titulares de las cuentas bancarias, en caso de no ser ellos mismos. De esta manera, el consistorio pretende “reforzar la trazabilidad de las transacciones y la lucha contra el fraude”. Igualmente, también se deberá registrar una dirección verificada. Esto supondrá una facilidad destacada para el equipo de rastreadores que tiene el Ayuntamiento y que está encargado de detectar casos de fraude.

Hasta ahora, como no tenían acceso a una dirección concreta -solo a un área-, debían echar mano a herramientas como Google Street View o al trabajo de calle para, cotejando las características del alojamiento y hablando con los vecinos, poder encontrar su localización exacta y así verificar si cuenta o no con licencia y si se salta la normativa. Esto también ayudaría a luchar contra la reincidencia, ya que al desactivar un anuncio, su dirección quedaría registrada en una base de datos e impedirá que se vuelva a ofertar.

Otra condición para anunciarse será subir la licencia de piso turístico, requisito que, hasta ahora, algunos usuarios cumplían pero no era obligatorio. De esta manera, el Ayuntamiento exige a Airbnb que no permita abrir el calendario de fechas disponible sin aportar una licencia que haya sido verificada previamente.

Estas exigencias de información se basan en el nuevo marco normativo, que establece que las plataformas de pisos turísticos son responsables de verificar los datos de sus usuarios. En este sentido, Barcelona va más allá y exige a Airbnb que no sólo garantice que esta información sea veraz, sino que requiera permiso a los anunciantes para compartir sus datos con las administraciones.

“Confiemos que Airbnb acepte nuestras demandas. Nosotros no cederemos y no negociaremos porque las demandas que ponemos sobre la mesa son de sentido común”, ha asegurado la teniente de alcaldía Laia Bonet. Desde el consistorio aseguran que, en caso de respuesta negativa de la plataforma, “los equipos ya están trabajando para estudiar posibles acciones legales”.

Con esta nueva propuesta de acuerdo, el Ayuntamiento responde al “cambio de actitud” y a los comportamientos “arcaicos y dilatorios” que Jaume Collboni atribuye a la plataforma. Estas palabras del alcalde, que ha endurecido su discurso contra Airbnb, responden a que la empresa se retrasó más de tres meses para eliminar una lista de 800 pisos turísticos ilegales, rompiendo así el acuerdo vigente en aquel momento.

Finalmente, esos anuncios fueron eliminados en junio. Ese mes, como de costumbre, el Ayuntamiento envió una nueva lista de 350 anuncios fraudulentos que todavía no han sido eliminados. El consistorio asegura que todavía tienen margen para hacerlo, pero que están “a punto” de incumplir de nuevo el convenio.

A pesar de que las licencias de vivienda turística están en torno a las 10.000 en la ciudad, hay unos 28.000 anuncios de pisos activos –20.000 de los cuales son de Airbnb–. Cada mes, entre altas y bajas, se cuentan unos 2.500 anuncios nuevos y, de entre ellos, se detectan entre 300 y 400 ofertas ilegales gracias a un equipo de técnicos y a un sistema de spider web que rastrea las plataformas y detecta que las irregularidades.