Vox cede su apoyo a Moreno para renovar la Oficina Andaluza Antifraude en plena investigación de los contratos sanitarios

Sorpresa en el Parlamento andaluz. O no tanto. La Cámara autonómica ha aprobado este miércoles, con los votos de PP y Vox, el nombramiento del nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

El encargado de ponerse al frente de este órgano de control de las administraciones públicas será el hasta ahora presidente de la Audiencia de Córdoba, el juez Francisco de Paula Sánchez Zamorano, un candidato propuesto por los populares, que necesitaba de una mayoría reforzada de tres quintos (66 diputados) para salir elegido en primera votación.

El partido de Juan Manuel Moreno, que dispone de una robusta mayoría absoluta de 58 escaños, ha logrado el colchón que le faltaba de la bancada de Vox (14 diputados). Sánchez Zamorano ha salido elegido con 67 votos, sólo uno más de los necesarios, aunque las dos derechas suman 72 escaños de la Cámara [Moreno no ha votado].

Para algunos, lo ocurrido hoy ha sido toda una sorpresa; para otros, un síntoma palpable de que estamos en la recta final para las elecciones andaluzas que tocan, como muy tarde, en la primavera de 2026. Ninguna encuesta publicada pone en peligro la mayoría absoluta de Moreno -mucho menos que vaya a perder las elecciones-, pero la fortísima polarización de la política nacional aconseja mimar bien los bloques.

En esta legislatura, ha sido común ver a las dos derechas andaluzas votar juntas, sobre todo cuando una y otra traían cada 15 días al Parlamento iniciativas, posicionamientos políticos y discursos dirigidos a atizar fuerte al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la alianza de este miércoles ha sido especialmente significativa por el momento en el que se produce: PP y Vox han renovado hoy un puesto que llevaba vacante más de un año, para dirigir un organismo que tiene encomendado, entre otros objetivos, la función de fiscalizar desde fuera al Gobierno de Moreno.

Los cambios en la dirección de la Oficina Andaluza Antifraude se producen justo cuando el Ejecutivo andaluz está siendo investigado por dos juzgados -uno en Sevilla y otro en Cádiz- por posibles irregularidades en la contratación a dedo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los delitos que investiga también la Fiscalía Anticorrupción son malversación y prevaricación, aunque ambas causas están en un estadio muy inicial, y la acusación popular -PSOE y Podemos- denuncia también falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

PP y Vox también han votado juntos para rechazar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre estos asuntos, y para vetar -desde hace más de un año- un debate monográfico sobre la sanidad pública andaluza, en el ojo del huracán no sólo por las investigaciones judiciales, sino por las abultadas listas de espera para ser atendido por un médico, objeto de protestas ciudadanas y manifestaciones sindicales cada semana en algún pueblo de Andalucía.

La oposición de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- se opuso al nombramiento “unilateral” del candidato del PP para dirigir la Oficina Antifraude -no por el perfil elegido en sí-, sino porque interpreta la renovación de este órgano, justo en este momento, como una maniobra de la Junta para controlar otro de los órganos externos que debe fiscalizarle.

Hace apenas tres semanas, los socialistas arremetían contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Alejandro Cardenete, por no inhibirse en la votación que paralizó la investigación en curso sobre el abuso de contratos menores en la Junta en 2022, un año en el que Cardenete ocupó el puesto de viceconsejero de Turismo y consejero de Educación.

La muestra de contratos a dedo que debía fiscalizar la Cámara de Cuentas incluía algunas adjudicaciones de ambos departamentos bajo su mandato, un extremo que incumple la ley que regula el órgano de extracción parlamentaria por incurrir en incompatibilidad. El PSOE había sopesado denunciar este asunto ante la Oficina Andaluza contra el Fraude, que desde hace un año trabaja descabezada, pero a los pocos días el PP registró en el Parlamento una propuesta de candidatura para presidir dicho órgano.

Sin acuerdo, pero a favor

Los populares llevan una semana asegurando que tenían pactado con Vox -en concreto, con el portavoz del grupo, Manuel Gavira- tanto el nombramiento del director de la Oficina Antifraude como la próxima Defensora del Pueblo Andaluz, la actual presidenta de Cruz Roja Andalucía, cuya candidatura se someterá a votación dentro de dos semanas, en el último Pleno de este periodo de sesiones.

Fuentes del partido de extrema derecha confirmaron a este periódico que había “conversaciones” con el PP para no oponer obstáculos, sin embargo, al trascender dichas conversaciones, la dirección de Vox salió a desmentirlo tajantemente. Este mismo miércoles, el propio Gavira ha asegurado que no había ningún acuerdo entre ambas formaciones y que se enteró de los candidatos propuestos por el PP cuando llegaron al registro de la Cámara.

Dicho esto, al ser preguntado si su grupo votaría al candidato del PP, en el Pleno previsto tres horas después, Gavira ha tirado del malabarismo dialéctico de Cantinflas para explicar que no, que sí y que todo lo contrario. Que no haberlo pactado con el PP no significaba votar en contra, pero tampoco votar a favor. Y que ya se vería en el momento de la votación. El portavoz popular en la Cámara, Toni Martín, dio por sentado el apoyo de Vox, e interpretó las vacilaciones de Gavira como “presiones desde dentro”.

