Collboni aparca la reforma del 30% de vivienda de protección por la falta de apoyos

Collboni aparca la reforma del 30% de vivienda de protección por la falta de apoyos

El alcalde de Barcelona asume que el ‘no’ de Junts le obliga a dejar una de sus promesas estrella para un segundo mandato

Junts da por rota la negociación para reformar el 30% de vivienda protegida

Jaume Collboni ya da por hecho que se quedará este mandato sin uno de sus principales compromisos: reformar la obligación del 30% de vivienda de protección oficial en las nuevas promociones. La ruptura de las negociaciones con Junts, su principal aliado para modificar esta medida, ha dejado al PSC sin mayorías alternativas.

Collboni ha asegurado que mete la medida “en un cajón porque no ha sido posible llegar a un acuerdo”. “Si Junts se ha levantado de la mesa, yo lo que tengo que hacer es decirle a todo el sector es que cojo la propuesta y la guardo en el cajón hasta el próximo mandato”, ha insistido en una entrevista en el periódico Metrópoli.

El alcalde insiste en que ha decidido aparcar el 30% y no insistir en reabrir negociaciones con Junts porque considera que “no es bueno mantener la incertidumbre sobre la regulación”. “Lo que no podemos hacer desde las administraciones es estar constantemente especulando sobre cuáles son las reglas de juego”, ha manifestado. Así, ha asegurado que continuarán buscando fórmulas para estimular la construcción de vivienda pública y vivienda libre con el actual marco regulador.

Aprobada en 2018 por el gobierno de Ada Colau, la conocida como ‘reserva del 30%’ es una medida que obliga a las promociones privadas de vivienda y a las grandes rehabilitaciones de fincas a destinar un tercio de los nuevos pisos a protección oficial. Sin embargo, ha dejado una balance de vivienda protegida creada inferior a la que se esperaba, con 165 nuevos hogares, algo que sus impulsores atribuyen a la moratoria inicial y a la falta de inspectores para detectar infracciones.

Ante esta situación, Collboni se propuso suavizar las exigencias de la norma con el objetivo de aumentar la creación de pisos protegidos. Su propuesta pasaba por que las rehabilitaciones afectadas por la obligación sean las de más de 1.500 m2 (y no las de más de 600 m2, como hasta ahora), y porque los promotores puedan trasladar ese 30% de VPO de la finca en construcción a otras equivalentes y de su propiedad en el mismo barri, en los limítrofes o mediante permutas con el Ayuntamiento para hacerlo en suelo municipal.