Los contratistas de obra pública, en el corazón del PP de Mazón

El pasado 31 de mayo, Carlos Mazón, recibía en Nàquera su primer baño de masas por parte de su partido tras la catastrófica gestión de la dana que segó la vida de 228 personas y hundió la imagen del jefe del Consell, quien ocho meses después sigue sin poder acudir a los municipios afectados. Fue un almuerzo con militantes organizado por Vicent Mompó, presidente del PP de la provincia de Valencia, a mayor gloria del presidente de la Generalitat y del PPCV. En primera fila de este acto de desagravio, aplausos y gritos de “presidente” estaban diputados, senadores afines y José Luis Santa Isabel, el presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval), quien defiende que acudió porque va donde le invitan, “también a actos del PSOE o de Podemos”.

Tras la dana, el sector de la obra pública valenciana vive un momento dorado, aunque recientemente han denunciado retrasos en los pagos de las administraciones públicas. Tanto el Gobierno de España como la Generalitat están inyectando miles de millones de euros en la zona para recuperar las carreteras, puentes, polígonos y vías del tren arrasadas por la barrancada. En el caso del Gobierno de Mazón y para premiar la disponibilidad y la velocidad en las obras, han hinchado los precios unitarios de los materiales para encarecer el precio final de las adjudicaciones entre un 40 y un 300 %. Esta práctica ha sido celebrada por Fecoval y Santa Isabel porque, según defienden, están mandando operarios sobre el terreno los siete días de la semana y las 24 horas del día. Las cuentas de resultados de estas compañías para este ejercicio serán espectaculares.

La Generalitat destinará en 2025 alrededor de 500 millones de euros en inversiones de infraestructuras, la mayoría para la zona de la dana, lo que significa un pastel para las contratistas que no se recuerda desde el boom inmobiliario de la primera década del 2000. Y sin concursos públicos que ayuden a objetivar o rebajar el precio de las obras. Desde el 30 de octubre de 2024 hasta la actualidad, casi ocho meses y medio después, el Gobierno de Mazón está utilizando el procedimiento de emergencia para adjudicar todas las obras en los municipios afectados, desde las pequeñas reformas de 100.000 euros a proyectos que superan los 30 millones. A dedo y sin la necesidad de valorar más ofertas.

Esta reconstrucción se ha convertido en un negocio redondo que el Gobierno de Carlos Mazón está utilizando para premiar a las empresas “buenas” y castigar a las que no se portan bien. La estrategia, que ha explicado la propia Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, ha sido “repartir” las obras entre las distintas grandes empresas valencianas de obra pública para que la mayoría estén contentas. ¿Con qué criterios? Supuestamente, de cercanía a la zona de trabajo, de capacidad o de disponibilidad. Pero en realidad no se sabe, no está publicado en ningún boletín oficial.

La decisión magnánima de dar o quitar a empresas la obra pública es de la Conselleria de Medio Ambiente, en concreto de su secretario autonómico de Infraestructuras, Francisco Javier Sendra Mengual, uno de los hombres de más confianza y más cercanos al presidente Carlos Mazón. De hecho, fue Sendra quien el día 29 de octubre, tras una llamada a las 19.34 horas, convenció al presidente de la Generalitat de que tenía que ir al Cecopi a tomar las riendas de la situación cuando l’Horta Sud ya se ahogaba. A las 19.10 y a las 19.36, Carlos Mazón no cogió el teléfono a la consellera de Justicia, Salomé Pradas, que le llamaba desesperada al enterarse a través de la alcaldesa de Paiporta de que había decenas de personas ahogándose. Importante conocer las prioridades del jefe del Consell a la hora de coger el teléfono.

Estos criterios discrecionales de Sendra y su equipo están cambiando el panorama de la contratación pública valenciana. Por ejemplo, empresas como Tizor, de la familia del condenado por Gürtel Enrique Ortiz, están entrando con fuerza en las comarcas de la provincia de Valencia. En concreto, recibieron a dedo una obra de casi dos millones de euros en Bugarra y Gestalgar. ¿Cómo una empresa con sede en Alicante se queda una obra a 200 kilómetros para la que requiere maquinaria pesada? Subcontratando, no le queda otra.

Otras empresas de Alicante como Hormigones Martínez, cuyo propietario también fue condenado por la Gürtel, ha recibido hasta la fecha más de 14 millones de euros en contratos de emergencia para obras de la dana. También una compañía poco habitual en las comarcas de Valencia que ha rascado en estos contratos ha sido STV Gestión, la firma murciana en la que trabajaba el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. En este caso, el Gobierno de Mazón le abrió la puerta con un contrato de 270.000 euros, pero le acabaron pagando 2,3 millones. Todo a dedo, sin concurso. Podía haber sido una pyme de las zonas afectadas, pero la magnanimidad, en este caso, del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace) quiso que el trabajo lo hiciera la antigua empresa del jefe de gabinete de Mazón.

Con tan magna cantidad de dinero sobre la mesa y la posibilidad de repartir a discreción, no es de extrañar que la cola de pelotas y arribistas en el Palau de la Generalitat y la oficina de Sendra dé la vuelta a edificio. Pero hay un problema, denuncia Santa Isabel: ni Generalitat ni Gobierno de España están pagando en tiempo y forma. ¿Dejarán de ir a los actos a los que les inviten?