Ni abril ni julio de 2025: el Gobierno central y el andaluz incumplen las promesas de derribo de El Algarrobico

Todo cuanto rodea a El Algarrobico, como se conoce al inmenso hotel de 21 plantas y 411 habitaciones a medio construir en la playa de idéntico nombre de Carboneras (Almería), se mueve con extraordinaria lentitud, si es que se mueve. Lo extraordinario a estas alturas no es que permanezca varado desde que en febrero de 2006 un juez ordenara su paralización por invadir terrenos de dominio público que además forman parte del parque natural de Cabo de Gata. Lo extraordinario es que algo se mueva, más allá de los papeles.

También es noticia oír a políticos reiterar promesas de derribo, incluso poniendo fechas, cuando está comprobado que la maraña administrativa, la laxitud judicial y la resistencia de los gobiernos locales han hecho imposible hasta ahora cualquier avance material. Desde que se paró la obra, va para veinte años, nadie ha tocado un ladrillo de la mole.

Se suma ahora la abierta discrepancia entre gobiernos central y autonómico respecto a cuál es la mejor vía a seguir: el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere expropiar la mitad de los 32.000 metros cuadrados de la parcela y luego derribar el inmueble, e invita al Gobierno andaluz a expropiar la otra mitad; pero el Gobierno de Juan Manuel Moreno rechaza ese plan y defiende que lo mejor es persistir en la vía de la anulación de la licencia de obra. Algo que de momento solo puede hacer el Ayuntamiento, que se ha resistido durante años.

Pese a que apostar por una fecha de derribo es una fórmula casi segura de tirar credibilidad a la basura, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central han tirado de calendario en los últimos años. Y ambos han errado.

María Jesús Montero, cinco meses cumplidos el 10 de julio

Este jueves 10 de julio se cumplió el plazo de cinco meses que dio María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y candidata a presidenta de la Junta de Andalucía, cuando se plantó en la playa sin avisar a nadie para anunciar por sorpresa que el Gobierno se arremangaba para tirar abajo el edificio, previa expropiación.

El Gobierno de Moreno no ha dejado pasar la efeméride. Su portavoz, Carolina España, atizó este miércoles a Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, aunque no se había tratado ningún asunto relacionado con El Algarrobico. “La ministra llegó a Andalucía tirando del BOE, diciendo que echaría abajo uno de los peores desastres urbanísticos de la historia de Andalucía, un desastre del gobierno socialista. Se han cumplido los plazos, y fue la ministra Montero la que dijo que el derribo del hotel Algarrobico se haría en cinco meses. Bueno, pues sigue en pie. Esa es la palabra de la señora Montero”.

Aquellas semanas Montero estaba de puesta de largo como secretaria general de los socialistas andaluces y futura candidata a presidir la Junta. Acaparó temas y anuncios, orillando a quienes por competencias o trayectoria habían estado en contacto directo con el asunto, como el Ministerio de Transición Ecológica, con El Algarrobico, o Izquierda Unida, en la organización del homenaje a Manuel José García Caparrós.

Según la crónica de EFE, aquel 10 de febrero Montero se comprometió a que, “salvo resolución judicial”, “si no hay ninguna otra incidencia o interferencia”, en cinco meses se iniciaría la demolición. Hoy, el “inicio” de la demolición se ve lejano. La propia Montero corrigió el paso apenas dos meses después, fijando la demolición para antes de final de año. Y después la ministra Sara Aagesen ha sido aún más cauta: espera culminar la expropiación “a lo largo de este año”.

La propia Montero ha salido al paso este viernes. La ministra ha acusado a la Junta de Andalucía de “inacción” y ha defendido que la expropiación que pretende el Gobierno está “muy avanzada”. “La voluntad del Gobierno [de derribar la mole] es firme”, ha advertido. La ministra ha reprochado al Gobierno andaluz que “torpedee” la estrategia del Goibierno central, y le ha pedido que se sume y expropie también el terreno que no está en dominio público, para derribar todo el hotel.

