El Supremo rechaza la maniobra del juez Peinado para imputar a Bolaños en el caso de Begoña Gómez

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del juez Juan Carlos Peinado de imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por mentir y por participar en la contratación de la asistente de Begoña Gómez en la Moncloa. Los jueces de la Sala de lo Penal rechazan la exposición razonada y hacen varios reproches a Peinado, desde buscar la imputación del ministro con una “absoluta ausencia” de pruebas contra él, sin preguntar antes a la Fiscalía o incluso intentando que sea encausado en el Tribunal Supremo por el simple hecho de haber estado entonces en Presidencia del Gobierno. También critican que le acuse de falso testimonio sin que exista una “verdad judicial” sobre el caso de Begoña Gómez.

El magistrado tomó la decisión de llevar a Bolaños ante el Supremo después de un tenso interrogatorio al ministro como testigo en su despacho. Una declaración en la que Peinado llegó a enviar al titular de la cartera de Justicia a buscar información sobre quién había sido el responsable de contratar a Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez cuando se mudó al Palacio de la Moncloa en 2018. Peinado, como ya ha hecho en otras ocasiones a lo largo de la investigación de este caso, esgrimió una contradicción inexistente para acusar a Bolaños de mentir y, además, le hizo responsable de una contratación que considera malversadora.

El movimiento de Peinado no ha pasado el filtro del Supremo, la primera vez en que una de sus decisiones llega a manos del alto tribunal. La Sala de lo Penal es contundente al hablar de una “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud” de que Bolaños tuviera alguna participación en esa contratación cuando trabajaba en Presidencia del Gobierno. También repiten un argumento que esgrimen varias veces al mes al rechazar querellas contra políticos aforados: “La mera detentación de un cargo público y el desarrollo de sus funciones no puede suponer una atribución automática y objetiva de una conducta de apropiación del patrimonio público, ni de una omisión que permita que otra persona se apropie del mismo”.

Bolaños no participó en esa contratación y tampoco incurrió en un delito de falso testimonio. Los jueces del Supremo explican que el caso sigue bajo investigación y, por tanto, no existe una “verdad judicial o forense” sobre el caso de Begoña Gómez. Una sentencia firme. El delito de falso testimonio, recuerdan los magistrados a Peinado, necesita que la declaración del testigo sea una falsedad objetiva y, por el momento, no hay nada con lo que comparar. Además, si pretendía acusar a Bolaños de malversar, también tenía que reconocer su derecho a mentir.

El Supremo también lanza otro dardo a Juan Carlos Peinado por no consultar a la Fiscalía antes de elevar la exposición razonada. “Esa omisión es extraña a la forma de proceder habitual en la jurisdicción penal que aconseja una audiencia al Ministerio Fiscal, preceptiva en casos de competencia, y aconsejable en resoluciones como la realizada”, dicen los jueces. Llegan a acusar a Peinado de ocultar datos relevantes en su exposición razonada que tuvo que aportar la Fiscalía y explica que el auto de la Audiencia de Madrid que le permite seguir adelante con esa línea de investigación tampoco aporta indicios contra Bolaños.

Los tribunales frenan a Peinado

El juez Peinado abrió la causa contra Begoña Gómez hace más de un año, cuando el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó una denuncia que juntaba hasta ocho recortes de prensa, uno de ellos un bulo reconocido como tal por ellos mismos. En un primer momento las diligencias giraban en torno a la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y si había favorecido a sus empresas en procesos públicos de contratación con unas supuestas cartas de recomendación, pero rápidamente se convirtió en una macrocausa sobre su trabajo en la Universidad Complutense y el África Center así como el rescate de Air Europa y sobre la contratación de una asesora en Moncloa para ella.

La Audiencia Provincial de Madrid lleva varios meses acotando su investigación a golpe de auto, resoluciones en las que avala la apertura de la investigación pero limita sus iniciativas, muchas veces apoyado por las acusaciones vinculadas con la extrema derecha. Desde anular los registros al empresario Barrabés mientras estaba hospitalizado hasta instarle en varias ocasiones a dejar de investigar sin pruebas ni indicios el papel que las acusaciones atribuyen a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. Los jueces también han criticado que haya imputado a testigos como el rector de la Complutense o a Juan José Güemes por contradicciones inexistentes.

La línea de investigación que mantiene más activo a Peinado en su juzgado de la Plaza de Castilla es la que afecta a Cristina Álvarez, asistente contratada en Moncloa en 2018 para asesorar a Begoña Gómez, tal y como ha sucedido con todas las esposas de los presidentes del Gobierno. El magistrado entiende que Álvarez también asistió a Gómez en sus tareas privadas, como en la gestión de su máster y su cátedra extraordinaria en la UCM, y que eso podría constituir un delito de malversación de dinero público.