Cuánto dinero público recibió cada centro que aplicó el plan de PP y Vox para desmantelar la escuela en catalán

El colegio concertado Aixa Llaüt de Palma ha sido el que más dinero público ha recibido por parte del Govern balear del PP para llevar a cabo el plan de segregación lingüística impuesto por Vox para desplazar al catalán de la escuela balear: 177.223 euros. Según la documentación del Ejecutivo autonómico consultada por elDiario.es, en segundo lugar se situaron los centros Nuestra Señora de Montesión y Juan de la Cierva, ambos en Palma, y Nuestra Señora de la Consolación, en Eivissa, con un total de 151.906 euros.

En tercer lugar, los colegios Nuestra Señora de la Consolación Es Vivero y San Alfonso María de Ligorio, en Palma, y los centros Mare de Déu de les Neus (Sant Josep) y Can Bonet (Sant Antoni de Portmany), ambos en la isla de Eivissa, con 75.953 euros. Por último, Nuestra Señora de la Consolación (Alaró, Mallorca), Santa Mónica y Sant Vicenç de Paül de Sa Vileta, estos dos últimos en Palma, recibieron 63.294 euros. La cantidad de dinero público se repartió en función de las horas lectivas.

La implantación del plan de segregación lingüística en Balears, que PP y Vox llaman “plan piloto voluntario de libre elección de la lengua”, ha sido un fracaso en su implementación para el curso 2024-2025. Pese a que la extrema derecha quería gastar hasta 20 millones de euros tanto en la educación pública como en la concertada y privada para arrinconar el catalán, finalmente solo se destinaron 1,1 millones. De un total de 339 centros de Educación Primaria de las Illes Balears (222 públicos y 117 privados o concertados), solo se sumaron 11 (todos concertados o privados).

Este plan piloto fue una de las exigencias de Vox incluidas en el acuerdo de legislatura de 110 medidas que hizo presidenta del Govern a Marga Prohens (PP) en 2023. Para los ultraderechistas, la “libre elección de la lengua” significa que las familias puedan elegir si sus hijos o hijas estudian en catalán o castellano durante las primeras fases educativas de la enseñanza, así como aumentar el castellano en los colegios e institutos. La mayor parte de la comunidad educativa, en cambio, defiende que se trata de un modelo que segrega al alumnado en función de la lengua.

Ocho centros más el curso que viene

Para el curso 2025-2026 un total de 19 centros —ocho más que el curso pasado— han solicitado adherirse al plan de segregación lingüística. Sant Vicenç de Paül del Coll d’en Rabassa y Nuestra Señora de la Consolación (ambos en Palma); Ramon Llull, de Andratx (Mallorca), y Sa Real, de Eivissa, en la etapa de primaria, los centros El Temple y San José de la Montaña, de Palma, y Nuestra Señora de la Consolación, de Alcúdia (Mallorca), en las etapas de primaria y secundaria, y el colegio Jesús Maria, de Palma, en la etapa de secundaria, son los centros educativos que han solicitado unirse al plan.

La Conselleria de Educación y Universidades no puede cuantificar todavía el coste que tendrá el plan para el curso 2025-2026, según responde en la misma documentación que desglosa el dinero destinado a cada centro para el curso 2024-2025 y que elDiario.es solicitó a través del Portal de Transparencia. PP y Vox aprobaron unos presupuestos la semana pasada que elevan a 21 millones la aplicación y ampliación del plan de segregación lingüística.

En qué consiste el plan

En primaria se ofrece a las familias la posibilidad de elegir las asignaturas de matemáticas y conocimiento del medio en catalán o en castellano. Respecto a la educación secundaria, los centros podrán ofrecer las materias de matemáticas y geografía e historia, así como una asignatura del ámbito científico (biología y geología, física y química o tecnología). En cualquier caso, se debe garantizar que el 50% de las horas lectivas se imparten en catalán, como establece el decreto de mínimos.