Desde febrero, el Gobierno central ha acordado la declaración de utilidad pública previa a la expropiación, ha rechazado las alegaciones de la promotora y ha publicado la declaración de necesidad de ocupación de los suelos, que devendrá firme el 2 de agosto. Según Montero, la idea ahora es alcanzar un acuerdo con la promotora y propietaria, Azata del Sol para demoler “lo antes posible”. La ministra Aagesen ya advirtió que el Ejecutivo pretende seguir adelante aunque Azata recurra a los tribunales, pero ese es un condicionante cuyo cumplimiento está por ver.

Catalina García, seis meses cumplidos el 15 de abril

La consejera España sacó pecho porque el Ayuntamiento de Carboneras va a celebrar este viernes un Pleno para revisar la licencia de El Algarrobico, cuatro años después de que se dictara una sentencia que le obliga a ello.

La Junta de Andalucía defiende que esta es la vía más rápida para llegar a la demolición, aunque por ahora el consistorio ha conseguido evitar cualquier avance material. De ahí que, igual que Montero, también la Junta haya fallado en sus compromisos temporales para la demolición. El 15 de octubre de 2024 la consejera de Medio Ambiente del Gobierno andaluz, Catalina García, dijo en Canal Sur: “En seis meses podría comenzar la demolición del Algarrobico”. El 15 de abril, seis meses después, El Algarrobico seguía en su sitio tan impertérrito como hoy.

Entre bambalinas juega siempre el factor económico: de cómo se resuelva esto depende una posible indemnización y quién se la pagaría a la promotora Azata del Sol, que en 2003 recibió licencia municipal para construir en un suelo declarado urbanizable. De hecho, en enero Azata ya se presentó un escrito al Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se reconozca su derecho a indemnización si finalmente se anula la licencia.

Inicio de la revisión de licencia

Este mismo viernes, el Ayuntamiento carbonero acordó iniciar el expediente para revisar la licencia, después de cuatro años resistiéndose. Pero lo hizo “no por gusto” sino por mandato del Tribunal de Justicia de Andalucía, según admitió el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos), quien desplegó una serie de frases y gestos que demuestran que tiene poco apego por esta fórmula y que el proceso será lento. “Mucho nos tememos que van a pasar varios años hasta que, definitivamente, ese hotel sea declarado totalmente ilegal y se derribe”, advirtió en el Pleno.

Su declaración da continuidad a la resistencia a impulsar el derribo de los sucesivos alcaldes carboneros, bajo el argumento de que Carboneras podría tener que pagar una indemnización millonaria a la promotora. Prueba de esta resistencia es que los ediles socialistas (incluido el exalcalde José Luis Amérigo) y el exalcalde del PP Felipe Cayuela evitaron acudir al Pleno de este viernes, y así votar a favor de revisar la licencia.

Por su parte, Hernández ha reclamado en otras ocasiones un acuerdo con Azata, y que se estudie el posible uso hotelero o de otro tipo. En el Pleno de este viernes, el regidor dijo que el hotel “no es un atentado medioambiental” sino un proyecto que “se inició de la mano de todas las administraciones”, por lo que “somos todos responsables de que no se haga realidad, no cree empleo, no cree riqueza y no forme parte del paisaje del pueblo de Carboneras”.

Toda esta quietud aparentemente inamovible ha llevado a que los ecologistas denuncien el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerar que hay una entente entre el poder político, económico y judicial para demorar la cuestión, pasando por encima del derecho a una tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga al Ayuntamiento a clasificar los suelos como no urbanizables data de 2016 (y es firme desde 2018) y aún no la ha cumplido en su integridad, tras agotar el catálogo de omisiones y supuestos errores. Tampoco ha cumplido la que le obliga a revisar la sentencia, de 2021 (firme desde 2022). Pese a advertir a los sucesivos alcaldes con multa por desobedecer sus resoluciones, el TSJA El alcalde (Salvador Hernández, Ciudadanos) ya ha dicho que tardará en completar el proceso porque le falta personal. Quizá hasta cinco años.

Cada paso en El Algarrobico se mide en meses, si no años o lustros, pero los gobiernos central y autonómico siguen poniendo fechas sobre la mesa. Hasta ahora, todas fallaron.