Tildes, minúsculas o mala letra: los errores formales se ceban con los opositores a profesor en Andalucía

Las oposiciones a docente en Andalucía, aún en desarrollo, están dejando un regusto amargo. Más de la mitad de aspirantes quedaron eliminados tras la primera prueba, celebrada el 21 de junio, subdividida en uno o varios supuestos prácticos (parte A) y el desarrollo escrito de un tema (parte B). Una parte muy relevante (aunque imposible de determinar) cayó por errores formales: tildes, faltas ortográficas, mala letra, mayúsculas y minúsculas, falta de numeración de una página o de un epígrafe o escribir por una sola cara del folio. El malestar es evidente en foros y redes sociales, donde se acumulan protestas.

Inés Sánchez quedó apartada de las oposiciones tras obtener un 9,7 y un 8,85 en las dos partes de la primera prueba. “Había unas tablas en posición horizontal y el documento debía ser completamente en vertical”. Por eso, su examen fue invalidado: “[Me dijeron] que lo sienten mucho, que mi examen era brillante, que había tenido la nota más alta del tribunal, que la plaza era para mí, pero que me vaya a mi casa que ya no había nada que hacer”, ha relatado en redes.

“¿Se va a valorar mi calidad docente por una absurdez tan grande como es la disposición de una tabla? ¿Se puede ser más hipócrita que la ley de educación cuando incide en que los profesores debemos ser empáticos y comprensivos con el alumnado, pero los tribunales con los opositores no?”, se pregunta después de relatar el esfuerzo de preparar las pruebas trabajando a tiempo completo: “Jugar tan alegremente con el tiempo de la gente, su sacrificio, sus renuncias, sus ilusiones, su futuro y su dinero, debería estar penado por ley. Esto también es destrozar la pública. Este maltrato al aspirante que lo deja sin ganas de nada”.

La resolución de las impugnaciones no fue notificada formalmente hasta el lunes por la noche, apenas horas antes de la segunda prueba del examen. Hasta ese momento, muchos esperaban que los tribunales entraran en razón. Por eso, Sánchez se enteró de que estaba definitivamente excluida de la oposición por boca de los miembros del tribunal cuando iba a defender su programación.

Opositores anuncian recurso

Igual que en anteriores procesos (que ya originaron críticas, recursos judiciales y condenas a la administración), el cuadro general que describen las críticas apunta a un sistema de selección que trasluce escaso respeto por los opositores.

En esta ocasión, razonan los aspirantes, la Consejería de Educación habría revestido el sistema con una pátina de presunta objetividad: un estricto criterio ortográfico y motivos de invalidación tasados. Pero lo ha hecho aplicando de forma robótica un rigor tan extremo que dificulta que la selección responda de forma efectiva a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

“Estamos recabando pruebas y vamos a impugnar”, anuncia Javier Hernández, que forma parte de la Asamblea Andaluza de Docentes Interinas y Aspirantes, convocante de una manifestación celebrada ante el Parlamento andaluz este jueves. La Asamblea señala “innumerables irregularidades y arbitrariedades”, no sólo en la corrección: hubo múltiples quejas por errores en las preguntas o el incumplimiento de protocolos. Denuncia que la criba buscaba dejar fuera a centenares de interinos aun a costa de dejar plazas sin cubrir, lo que probablemente ocurrirá. Un “ERE encubierto”, aseguran.

Estos docentes sin plaza se habían movilizado durante la primavera contra el proceso por entender que la masiva convocatoria (7.885 plazas) y su programación (cuando apenas había otras en el resto del Estado) provocaba un efecto llamada que hacía la estabilización casi imposible.

“Es cierto que hay más ruido que en años anteriores. Quizá ha habido exceso de celo o interpretaciones un tanto arbitrarias en algunos casos”, admite Elena García, presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía, sindicato mayoritario entre los docentes.