Para adherirse al plan, es necesario que haya un 20% de alumnos de cada nivel y etapa educativa que quieran sumarse. Además, los colegios e institutos deben garantizar que disponen de las instalaciones idóneas. Según explicó el conseller de Educación, Antoni Vera, “para hacer los desdoblamientos hace falta espacio”. Por tanto, si los centros no disponen de él, “no podrán adherirse al plan”. Si se trata de un grupo reducido será de un mínimo de cinco alumnos por grupo.

Pese a las críticas de la mayor parte de la comunidad educativa, que señalan que hay “segregación por razones de lengua”, Vera siempre ha rechazado dicha definición. “Esa no es la palabra”, valoró en su momento, apuntando que se utilizarían “las metodologías, que ya están establecidas en la LOMLOE, para hacer agrupamientos flexibles de alumnos o desdoblamientos de aulas”.

Por otro lado, Vera también recordó que aquellos centros educativos que estén conformes con su proyecto lingüístico podrán continuar con él. “No es un derecho de las familias” adherirse al plan, afirmó Vera, sino que el derecho es “poder elegir la lengua de primera enseñanza”. Los resultados del plan, que estará vigente hasta el curso 2027-2028, serán evaluados por el Govern al final del mismo.

La comunidad educativa, en contra

“Podemos calificar los datos como de fracaso rotundo y más todavía ante la insistencia de la Conselleria de Educación de conseguir más adhesiones con la promesa de inversiones millonarias”, valoró recientemente Antoni Llabrés, presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), en referencia que solo ocho centros más se hayan sumado al plan.

En esta línea, la entidad que promueve la lengua catalana ha vuelto a exigir que los recursos previstos en este “despropósito” se destinen a las necesidades más acuciantes de los centros educativos: la mejora y mantenimiento de las infraestructuras, la eliminación de los ‘barracones’, equipamiento y climatización de las aulas, incremento de las plantillas docentes, bajada de ratios, la mejora de la inclusión educativa y las becas, entre otras cuestiones.

En opinión de la OCB, el plan educativo de PP y Vox “no responde a razones pedagógicas, sino exclusivamente ideológicas”, motivo por el que pidieron por carta a todos los centros educativos que no se sumaran a él.

Finalmente, la entidad ha recordado que la Conselleria todavía no ha hecho públicos los datos correspondientes a la evaluación diagnóstica inicial del alumnado de cuarto de primaria de los 11 centros adheridos en la primera convocatoria del plan de segregación, realizada el pasado mes de octubre. La OCB sospecha que la Conselleria no hace públicos los resultados porque reflejan una caída del dominio del catalán a favor del castellano en estos 11 centros concertados. Consultada sobre este tema, la Conselleria afirma que siempre ha dicho que “dará a conocer los resultados de las pruebas una vez finalizado el plan piloto”. “Ahora no hay nada con qué comparar”, añade.

El plan piloto diseñado por PP y Vox generó una ola de indignación en la mayor parte de la comunidad educativa. Más de una treintena de entidades lamentan que la normativa segrega las aulas y que la extrema derecha está intentando “hacer desaparecer la lengua propia de Balears y la cultura de las Islas”.

Hay otras asociaciones, en cambio, como Plis. Educación, por favor y Societat Civil Balear —ambas pertenecientes a la plataforma Escuela de Todos—, que abogan por un modelo distinto, favorable a las ideas de PP y Vox, aunque el documento que presentaron a ambas formaciones —y en el cual se inspira el acuerdo entre conservadores y ultraderechistas— es más ambicioso.

Lo que criticó la mayor parte de la comunidad educativa, precisamente, es que en última instancia son las direcciones de los centros educativos quienes deciden si implementan el nuevo modelo que propone el Govern o mantienen el anterior. “Toda la presión mediática que se pueda recibir, incluso por las familias, será para los docentes. Y esto será un problema. Es una irresponsabilidad del Govern cargar esta responsabilidad a los centros educativos”, valoró Miquel Àngel Guerrero, portavoz de la Federación de Asociaciones de Familias de Mallorca (FAPA), en conversación con este diario.