El Gobierno establece nuevas multas por la «exposición pública» de las personas con discapacidad en plena polémica por la fiesta de Lamine Yamal

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que incluye, entre otras ampliaciones de servicios y derechos, nuevas multas por la “exposición pública de las personas en atención a su discapacidad” en espectáculos, ferias, en locales abiertos al público o en redes sociales “cuando no sea una infracción penal”. Se trata de infracciones graves castigadas con sanciones económicas de entre 600.000 y un millón de euros, según figura en el proyecto de ley del Ministerio de Derechos Sociales que el Gobierno envía ahora al Congreso para su aprobación definitiva.

El Ejecutivo da este paso tras haber pedido a la Fiscalía y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio que investigue si en el cumpleaños del futbolista Lamine Yamal se vulneró la ley de discapacidad, que prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad. La norma hasta hoy incluye solamente la prohibición genérica, pero no las sanciones, que son una de las novedades de la reforma que acaba de aprobar el Consejo de Ministros como elemento “disuasorio”.

El Ministerio de Derechos Sociales matiza que ha elevado el asunto a las autoridades judiciales “como hace habitualmente cuando hay una denuncia de una organización por vulneración de derechos”.

En este caso, fue la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), entidad miembro de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), quien condenó y denunció públicamente la contratación de personas con enanismo como parte del entretenimiento en la fiesta de Yamal. La Asociación dijo que tomaría acciones legales y sociales para salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad, “considerando que estos hechos vulneran no solo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa”.

Esta medida es solo una de las decenas que recoge la reforma, al mismo tiempo, de dos legislaciones: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

“Esta reforma no solo busca dejar atrás la época oscura de los recortes sino sentar las bases de un sistema público que consagre el derecho a la ciudadanía al bienestar y a ser cuidados”, ha dicho el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “En este tiempo oscuro, desde Washington a Torre Pacheco, aquí trabajamos por un estado que proteja a todos”, ha añadido a renglón seguido.

Varias prestaciones a la vez

El Ministerio de Derechos Sociales pondrá fin, si la norma finalmente sale apoyada por una mayoría del Congreso de los Diputados, a recortes impulsados por el Partido Popular como consecuencia de la crisis económica de 2008 y que todavía afectaban al sistema. Uno es la incompatibilidad de prestaciones, que limitaba el acceso de un mismo usuario a dos apoyos a la vez. Por ejemplo, un centro de día por las mañanas y ayuda a domicilio por las tardes. La otra medida que se elimina es el periodo de carencia de dos años en la prestación económica por cuidado familiar. Esto significa que hasta ahora la administración podía demorarse hasta dos años en ingresar a la persona usuaria la cuantía mensual para sufragar sus cuidados en casa sin que después se pagara lo adeudado por el retraso de manera retroactiva.

Otra novedad es la extensión de esta misma prestación económica hasta el último día del mes en el que se ha producido el fallecimiento de la persona dependencia. Esta decisión busca evitar que los familiares tengan que reintegrar parte de la prestación si su ser querido muere, por ejemplo, a mitad del mes. “Aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida y supone un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan”, defiende el departamento dirigido por el ministro Pablo Bustinduy.

Amigos como cuidadores

También se amplían otros servicios, como la ayuda a domicilio, que se extiende fuera del hogar. La prestación, centrada hasta ahora en el cuidado personal y en actividades domésticas en el día a día, también cubrirá, según el nuevo texto, otras cuestiones cotidianas como ir al médico o a la compra. Además, la prestación por cuidados en casa se amplía del “entorno familiar” al “relacional” para equiparar a un amigo o amiga como si fuese un familiar con algún consanguineidad, aunque el titular de la prestación siempre es el usuario. Las personas dependientes no solo viven con sus parejas, progenitores o descendientes y el texto pretende responder a estas “nuevas situaciones de convivencia” y a la realidad de quienes viven solos. Esto queda sujeto a que “se cumplan condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad”.

Uno de los graves problemas del sistema son los tiempos de espera. La media desde que una persona pide la valoración del grado de dependencia hasta que tiene acceso a cualquier prestación es de 342 días, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales. Las demoras obligan, en la práctica, a contratar recursos privados e incluso hay personas que fallecen sin haber tenido acceso a su prestación.

Prestaciones “transitorias” para reducir las esperas

Para reducir el impacto, la reforma crea unas nuevas prestaciones “transitorias” para que que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una ayuda “que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado”. “Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio”, señala el Ministerio.

“Los centros de día se convierten en multiservicios”, ha subrayado Bustinduy, lo que implica que estos centros se abrirán para prestar apoyos fuera de sus instalaciones. Así, servirán para atender en sus domicilios o en espacios del entorno a los usuarios que vivan cerca y lo necesiten. Además, la idea es que sirvan de referencia para personas que no son sus usuarias pero que pueden encontrar en ellos otro tipo de servicios.

La nueva ley de discapacidad, además, concederá de manera automática una discapacidad del 33% a todas las personas con una situación de dependencia reconocida de grado I para reducir la burocracia. Una especie de pasarela que pretende aminorar las demoras. En el caso de los grados II y III la discapacidad automática será del 65%.

Una vez se aprueben los cambios, tampoco habrá que ponerse al final de la lista de espera para revisar el grado de dependencia, en el caso de que aumente y se necesiten más apoyos. Además, la ley incluye un procedimiento de urgencia para algunas situaciones de especial vulnerabilidad. “Demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica” permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes“, según la nueva norma.

Poner un ascensor será obligatorio

Entre los nuevos derechos reconocidos están la accesibilidad, que hasta ahora era solamente un “principio inspirador”, y la teleasistencia, contemplado por primera vez como un derecho fundamental pra todas las personas dependientes que vivan en sus domicilios.

Asimismo, las obras para poner un ascensor en una comunidad de vecinos serán obligatorias. La ley habilita a los vecinos que solicitan la intervención a “acudir a la justicia para obligar a la realización de las obras en las condiciones previstas por la ley”. En España hay 100.000 personas encerradas en sus casas porque los bloques tienen problemas de accesibilidad, según ha calculado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Por último, se crea por primera vez un banco público para evitar que las personas que lo necesitan tengan que invertir en elementos que les ayuden a permanecer en su casa, como sillas de ruedas, camas o grúas.