Un 49,3% de aspirantes han pasado la primera parte de la prueba (18.637 sobre 37.758 presentados), pero hay una enorme variabilidad entre tribunales, lo que sugiere también una aplicación dispar de los criterios. Muchos rondan el 15% de aprobados.

La Consejería no ha respondido al cuestionario de este medio, en el que se le preguntaba si hay porcentajes preestablecidos de aspirantes que pueden superar la primera prueba, el número de exámenes invalidados o las impugnaciones estimadas, si es que las hay.

Excluida por no escribir el número del tema

Un ejemplo del rigor extremo es Lidia Vivas, eliminada tras un 9,01 en la primera prueba de Lengua Castellana y Literatura en el Tribunal 21 de Málaga. En la prueba práctica obtuvo un 8,87 y en el desarrollo temático un 9,13. “Es la nota más alta de mi tribunal”. Ella tituló “La Celestina” y prácticamente clavó el desarrollo, pero no aclaró que aquello correspondía al tema 46. Donde tituló “La Celestina” debió titular “Tema 46. La Celestina”. “Por no poner un número, mi examen perfecto fue invalidado”.

El Anexo VIII de la Orden que regula la convocatoria señala: “Se invalidará el ejercicio en el que no se consigne el número del tema elegido y el título completo en la primera página del examen”. Es un criterio objetivo y público, pero es dudoso que invalidar un examen por el olvido al consignar una numeración aleatoria del temario se alinee con los principios de mérito y capacidad, que deben regir el acceso a la función pública. Si es una forma de evitar que el examen sea anónimo, como apunta algún preparador, podría ser desproporcionada.

Este rigor extremo tiene, además, un componente cruel al deshumanizar a los opositores, según razonan estos. Vivas dejó su trabajo de cuatro años como profesora de español en Inglaterra para volcarse durante un año en las oposiciones. Tiene un expediente académico excepcional y vocación. Con esa nota, es casi seguro que hubiese logrado plaza. Ahora se ve con escasas opciones laborales porque apenas tiene experiencia en España, y ni siquiera podrá ingresar en la bolsa de interinos al haber sido descalificada. “Es un examen de casi cinco horas en el que nos jugamos nuestro futuro. Estaba nerviosa. Entiendo que se pueda penalizar, pero descalificar por esto es absurdo”.

La frustración la ha dejado tocada. “He perdido tiempo con mi familia, con mi pareja, conmigo misma… Un año de estudio, de inversión económica, de rechazar todo, para que se me excluirme por esta tontería. No sé si volveré a presentarme. No sé lo que haré en el futuro”.

Fuera por escribir a una cara, no numerar dos folios…

Los testimonios abundan. El de Lidia Vivas no es el único caso en que se elimina el mejor examen por un error formal. Una candidata del tribunal 45 de Córdoba para Primaria fue excluida por escribir únicamente en una de las dos caras de los folios. “Está en las bases que no se puede hacer, pero la presidenta, que tiene la potestad, dijo que se podía hacer”, relata, bajo condición de anonimato. Cuando fue a recoger la copia le dijo que denunciaría este hecho: “Me dijo que era su palabra contra la mía”.

María (nombre ficticio) es el reverso del caso de Lidia: el tribunal 4 de Lengua y Literatura de Sevilla invalidó su examen porque escribió el número pero no el título del tema, la renovación de la lírica española, que estaba escrito en la pizarra. Asegura que dos personas han contactado con ella para decirle que a ellos no les invalidaron el examen habiendo cometido idéntico error.

El examen de Cristina Muñoz (Inglés, tribunal 16 de Córdoba) fue invalidado por no paginar los dos últimos folios de los 19 que escribió. “Se invalidará el ejercicio que no esté paginado en numeración arábiga”, señala el anexo de las invalidaciones. A su juicio, el castigo excede la norma y es desproporcionado, porque su examen sí está paginado, si bien al 90%.

