Dos colaboradores del presidente del PP de Castilla-La Mancha se enfrentan a más de 6 años de cárcel por la gestión de una herencia millonaria

El juzgado de instrucción número 3 de Albacete ha decretado la apertura de juicio oral contra contra Constantino Berruga, Tania Andicoberry y R.J. Los tres ocupaban cargos de responsabilidad en la Diputación de Albacete cuando la Presidencia la ostentaba Paco Núñez, el actual líder del PP en Castilla-La Mancha.

La resolución judicial, que lleva fecha 16 de junio de 2025 y que acaba de ser notificada, reclama en total la suma de hasta 20 años de prisión entre los tres, además de entre 9 y 15 años de inhabilitación en cargo público, para cada uno.

Deriva de la denuncia interpuesta por el albacea y los descendientes indirectos de Purificación Urrea, una rica propietaria que falleció en 1966. Hace dos años recibieron una sentencia favorable que obligó a la Diputación albaceteña a resarcirles con una cifra millonaria. Ahora reclaman responsabilidades penales contra los tres responsables públicos citados.

El auto del magistrado rechaza el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía que, en este caso, consideró que no está acreditada la comisión de infracción penal alguna por parte de los investigados.

Una rica heredera y el incumplimiento de su voluntad testamentaria

En este caso hay que remontarse al año 2011. La Audiencia Provincial declaró entonces ineficaz el nombramiento de la Diputación de Albacete como heredera de Purificación Urrea, al no haber creado una Fundación para la asistencia de niños pobres y enfermos que la testadora puso como condición.

Los tres acusados estaban entonces ocupando cargos en la Diputación demandada por los descendientes.

Es una historia de largo recorrido judicial. Varias tierras, joyas, cuadros y documentos de gran valor de la mujer habían quedado en el limbo más de medio siglo, desde su muerte en 1966 hasta el año 2023. Su padre Pedro Urrea y Sandoval fue alcalde de Albacete y presidente de la Diputación que dejó una gran fortuna a Purificación. Solo tuvo un hijo que murió antes que la madre, en 1942, sin hijos.

Así que Purificación Urrea dejó su patrimonio a la Orden Religiosa de los Hermanos de San Juan de Dios Arcángel de Aragón con la condición de que se crease una fundación y un hospital para niños pobres y enfermos. Nunca lo hicieron.

La Diputación se hizo cargo de los bienes en 1968. Estaban valorados en 30 millones de euros. Los gestionó, pero tampoco cumplió su voluntad. En 1999 sus descendientes indirectos iniciaron un procedimiento judicial pidiendo la “ineficacia” de la condición de heredera de la Diputación “por incumplimiento del testamento”. Y lo lograron en 2011.

Se abrió un largo camino en los tribunales que culminó en 2023. Ese año la Diputación fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a devolver los bienes y abonar 11 millones de euros más otros 3,5 millones más en concepto de intereses, entre otras cosas. Hoy en día la Institución provincial sigue vinculada al patrimonio de Purificación Urrea. Es parte de la Fundación Urrea & Herederos creada a lo largo de todo el proceso.

Penas por presunta prevaricación, falsedad documental o estafa

Ahora esos mismos descendientes denuncian a Constantino Berruga, en su condición de antiguo vicepresidente de la Diputación de Albacete entre los años 2011 y 2015 y responsable del ITAP, el Instituto Técnico Agronómico Provincial, S.A.U., sobre el que pesa, en el mismo auto, la responsabilidad civil subsidiaria.

Y es que, en 2014, como responsables públicos de la Diputación en el año 2014, decidieron arrendar unos bienes vinculados al patrimonio de esta familia y que son objeto del litigio.

Berruga sigue siendo diputado provincial y es concejal en La Roda. Los denunciantes creen que cometió un presunto delito de estafa, un delito de falsedad documental y otro de prevaricación administrativa agravada. Para él se piden, dependiendo del demandante -hay cuatro demandas- entre seis y 10 años de prisión y hasta 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo además de las costas.

