El Gobierno destina 750 millones de urgencia a reforzar la red tras el apagón y facilitar el despliegue renovable

El Consejo de Ministros va a aprobar este martes 750 millones de euros en inversiones urgentes que se incorporan a la actual planificación de las redes de transporte de energía eléctrica “para aumentar la resiliencia de la red” y facilitar el despliegue de renovables tras el histórico apagón del pasado 28 de abril.

Se trata de la segunda modificación puntual de la vigente planificación de las redes (2021-2026), que data de marzo de 2022, tras la que se aprobó en abril de 2024. El listado de 65 actuaciones urgentes (instalación de compensadores síncronos, reactancias, dotación de relés…) suma un importe global de 749,8 millones, según el borrador del acuerdo al que ha tenido acceso elDiario.es.

El texto del acuerdo, firmado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, indica que las principales necesidades que buscan cubrirse con este acuerdo son, por este orden, el “incremento de la seguridad del suministro mediante el refuerzo de la red de transporte”, el desarrollo de conexiones con los sistemas no peninsulares y entre islas, el desarrollo de interconexiones internacionales, la “mejora de la integración de la red, en particular de la energías renovables”, la alimentación de nuevos ejes de la red de AVE; y el “apoyo a la red de distribución y a la nueva demanda de grandes consumidores, principalmente industriales”.

Según Transición Ecológica, este conjunto de actuaciones, “destinadas a incorporar herramientas adicionales a las redes que faciliten el control de tensión, la estabilidad ante oscilaciones y en general, el refuerzo del sistema eléctrico, tanto en la península como en los territorios no peninsularesCanarias y Baleares”, “facilitará la progresiva integración de renovables y el almacenamiento” para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla un 81% de electricidad renovable para 2030, “y rebajar la factura de los consumidores”. También se incluyen nuevas posiciones para permitir la conexión de generación de emergencia en Canarias.

El acuerdo se dicta, entre otras disposiciones, al amparo del Real Decreto-Ley aprobado el pasado 24 de junio, tras el informe de la comisión de expertos del Gobierno sobre el apagón. El dictamen detectó fallos en la planificación de la potencia de reserva por parte del operador del sistema, Red Eléctrica, el disparo indebido de instalaciones de generación renovable y un mal funcionamiento de la generación convencional que debía controlar tensión ante las oscilaciones anómalas que, como adelantó elDiario.es, tuvieron su origen en la megaplanta Núñez de Balboa de Iberdrola en Extremadura.

Ese decreto, que está pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados en un momento de gran debilidad parlamentaria del Gobierno tras el escándalo de corrupción del anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, prevé en su artículo 6 “que el Consejo de Ministros aprobará un listado de actuaciones específicas para el control de tensión, la estabilidad ante oscilaciones y el refuerzo de la resiliencia del sistema eléctrico, que se incorporan en el Plan de Desarrollo de la Red”, indica el acuerdo que se va a aprobar este martes.

Las actuaciones incluyen la instalación de compensadores síncronos por primera vez en la Península, así como la incorporación de nuevas unidades en las islas. Estos dispositivos proporcionan control dinámico de la tensión desde la red de transporte y, dado el carácter más local del control de tensión, se distribuyen geográficamente de forma que permitan reforzar este control en las distintas zonas del sistema, complementando a los equipos y sistemas con los que ya cuenta el sistema para esa función.

Así, ocho de esos compensadores síncronos se localizan distribuidas en distintas zonas de la península, otros dos en los sistemas eléctricos canarios (La Palma y Lanzarote, complementando los ya previstos en Gran Canaria y Tenerife), mientras que el ya previsto en Mallorca se adelanta con esta modificación.

Además, estos compensadores aportan inercia al sistema y permiten incrementar la capacidad disponible en la red para nueva generación renovable, en particular en los sistemas no peninsulares.

Cerca del 40% de la inversión aprobada (casi 290 millones) se concentra en Andalucía y Extremadura, las dos comunidades autónomas en las que se inició ese histórico cero peninsular, ambas con fuerte penetración renovable. También se destinan 97,2 millones a ambos archipiélagos.

Por regiones, a Andalucía se destinan 147,3 millones y a Extremadura, 142,2 millones. Destacan también Castilla-La Mancha (73,6 millones), Asturias (72,7 millones), Comunitat Valenciana (71,3 millones), Galicia (71,1 millones), Canarias (58,4), Catalunya (48,7 millones) y Baleares (38,8 millones). A Aragón, Comunidad de Madrid y Castilla y León se destinan otros 19,6 millones.

Como explica Transición Ecológica, se trata de una modificación excepcional al amparo del Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio. Es la primera vez que se aprueban modificaciones puntuales que se centran exclusivamente en reforzar la operación y control de la red. El Ejecutivo tiene pendiente sacar a consulta la próxima Planificación 2025-2030.

En la modificación se incluyen también un Sistema de Transmisión de Corriente Alterna Flexible (FACTS, por sus siglas en inglés) que contribuye a amortiguar oscilaciones en el sistema, así como la renovación e instalación de nuevas reactancias que permiten mejorar el control de tensión de forma distribuida por todo el sistema.

“Dado el carácter urgente” de las actuaciones aprobadas, el listado de inversiones no se ha sometido a audiencia de las Comunidades Autónomas ni al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque las actuaciones se van a acometer “en su mayor parte” sobre suelo ya transformado por subestaciones ya existentes, se flexibilizan algunos requisitos ambientales.

Con este listado de actuaciones urgentes Transición Ecológica busca también reducir la necesidad de que Red Eléctrica aplique restricciones técnicas a la hora de gestionar el sistema eléctrico, con un ahorro estimado de unos 200 millones de euros anuales. Es el modo de operación reforzada en el que está funcionando el sistema desde el apagón, tirando más del gas.

Fuentes del ministerio explican que las actuaciones aprobadas reducen la necesidad de conectar centrales de generación que no hayan resultado casadas en el mercado en el mecanismo denominado restricciones técnicas. Este mecanismo supone el arranque de centrales a su “mínimo técnico” en momentos en que no es necesaria su energía sino otro elemento como puede ser el control de tensión. Esto desplaza otras fuentes de generación más baratas que sí hubieran casado en el mercado, además de un sobrecoste para los consumidores.

“Estos nuevos equipos, al aportar capacidades de control de tensión directamente desde la red, reducirán la necesidad de este tipo de mecanismos, generando un ahorro económico, así como facilitando la integración de generación renovable al no tener que programar la energía procedente de estas centrales operando al mínimo técnico”, explica el ministerio.

Con esta nueva modificación puntual de la planificación, que se suma a las 73 actuaciones aprobadas en abril de 2024 (con una inversión entonces de 489 millones), la inversión total de la planificación hasta 2026 se incrementa hasta los 8.203 millones.

Estas inversiones urgentes llegan tras el decreto del Gobierno con las lecciones aprendidas tras el apagón y la aprobación, por parte de la CNMC, del nuevo servicio de control de tensión, que el denominado ‘súperregulador’ llevaba analizando desde 2021 para actualizar una norma obsoleta que tiene 25 años, cuando las renovables eran testimoniales en el mix eléctrico español. Competencia anunció la puesta al día de ese servicio después de que el Gobierno y Red Eléctrica publicaran sus informes sobre el apagón, que recomendaban ponerlo en marcha de forma inmediata. La CNMC también publicará su propio informe sobre el cero energético, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.