La casuística es muy amplia. Hay suspensos por un folio en blanco, por la supuesta dificultad para comprender la letra o por la acumulación de faltas de acentuación, que son los más abundantes. Una falta resta medio punto; dos restan 1,5; tres faltas son 2,5 puntos; cuatro faltas, cuatro puntos. Cinco faltas invalidan el examen. Nadie discute que se debe penalizar el error ortográfico, pero creen que el castigo es excesivo teniendo en cuenta la presión, el tiempo y la cantidad de folios, hasta 30, que se rellenan en estos exámenes.

Javier Hernández ha visto muy reducidas sus opciones al pasar de un 7 a un 5,5 por dejar sin poner una tilde y no cerrar un paréntesis. “Que se escape una tilde en 30 páginas es normal, no quiere decir que no sepamos que lleva tilde. Pero no cerrar un paréntesis ni siquiera es un error ortográfico”, protesta.

“Un docente no puede cometer faltas, se tiene que ser firme”, opina Elena García, de CSIF. Pero también admite que han detectado “interpretaciones un tanto arbitrarias de la ortografía”, y cita casos de criterios diversos en las mayúsculas (por ejemplo, con la palabra Decreto) o con tilde diacrítica. Este medio también ha constatado casos en los que el tribunal interpreta un trazo de forma perjudicial para el opositor, viendo una letra donde no la hay.

“Víctimas del cartesianismo”

Las quejas de este año se suman a una ristra de problemas que se sucedieron en convocatorias anteriores. En 2021, el malestar cuajó en una carta viral de un profesor relatando la falta de equidad del proceso por las jornadas maratonianas que asumían los tribunales. El profesor fue luego represaliado.

Más de cien aspirantes denunciaron ante los tribunales la falta de transparencia y pidieron repetir el proceso. Esa demanda fue desestimada, pero una decena de opositores accedió a sus expedientes completos de corrección y al menos cinco han detectado errores en la suma de puntuaciones, incongruencias y omisiones.

La Asociación Opositores Reclaman, que articuló aquella demanda, se ha sumado ahora a la denuncia de las oposiciones 2025. “Apoyamos a los Aspirantes que de forma ilegal han visto cómo se han invalidado los exámenes por lapsus calami o errores gramaticales. No se ha valorado su esfuerzo y calificaciones de 9,9 han sido anuladas por cuatro tildes y en algunos casos palabras correctas”, señala Rafael Reyes.

Está asumido que la Consejería usa la primera prueba como una criba que elimina a un alto número de aspirantes, aunque la Consejería niega que haya porcentajes preestablecidos. Hay un factor organizativo y económico que empuja a ello: evaluar 30.000 programaciones didácticas, y no 20.000, exige disponer de más miembros de tribunal a los que pagar jornadas veraniegas.

Hasta la convocatoria de 2023 no era posible obtener una copia del examen, de modo que el candidato no podía contrastar su nota con los errores que se le imputaban. Debían confiar que la evaluación era correcta. Ahora pueden ver su examen. Tanto en esta convocatoria como en la anterior (2024, estabilización) la Consejería había avisado con antelación de que pondría especial énfasis en vigilar la corrección gramatical y ortográfica de las pruebas endureciendo las penalizaciones. La ortografía es una forma de objetivar la primera criba.

La portavoz de CSIF admite que “algo está fallando” con la evaluación del desarrollo de los temas, que es ahora “un tanto subjetiva”. Conoce opositores que, con el mismo examen, el año pasado alcanzaron un 8,3 y este apenas tienen un 3,5. Habría menos margen para la duda si el examen de contenidos fuera tipo test, y se relegara a otro momento la evaluación de la aptitud para la expresión escrita. Por eso, pide “dar una vuelta” a las penalizaciones por faltas: “Hay que ser riguroso en una oposición: un docente tiene que saber redactar y no tener errores o faltas de ortografía, pero la administración no puede ser víctima del cartesianismo, y a lo mejor en cuestiones formales está siendo víctima y dejando víctimas”.