La UCO refrenda la «capacidad» del cuñado de Rita Barberá de «favorecer» a empresas en adjudicaciones municipales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al juez sustituto que instruye la causa del ‘caso Azud’ un oficio en el que otorga al abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, la “capacidad de viabilizar o favorecer la consecución de adjudicaciones o decisiones acordes a los intereses empresariales provenientes del Ayuntamiento de Valencia”. Además de una supuesta comisión de 1,7 millones de euros de la empresa Acciona por el contrato de saneamiento del Ayuntamiento de València y otra de 2,2 millones de la adjudicataria de la ejecución y gestión de la planta de basuras Los Hornillos de Quart de Poblet, cobradas indiciariamente por Corbín, los investigadores de la UCO centran sus pesquisas en el marco del procedimiento en la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de València en 2008, con Barberá de alcaldesa.

La Guardia Civil intervino en el registro al empresario Jaime Febrer, investigado en la causa, documentación sobre una reunión que mantuvo con Corbín, específicamente una lista con contratos licitados por el consistorio en la que se fijaban los lotes de “máxima prioridad”. Febrer, según la UCO, solicitó a José María Corbín que “comprobase las posibilidades”.

Una de las empresas participada por Jaime Febrer resultó adjudicataria del lote “pretendido”, relata la UCO. En la reunión, celebrada el 30 de abril de 2008, el empresario también entregó al cuñado de Rita Barberá ddocumentaciónde la empresa Gesmed relativa supuestamente a “residencias de la tercera edad”, que también le remitió por correo electrónico con el asunto de “Proyectos Ayuntamiento de Valencia”.

En el e-mail, destaca la Guardia Civil, figura como de “máximo interés” uno de los lotes del Servicio de Ayuda a Domicilio. “Ruego compruebes las posibilidades y nos reunimos la semana próxima para hablar de ello”, indica el correo.

Ese hecho, a juicio policial, “sería indicativo” de la “capacidad” de Corbín “sobre este tipo de gestiones” y de la contratación del abogado “en relación con otros trámites o proyectos vinculados a este consistorio”, del que en aquella época su cuñada era alcaldesa y su mujer jefa de gabinete de la primera edil. Un informe de Hacienda que consta en el sumario del ‘caso Azud’ concluyó que el letrado llegó a ingresar 1,2 millones en efectivo y cheques.

Mayor incidencia la “componente subjetiva”

La UCO ha analizado el expediente de contratación, requerido al ayuntamiento. A la licitación, dividida en tres lotes, concurrió una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Gestió Sociosanitària del Mediterrani (Gesmed), con una representación del 60%, Construcciones Valencia Constitución SL (vinculada a Jaime Febrer y con el 30%) y Gero Residenciales Solimar SL (10%). La firma mayoritaria de la UTE ha estado históricamente vinculada a varios excargos el PSPV-PSOE.

La UTE obtuvo la máxima puntuación para el lote al que optaba. La UCO destaca que en la valoración de la oferta tuvo una mayor incidencia la “componente subjetiva”, con 53 de los 60 puntos en total. Por el contrario, en la primera fase relativa a la oferta económica, tan solo obtuvo 5,5 de 40 puntos.

Con una “descripción somera” de las ofertas, el informe de valoración usaba unos “criterios” y “tramos de puntuación” que no aparecían recogidos en los pliegos de contratación de la licitación municipal.

Una baja de la UTE a los seis meses

Los investigadores de la UCO también detectaron que el empresario Jaime Febrer salió de la UTE unos seis meses después de que se iniciara la ejecución del contrato. El comité de gerencia de la UTE, en su sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2009, aceptó la salida de Construcciones Valencia Constitución SL (CVC), cuya cuota de participación asumió Gesmed.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aceptó el acuerdo, condicionándolo a la formalización de la transmisión de las participaciones y su acreditación ante el consistorio.

“Sin embargo, analizada la actividad notarial de la UTE, así como de las sociedades que participan en la misma, no se ha localizado ninguna transmisión de estas participaciones, desconociendo por lo tanto los términos de la misma o, por ejemplo, los fondos que CVC habría percibido como consecuencia de esta”, indica la UCO.