Según su última versión y, a tenor del resultado final en el Pleno, Vox ha apoyado al PP de manera desinteresada, sin negociar nada a cambio. Estas piruetas políticas eran muy habituales en la pasada legislatura, cuando Moreno gobernaba en minoría, en coalición con Ciudadanos, y necesitaba del apoyo externo de Vox para cada votación en el Parlamento.

Dentro de dos semanas, en el último Pleno antes de las vacaciones estivales, habrá una segunda oportunidad para volver a ver estas escenas: la Cámara someterá a votación el nombre de la candidata del PP para ser la próxima Defensora del Pueblo Andaluz, que requiere una mayoría reforzada de 66 votos en primera vuelta (el director de la Oficina Antifraude podría haber sido elegido sólo con los diputados del PP en segunda vuelta).

Vox asegura que tampoco tiene pactado ese nombramiento, pero además concurren aquí otros factores de interés: los de Santiago Abascal abogan por suprimir la figura del Defensor del Pueblo Andaluz -blindada en el Estatuto de Autonomía-, de hecho, lo pidieron explícitamente a través de una proposición no de ley en la pasada legislatura. Tampoco comulgan con la persona propuesta, la actual director de Cruz Roja Andalucía, una ONG implicada en la ayuda a los inmigrantes que se juegan la vida al cruzar el Estrecho, denostada por la ultraderecha como una “organización mafiosa y criminal”.

Este es el contexto previo a la votación que la izquierda da por hecho que no evitará el voto favorable de Vox, como así ha sido en el caso del nuevo director de la Oficina Antifraude. Las derechas han elegido a un juez de reconocido prestigio para pilotar este órgano de control externo, pero Sánchez Zamorano inicia un mandato torcido por la desconfianza de toda la oposición de izquierdas.

Los tres partidos torcieron el gesto en la Comisión Consultiva de Nombramientos, donde los candidatos propuestos se sometieron a las preguntas de sus señorías. Este paso, que suele ser algo protocolario cuando los nombres vienen consensuados por los partidos, se convirtió en un duro enfrentamiento. A la candidata propuesta para sustituir a Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz en funciones desde septiembre de 2024, los socialistas le afearon que hubiera sido candidata en la lista electoral del PP de Cádiz en 2025, en el puesto número 15.

La renovación en la dirección de la Oficina Andaluza Antifraude se produce justo cuando el Gobierno de Moreno está siendo investigado por dos juzgados por supuesto fraude en la contratación pública. La gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, están imputados por un supuesto delito de prevaricación en el marco de una causa que investiga los contratos de emergencia con clínicas privadas entre 2020 y 2024, adjudicaciones a dedo por valor de 243 millones de euros amparándose en un Real Decreto habilitado en pandemia cuando ya estaba derogado.

Otro directivo de Compras del SAS en Cádiz también está imputado en otra causa que investiga un posible delito de malversación en el fraccionamiento masivo de contratos a dedo concatenados, que pone bajo sospecha la adjudicación a dedo de 235 millones de euros sólo en esa provincia.

La Fiscalía Anticorrupción forma parte de ambas causas, en las que están personados como acusación popular el PSOE y Podemos. El Ejecutivo de Moreno no se ha personado aún en el primer caso, pero sí en el segundo a título de responsable civil subsidiario. Moreno ha defendido en público y en privado que, a lo sumo, pudo haber “errores administrativos” en la gestión de esos contratos del SAS, pero niega tajantemente que hubiera un fraude.

Bajo la sombra de Pedro Sánchez

La oposición de izquierdas no ha dejado de hostigarle con este asunto, no sólo en los tribunales, sino en el Parlamento, y la decisión del PP de sacar adelante a su candidato para dirigir la Oficina Andaluza Antifraude sin consenso con la mayoría de formaciones ha alimentado esa estrategia de confrontación de los rivales de Moreno.

Tanto PSOE como Por Andalucía y Adelante Andalucía acusan a la Junta de entorpecer la labor judicial -enviando la documentación requerida por los jueces desordenada y a destiempo-, de “laminar” los organismos de control interno de la Junta -con el cese de la interventora general de la Junta que elevó la alerta por el abuso de contratos menores- y de “colonizar” los organismos de control externo de la Junta, tanto la Cámara de Cuentas como la Oficina Antifraude.

Todo este capítulo tiene lugar bajo la sombra alargada de Pedro Sánchez, que este mismo miércoles ha rendido cuentas en el Congreso de los Diputados por los casos de corrupción que implican a dos de sus hombres de confianza, José Luis Ábalos y Santos Cercán, los últimos secretarios de Organización del PSOE.

El exministro de Transportes está imputado y Cerdán está en prisión preventiva. El PP de Alberto Núñez Feijóo ha exigido a Sánchez que dimita y éste le ha respodido con los casos de corrupción que salpican a diversas administraciones del PP, con altos cargos imputados que siguen en sus puestos. Entre ellos, ha citado al Gobierno de Moreno.