El Supremo de EEUU avala el desmantelamiento del Departamento de Educación y los despidos masivos de la Administración Trump

Más despidos masivos y el desmantelamiento del Departamento de Educación. El Tribunal Supremo, donde Donald Trump cuenta con una mayoría total –6-3– ha vuelto a alinearse con el presidente de EEUU para suspender este lunes, por la vía de urgencia, una orden del juez federal de distrito Myong Joun, de Boston que había bloqueado los planes del presidente de EEUU.

Joun emitió una orden preliminar que revocaba los despidos masivos y cuestionaba el plan general de reducir drásticamente el Departamento de Educación de EEUU, una de las mayores promesas de campaña de Trump. Los despidos “probablemente paralizarán al departamento”, escribió Joun en su fallo.

Un tribunal federal de apelaciones se había negado a suspender la orden de Joun mientras la administración apelaba, por lo que la decisión urgente del Supremo permite a la administración reanudar el desmantelamiento del departamento mientras sigue el proceso judicial para resolver el fondo del caso.

La orden judicial del Supremo no está firmada ni justificada, como es habitual en este tipo de solicitudes de emergencia, si bien la jueza progresista Sonia Sotomayor emitió un voto particular, al que se sumaron las otras dos juezas progresistas, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

“El presidente carece de autoridad unilateral para cerrar una agencia de nivel ministerial”, escriben las tres juezas progresistas: “El Congreso creó el Departamento, y solo él puede abolirlo. El presidente tampoco puede negarse a ejercer las funciones que le asigna el Departamento por mandato legal, pues debe velar por el fiel cumplimiento de las leyes. […] El Ejecutivo se ha apropiado del poder de derogar leyes federales mediante despidos masivos, contraviniendo directamente la separación de poderes de nuestra Constitución”.

Y añaden: “Ante este Tribunal, el Gobierno no defiende la legalidad de sus acciones. Más bien, en una maniobra ya conocida, presenta una serie de argumentos jurisdiccionales y correctivos para respaldar su solicitud de emergencia. Ninguno justifica la intervención de este Tribunal. El Departamento es responsable de proporcionar fondos y servicios esenciales a millones de estudiantes y a decenas de escuelas en todo el país. Levantar la orden judicial del Tribunal de Distrito desatará un daño ya existente, retrasando o negando oportunidades educativas y dejando a los estudiantes expuestos a la discriminación, la agresión sexual y otras violaciones de derechos civiles sin los recursos federales que el Congreso pretendía. Aparentemente, la mayoría considera más importante liberar al Gobierno de pagar a empleados que no tenía derecho a despedir que evitar estos perjuicios reales mientras continúa el litigio. El presidente debe velar para que las leyes se ejecuten fielmente, no pretender desmantelarlas. Esa regla básica sustenta la separación de poderes de nuestra Constitución. Sin embargo, hoy, la mayoría recompensa el claro desafío a ese principio fundamental con la decisión de emergencia”.

La orden es técnicamente temporal y se aplica mientras se tramita el recurso judicial. En la práctica, miles de trabajadores despedidos, a quienes el juez de Boston había protegido, ahora están nuevamente expuestos a un despido.

Trump ha afirmado que quiere liquidar el departamento, pero miembros de la administración explican que eso requeriría un proceso legislativo, explica The Washington Post, ya que el Congreso creó el departamento.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, inició el mayor recorte de empleos en la historia del departamento en marzo, poco después de asumir el cargo. Las autoridades informaron que más de 1.300 trabajadores serían despedidos, y que unos 600 más habían aceptado ofertas de salida.