Los conservadores de Portugal se apoyan en la extrema derecha para endurecer la ley de extranjería
PSD y Chegan unen sus votos en el parlamento para restringir los requisitos y plazos para conceder permisos de residencia y crear una unidad especial para perseguir a inmigrantes sin papeles
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El refuerzo de las posiciones más reaccionarias en la política portuguesa tras las elecciones de mayo empieza a materializarse con uno de los caballos de batalla preferidos de la extrema derecha: la inmigración. La Asamblea de la República ha aprobado hoy con la mayoría absoluta de conservadores y ultras dos paquetes legislativos que restrigen los derechos de los inmigrantes y crean una policía de extranjería y frontera para acelerar la expulsión de los sin papeles.
La creación de la policía de fronteras era una aspiración del Gobierno de Luís Montenegro, del conservador Partido Social Demócrata, ya en 2024. Entonces no logró entenderse con la extrema derecha de André Ventura, líder de Chega y gran beneficiario de las recientes elecciones anticipadas, donde su formación creció en 268.000 votos y 10 diputados para situarse como segunda fuerza parlamentaria, por delante de un Partido Socialista (PS) en caída libre.
Ahora Chega es ya para Montenegro una “alternativa futura de gobierno” con quien llegar a acuerdos de fondo. El primer ministro aspira a gobernar con apoyos de geometría variable para los que desearía contar también con el PS, según le interese en función de la materia. El nuevo secretario general de los socialistas, José Luis Carneiro, es más proclive a entenderse con la derecha que su antecesor, Pedro Nuno Santos, que dimitió tras la derrota de mayo.
El nuevo escenario ha supuesto que antes de las vacaciones de verano la derecha haya aprovechado para aprobar en comisión —prescindiendo de informes que la oposición de izquierdas considera preceptivos— dos cambios legales de calado; el primero es la modificación de la ley de extranjería. Los cambios endurecen las condiciones para la reagrupación familiar de residentes legales y reservan los visados de trabajo a personas con alta cualificación.
La reforma legal obligará ahora a esperar un minimo de dos años para solicitar la venida de los familiares de quienes hayan obtenido el permiso de residencia. También acaba con las facilidades que tenían los nacionales de países de habla portuguesa para solicitar el visado de trabajo después de haber entrado en Portugal como turistas. Esto beneficiaba especialmente a la importante minoría brasileña y a la más testimonial de Timor Oriental, que no necesitan visado para entrar temporalmente en el país como turistas.
Portugal cerró 2024 con más de 1,5 millones de residentes extranjeros, lo que supone cuatro veces más que en 2017, según datos de la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA), pero la presencia que hoy más molesta a la extrema derecha es la de los trabajadores no cualificados venidos del Indostán —(India, Pakistán, Bangladés, Nepal)—.
Retirada de nacionalidad a delincuentes y dudas de constitucionalidad
La parte más polémica del paquete legislativo de la derecha queda para septiembre, no obstante. Se trata de las alteraciones a ley de nacionalidad, que introduce elementos polémicos como la posibilidad de retirarles la condición de portugueses a los condenados por delitos graves, que lleven aparejadas penas de prisión superiores a los cinco años, durante los primeros 10 años tras recibir la nacionalidad.
Los requisitos para obtener el pasaporte luso también serán más estrictos. Pasará de cinco a siete años el periodo mínimo de residencia legal para quienes quieran solicitar la nacionalidad si vienen de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa —las antiguas colonias— y de 10 para el resto de extranjeros.
El paquete normativa ha suscitado críticas entre insignes constitucionalistas lusos, incluido uno de los padres de la Constitución de 1974, Jorge Miranda, por, entre otros defectos, suponer una quiebra del principio de igualdad porque, tal y como está planteada la propuesta, los cambios serían retroactivos hasta la fecha de presentación del programa de Gobierno, el pasado 19 de junio.
Las modificaciones tienen detractores también en el seno de la derecha tradicional del PSD. El propio presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha manifestado que habrá que esperar a que concluya el debate parlamentario sobre la norma a la vuelta del verano para pronunciarse sobre los posibles defectos constitucionales que entrañe. Rebelo tiene en el horizonte las elecciones presidenciales de enero, en las que aspira a revalidar el cargo.
