Nueva línea de investigación en el caso de la pareja de Ayuso: «soborno» al directivo de Quirón a cambio de más facturación

El fiscal del caso contra Alberto González Amador ha abierto una nueva línea de investigación sobre qué originó la presunta comisión que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pagó al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. La Fiscalía sospecha que, entre otras contraprestaciones, Camino pudo ordenar que aumentaran los encargos a la empresa de Alberto González Amador a cambio de que este comprara la empresa de su mujer por medio millón de euros, cuando Círculo de Belleza SL apenas tenía valor.

El representante del Ministerio Público advierte en un escrito de que la facturación de la principal sociedad de Alberto González Amador a Quirón Prevención experimentó “un muy pronunciado incremento” después de que el comisionista hiciera el negocio de su vida, casi dos millones de euros por poner en contacto a dos empresas españolas durante la pandemia. La sociedad que pagó 42 millones de euros por el material sanitario, Mape, tenía en su consejo de administración al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

La advertencia del fiscal aparece en el escrito por el que pidió la incorporación al caso de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, debido a la complejidad que ya presenta la trama. En ese escrito, el fiscal Diego Lucas advierte de que, “por ahora”, se desconoce si ese incremento en el nivel de facturación de Maxwell Cremona –la sociedad de González Amador– a Quirón Prevención en 2020 y 2021 se mantuvo en los años siguientes. La primera noticia de la relación entre la presidenta madrileña y el comisionista –entonces conocido como “técnico sanitario”– es de mayo de 2021.

Según consta en la investigación de la Agencia Tributaria, las dos empresas que González Amador usó para facturar a Quirón ingresaron de la empresa sanitaria 1.049.500 euros en 2021, el año que el comisionista y la presidenta iniciaron supuestamente su relación. Esto prácticamente multiplicó por cuatro los ingresos que las empresas de González Amador habían recibido en 2020 las firmas de González Amador del líder de la sanidad privada en España, propiedad del gigante alemán Fresenius.

La tesis de los investigadores consistía hasta ahora en que el medio millón pagado por Círculo de Belleza SL era en realidad la parte de la comisión de las mascarillas que le correspondía a Fernando Camino por haber impulsado la compra del material por parte de Mape. Por esta operación están imputados su mujer, Gloria Carrasco, propietaria de Círculo de Belleza SL, y el propio Alberto González Amador.

Ahora, el fiscal cree que la compra de la sociedad sin recursos de Carrasco respondería a otro motivo, en solitario o sumado al anterior, y consistiría en el aumento de la facturación de González Amador a la división del Grupo Quirón. Es decir, Camino habría facilitado la operación de las mascarillas y/o aumentaría la facturación a la empresa de Alberto González y él compraría por medio millón de euros una sociedad de su mujer que en el último ejercicio no había facturado ni 30.000.

El fiscal tiene claro que la compra de Círculo de Belleza SL por González Amador implica “ausencia de lógica económica” y que, “una vez practicadas las declaraciones de los investigados [Alberto] González Amador y [Gloria] Carrasco Fernández, es llano que los indicios de criminalidad por el delito del artículo 286 bis del Código Penal [corrupción en los negocios] no se han desvirtuado en absoluto”.

La afirmación del fiscal acerca de que no creyó las versiones de González Amador y Gloria Carrasco en el juzgado ha tenido ya su respuesta por la magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, según avanzó elDiario.es el pasado viernes. La jueza tampoco dio credibilidad a la versión de los imputados en un auto en el que accede a la petición del fiscal de implicar a la UCO en la investigación a la pareja de la presidenta madrileña y, por ahora, también a la mujer del presidente de Quirón.

La acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, había pedido una serie de diligencias que la jueza postergó a la declaración de Gloria Carrasco del pasado 19 de junio. Entre esas diligencias solicitadas por la acción popular también aparecían encargos a las unidades especializadas de Policía y Guardia Civil y la declaración, como investigado, de Fernando Camino. El encargo a la UCO implica que los agentes terminen redactando un atestado como paso previo a otras diligencias.