
Los inspectores de Hacienda cargan contra el modelo singular de Catalunya: «Estamos hablando de un régimen ilegal»
«No hemos oído ni una sola opinión positiva, o alguna ventaja del nuevo modelo por parte de los expertos, y solo obedece a un acuerdo político para el nombramiento del presidente de la Generalitat», han criticado los inspectores de Hacienda en un comunicado
El Gobierno y Catalunya pactan un nuevo modelo de financiación generalizable a otras autonomías sin concretar el calendario
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha alertado de que el modelo de financiación singular de Catalunya no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo, y, por tanto, mientras no se modifique la normativa, se trata de “un régimen ilegal que vulnera los principios de igualdad y solidaridad” reflejados en la Carta Magna.
“No hemos oído ni una sola opinión positiva, o alguna ventaja del nuevo modelo por parte de los expertos, y solo obedece a un acuerdo político para el nombramiento del presidente de la Generalitat”, han criticado los inspectores de Hacienda en un comunicado.
En la reunión bilateral celebrada este lunes entre el Estado y la Generalitat de Catalunya se ha acordado seguir avanzando en el desarrollo del modelo de financiación singular de Catalunya. Se quiere que sea la Agencia Tributaria de Catalunya la que desarrolle la campaña de IRPF del año que viene.
La asociación ha advertido de que, si Catalunya recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de comunidades autónomas, que tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos. “Por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda”, ha alertado.
Además, los inspectores han avisado de las dos “muy graves consecuencias” de generalizar este modelo al resto de comunidades autónomas: la primera de ellas supondría dinamitar el sistema tributario, incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria; la segunda de ellas es que el Estado no dispondría de los fondos necesarios para atender sus funciones.
“No dispondría, por ejemplo, de fondos para financiar el importe de las pensiones que se financian con impuestos, los intereses de la deuda pública, el pago de los servicios sociales, como es el ingreso mínimo vital, así como el pago, en determinadas situaciones, como sucedió con los ERTE en época de pandemia”, ha señalado la asociación.