En segundo lugar, denuncian a Tania Andicoberry. Fue nombraba consejera del Consejo de Administración de la sociedad pública investigada, el ITAP. En aquel entonces era concejala en Almansa, la ciudad en la que Paco Núñez fue alcalde. Era su mano derecha y ha seguido trabajando con él hasta hoy. Ha sido habitual portavoz del PP de Castilla-La Mancha, es diputada regional y secretaria segunda de la Mesa de las Cortes regionales.

A ella el magistrado le imputa un presunto delito de estafa, otro de falsedad documental y un delito de prevaricación administrativa simple. Se piden hasta seis años y medio de prisión y hasta doce de inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo además de las costas.

En la misma denuncia incluyen al secretario de la Diputación, R.J., al que se considera “cooperador necesario” por un presunto delito de prevaricación administrativa simple, otro de falsedad documental, y un delito de estafa. Se pide en su caso una pena de cárcel similar a la Tania Andicoberry, además de la inhabilitación para cargo público y sufragio pasivo.

A los acusados también se les requiere una fianza de cinco millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan llegar a imponerse tras el juicio, en caso de resultar condenatorio. Y se advierte que, de no prestarlas, se iniciará embargo de sus bienes.

El auto ha dado traslado al Ministerio Fiscal del plazo de tres días para formular nuevo escrito de acusación, pero indica que contra su resolución no cabe recurso, salvo en el caso relativo a la situación personal, en que cabe recurso de reforma ante el propio juzgado.

Purificación en un acto en Urrea de Gaén (Aragón)

PP: “Jamás se cometió prevaricación alguna”

Fuentes del PP castellanomanchego han valorado la resolución judicial, a preguntas de este medio. “Jamás se cometió prevaricación alguna, ni cualquier otro tipo de ilegalidad, tal y como han acreditado las cinco sentencias que ha habido en este asunto hasta el día de hoy y como acreditará la sentencia del juicio oral pendiente de resolución”, aseguran en su explicación remitida por escrito a elDiario.es Castilla-La Mancha.

Subrayan que cuando en 2014 decidieron arrendar los bienes en conflicto “pertenecían a la Diputación Provincial” y alegan además que el contrato de arrendamiento “fue avalado por todo el Consejo de Administración donde estaban representados todos los partidos políticos, sindicatos y universidad”.

Inciden en que “en 2014 no había ninguna sentencia o resolución que dijera que esas fincas pertenecieran a otra persona, entidad, fundación o administración distinta de la Diputación de Albacete”.

Sobre el papel que jugaron los dirigentes del PP, que gobernaban la Diputación Provincial entre 2011 y 2014, aducen que “en el momento en el que los responsables de la Diputación y el ITAP deciden explotar las fincas objeto de disputa, estos bienes estaban inventariados a nombre de la Diputación Provincial y eran a todos los efectos propiedad de la Administración provincial”.

Ya en 2015, prosigue su relato, tras pasar la Diputación a manos del PSOE, “los bienes se siguieron arrendando igual que había ocurrido en años precedentes” y dejan caer que también sobre ellos recaería entonces una presunta prevaricación. Por contra opinan que eso “demuestra, a todas luces, que nunca hubo nada irregular, pues las fincas seguían estando a nombre de la Diputación Provincial, como no podía ser de otra manera”.

También explican que la denuncia penal de los presuntos herederos fue archivada en primera instancia y que “todavía hoy la Fiscalía insiste, lógicamente, en el sobreseimiento del caso. Hasta en cinco ocasiones los tribunales contenciosos- administrativos se pronunciaron a favor de la Diputación Provincial y en contra de los herederos”.

En opinión del gabinete jurídico del PP, el juicio oral “solo se sustenta en las acusaciones de los particulares” y creen que “el empecinamiento de los herederos no es comprensible desde ningún punto de vista”, entre otras cosas porque según argumentan, “la propia Institución provincial dispuso, en el año 2023, (siendo gobernada por el PSOE), iniciar acciones penales contra la Fundación Urrea & Herederos ya que -presuntamente- desvió más de cuatro millones de euros del capital fundacional”.