El Ministerio de Cultura pide informes sobre Altri al órgano asesor de la UNESCO en cuestiones de Patrimonio Mundial
El departamento de Ernest Urtasun, que no descarta realizar sus propios estudios sobre la afectación del proyecto al Camino de Santiago, espera la respuesta de ICOMOS Internacional tras remitirle la información que le facilitó la Xunta
El ministro de Cultura pide una reunión a Rueda para tratar los efectos al Camino de Santiago de la “amenaza” de Altri
El Ministerio de Cultura está a la espera de recibir el informe de ICOMOS Internacional —el órgano que asesora a la UNESCO en cuestiones relacionadas con el patrimonio— para conocer si el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo), al pie del Camino Francés a Santiago, puede afectar a la declaración de la ruta como Patrimonio de la Humanidad. Fuentes ministeriales han confirmado además a elDiario.es que el departamento de Ernest Urtasun está valorando con sus equipos técnicos la posibilidad de realizar estudios propios, tal y como le había solicitado la Plataforma Ulloa Viva tras detectar “severas deficiencias” en los presentados por la Xunta de Galicia.
ICOMOS Internacional es el órgano consultivo que evalúa el cumplimiento de la Convención de Patrimonio Mundial. Lo hace, por ejemplo, si un Estado que forma parte de la Convención, como es el español, le solicita un informe, que es lo que ha hecho Cultura, remitiéndole toda la información que, previamente, le había facilitado el gobierno gallego.
El expediente favorable elaborado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta fue uno de los más controvertidos de entre todos los que dieron la luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto GAMA, la macrocelulosa impulsada por Greenfiber, una sociedad con participación mayoritaria de la papelera portuguesa Altri y en la que también está presente la empresa gallega Greenalia. En ese documento, la administración autonómica asumía, sin contrainformes de sus propios técnicos, las conclusiones de los estudios pagados por Altri.
Uno de ellos, el elaborado por Jordi Tresserras —expresidente de ICOMOS España—, levantó una enorme polémica al proponer convertir en un “elemento icónico” la chimenea de 75 metros prevista en el diseño y al conjunto de la planta en un “referente arquitectónico”. Tresserras se basaba en un trabajo previo de la empresa del actual tesorero de ICOMOS, Alonso Campanero.
La polvareda desatada provocó que ICOMOS España saliese públicamente a desvincularse de ambos trabajos. Días después, la directora xeral de Patrimonio —que fue quien estampó su firma en el expediente— presentaba su dimisión tras doce años en el cargo.
Fue entonces cuando la plataforma Ulloa Viva, la entidad que ha encabezado la lucha contra la implantación de la factoría, decidió recurrir al ministerio. Tras considerar que el trabajo de la Xunta presentaba “deficiencias severas”, solicitó a Cultura que redactase un expediente propio, “exhaustivo y riguroso”, sobre el “potencial impacto devastador” de la macrocelulosa sobre el Camino Francés y su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En respuesta, el ministro Urtasun remitió una carta al presidente gallego, Alfonso Rueda, para proponerle una reunión técnica entre ambas administraciones en la que estudiasen los posibles efectos del Proyecto GAMA. En su misiva, Urtasun indicaba que la macrocelulosa podía “suponer una amenaza” para sectores clave como el turismo y el sector primario o, lo que le resultaba “aún más inquietante”, para la salud de la población y los ecosistemas de la zona.
Rueda, que respondió reclamándole un encuentro inmediato, pero para hablar del Año Xacobeo 2027, defendió —también por escrito—que la DIA demostraba “que el proyecto cumple con todos los requisitos establecidos, también en el ámbito cultural, y así consta en los informes elaborados y firmados por los técnicos de la Xunta, cuya profesionalidad no debería de ser puesta en duda”. Aún así, mostró la disposición de la Xunta para mantener las reuniones que, a nivel técnico, “sean necesarias para aclarar cualquiera duda”.
Fuentes del Ministerio de Cultura recuerdan que la recomendación de la Convención de Patrimonio Mundial para realizar evaluaciones de impacto de los proyectos que puedan afectar a un bien declarado “no tiene un procedimiento legal establecido en España”. La consecuencia es que “en cada circunstancia concreta, se trabaje en diálogo con las comunidades autónomas y otras administraciones para su elaboración”. Debido a esa indefinición, el departamento estatal podría realizar, tal y como les pidió Ulloa Viva, sus propios informes. Esa es la posibilidad que ahora mismo están “valorando” los equipos técnicos.
