El PNV busca exprimir sus acuerdos con Sánchez con un gesto para la creación de la Seguridad Social vasca

Tras el pleno de este miércoles en el Congreso sobre las investigaciones de corrupción, algunos analistas vieron en el PNV al más contundente con Pedro Sánchez de entre los socios del Gobierno, por delante, al menos, de una EH Bildu que, en las instituciones vascas, fiscaliza con lupa adjudicaciones, nombramientos y externalizaciones. En este contexto, este martes se reúnen en Madrid Pedro Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales.

Celebran una nueva reunión de la comisión bilateral creada para completar las materias pendientes del Estatuto de 1979, un compromiso de la investidura de 2023. Conscientes de que el futuro de la legislatura española es incierto, la parte vasca busca arrancar a Sánchez los máximos acuerdos posibles a cortísimo plazo. Y, especialmente, buscan iniciar sin dilación el traspaso de la Seguridad Social, algo no conocido hasta ahora en la España autonómica. De fondo, el acuerdo con Catalunya para la financiación singular y la recaudación de impuestos espolea al PNV a reclamar también un gesto del Estado.

La nueva portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, le dijo a Sánchez que la confianza de su partido en el PSOE está “en la UCI”. No es algo enteramente nuevo. En realidad, Andoni Ortuzar hizo fortuna en los últimos años repitiendo la metáfora de que el depósito de gasolina de la confianza estaba siempre “en la reserva”. Nunca, sin embargo, terminó de quedarse tirado el vehículo biplaza de la coalición. Pero, esta vez, sí es un mensaje de calado. De hecho, en paralelo, el Gobierno de Pradales ha urgido al de Sánchez a que lleve a la reunión del martes “textos” y no solamente palabras. Quiere resultados ya sobre la Seguridad Social, así como también sobre otros temas con las inversiones en la infraestructura energética para la industria, la operación de Talgo, la gestión migratoria o la oficialidad del euskera en Europa.

El PNV es el socio que más interrelación tiene con los socialistas. Depende de ellos en el Gobierno vasco, en las tres diputaciones forales y, al menos, en los Ayuntamientos de Bilbao y Donostia. También es, colateralmente, el partido más afectado por la aparición de empresas como Servinabar 2000 en las investigaciones en torno a Santos Cerdán.

Y no porque Cerdán dijera que su amigo Antxon Alonso, el empresario detrás de esa compañía, fuese “simpatizante” del PNV. En Navarra, buena parte de las adjudicaciones a esta firma ahora investigada proceden de la coalición de la que forman parte los ‘jeltzales’, Geroa Bai. De ellas, una única es del propio PNV, un colegio en Arbizu, pero con el matiz de que se formalizó con una UTE entre Acciona y una filial de Servinabar 2000 sin trabajadores ni medios. Se llama Alegure y en ella aparece como socio, además, Iñaki Alzaga, de Euskaltel, Nortegás o Grupo Noticias.

El análisis interno del PNV, aunque hay matices dentro de la dirección, parte de la constatación de que una excesiva identificación con Sánchez es perjudicial para sus propios intereses. Sin citarlos por su nombre, se considera que los integrantes del ‘tríangulo tóxico’, por José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, son unos “impresentables”, en definición del portavoz y dirigente Joseba Díez Antxustegi en una rueda de prensa.

En privado, los socialistas vascos han manifestado su sorpresa por la beligerancia del PNV cuando este partido también ha tenido sus casos de corrupción. Con los propios, los nacionalistas siempre han situado el momento para tomar decisiones en la “sentencia firme”. Alfredo de Miguel, por ejemplo, estuvo trece años después de ser detenido cobrando un salario de la sociedad pública Hazi, donde vivió ascensos y disfrutó de puestos de responsabilidad.

A la par, el PP insiste en atraerle a una posible mayoría alternativa, aunque lo hace con ataques que refuerzan la posición nacionalista de no confiar en absoluto en el equipo de Alberto Núñez Feijóo o en su representante en Euskadi, Javier de Andrés. “El PP no se va a llevar ni un solo votante del PNV con discursos como los de [Miguel] Tellado o De Andrés”, ha asegurado también Díez Antxustegi.

Qué es (y qué no) el acuerdo sobre la Seguridad Social

En este contexto tan enrevesado se ha colado el momento clave para la transferencia de la Seguridad Social, que comporta también las políticas pasivas de empleo (las prestaciones de paro) y completar las funciones de la Inspección de Trabajo. En concreto, lo susceptible de traspaso es la “gestión del régimen económico” de la Seguridad Social, es decir, que Euskadi sea el cajero. El Estado, en todo momento, retendría la capacidad de legislación y de fijación de las cuantías de las pensiones y del resto de prestaciones. Es exactamente el modelo del Ingreso Mínimo Vital, ya cedido a la comunidad autónoma hace unos años.

Esta competencia vasca estaba recogida en el Estatuto en 1979 -donde expresamente se blinda la ‘caja única’ para toda España y la solidaridad interterritorial del sistema- y nunca se ha terminado de desarrollar. Hace meses que se negocia ya cómo efectuar el traspaso antes de que acabe 2025. Están implicados dos ministerios, el de Trabajo de Yolanda Díaz y el de Seguridad Social de Elma Saiz. En el caso vasco, la competencia recaería en la parte del PSE-EE de la coalición con Pradales y no en el PNV.

El Gobierno vasco estima que pasaría a gestionar un presupuesto adicional de 12.000 millones de euros. El traspaso es de tal magnitud que supondría, prácticamente, duplicar el presupuesto total actual del Ejecutivo autonómico, que ronda los 15.000 millones. El lehendakari bromeó que el asunto es un elefante y explicó que el traspaso se hará a cachos, de modo escalonado. Se arrancará con las prestaciones no contributivas y otras materias menores. Eso debería estar cerrado ya el martes, según los anhelos de la parte vasca.