El Consejo de Cuentas reprocha a la Junta de Castilla y León que destine fondos de digitalización solo a los colegios públicos

El Consejo de Cuentas ha reprochado a la Junta de Castilla y León que destine fondos de digitalización solo a los centros públicos y excluya a los concertados. El órgano fiscalizador considera que la Junta de Castilla y León gestiona así de manera “reincidente” sus fondos para digitalización como en ‘Educa en Digital’, fondos del COVID-19 y REACT-UE, en los que se “dejó al margen” a los concertados a pesar de que el programa estaba dirigido a todos los centros sostenidos con fondos públicos, mientras que 14 autonomías destinaron parte de la financiación a la Educación concertada.

La institución fiscalizadora afea que no se hayan distribuido ninguno de los 300.000 dispositivos móviles entre el alumnado de los centros privados concertados porque ambos están bajo la competencia de las autonomías. El objetivo de estos fondos era la reducción de la brecha digital de acceso por parte del alumnado.

En el curso 2020/2021, 214 centros privados concertados (aproximadamente el 17,52% del total de centros) y 100.005 alumnos de la Educación concertada (aproximadamente el 27,70% del total de alumnos potenciales) fueron excluidos. Además, el programa ‘Educa en Digital’, al que esta actuación complementa, también estaba dirigido a todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, pero solo se destinó a los públicos.

La Consejería de Educación ha justificado esta decisión porque la dotación de material informático a los centros públicos es una obligación legal mientras que la asignación a los centros concertados era opcional. “Los centros de competencia de la Comunidad Autónoma son los centros que gestiona esta Administración de forma directa. Y son de los únicos centros de los que la Administración puede conocer los dispositivos móviles disponibles previamente”, suscribe el ramo educativo.

Según el informe, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana fueron las únicas autonomías que no incluyeron a los centros privados concertados, “incumpliendo” lo acordado en el programa.

Centros concertados con alumnos vulnerables

La Consejería de Educación obvió a ocho centros privados concertados que podían acogerse al programa de digitalización prevé la instalación o actualización de las aulas digitales interactivas porque tenían un porcentaje mínimo del 30% de alumnado vulnerable en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria o Educación Secundaria —como marca la norma— y no fueron considerados como posibles destinatarios.

En este caso, se dio prioridad a los centros públicos a los que no les era de aplicación otro programa de digitalización, considerando que los centros PROA ya contaban con un programa específico. Sin embargo, el Consejo de Cuentas interpreta que las competencias de gestión se extienden a los centros privados concertados, en los que deben incluir en sus presupuestos.

Por eso el Consejo de Cuentas ha recomendado a la Dirección General que incluyan a la concertada en los fondos con financiación nacional o europea destinada a la digitalización, la adopción de medidas que garanticen una distribución equitativa de los recursos. “Esto implicaría superar la práctica actual de destinar la totalidad de los recursos únicamente a los centros públicos, promoviendo así una gestión más equilibrada de los fondos entre todos los centros educativos de la competencia de la Comunidad”, ha reclamado el órgano fiscalizador.

Portátiles para escuelas de infantil

Castilla y León asignó 117 ordenadores portátiles a 25 escuelas de educación infantil (EEI) de titularidad autonómica en contra de los criterios de los fondos. De estas 25, 22 solo imparten educación a niños de 0 a 3 años. “No tiene sentido destinar ordenadores para el uso de alumnos de 0 a 6 años. Y mucho menos a escuelas con alumnos de 0 a 3 años (primer ciclo de infantil)”, afea el órgano fiscalizador, que interpreta que la propia Consejería “admite de algún modo”. La Consejería sí alegó que las escuelas infantiles están dentro de las enseñanzas reguladas por la Ley de Educación, por lo que podían ser destinatarias de los fondos.

Del total, la Consejería entregó 4.370 portátiles de 14 pulgadas a las escuelas de Educación Infantil, los centros rurales agrupados y los colegios públicos, lo que contradice el criterio de la propia Consejería, que había establecido que los portátiles serían más pequeños (11 pulgadas). La Consejería lo consideró una “excepción” para aprovechar mejoras de los precios, pero el órgano fiscalizador lo considera “un error de planificación”.

También se asignaron 59 pizarras digitales, 71 monitores y 64 ordenadores de sobremesa a 36 escuelas de infantil, 31 de las cuales solo atienden a niños de 0 a 3 años, algo que afea el Consejo de Cuentas, que alude a un informe encargado por el Ministerio de Juventud. Este estudio no recomienda utilizar en educación infantil dispositivos digitales individuales, “aunque se permitirá el uso de herramientas didácticas colectivas bajo la supervisión adecuada del profesorado” y que pide evitar “el uso de dispositivos digitales” en el tramo de 0 a 3 años.

Además, se asignaron portátiles a otras estructuras no contempladas como destinatarios en el programa como Centros de Formación del Profesorado e Innovación (CFIE) (173 portátiles a 10 centros), Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE) (241 portátiles a 11 espacios) y equipos de aulas hospitalarias, escuelas hogar, orientación educativa, orientación temprana y la Dirección General de Centros e Infraestructuras. El Consejo de Cuentas cuestionó la elegibilidad de estos gastos para estos centros. Entre otros, no considera un centro educativo a los CFIE, sino un centro de formación: “Los portátiles se habrán asignado a profesores y no a alumnos, a pesar de que el objetivo del PCT es la provisión de, al menos 300.000 dispositivos destinados al aprendizaje de los alumnos”, reprocha.

Sin embargo, la Consejería no estableció “criterios de vulnerabilidad ni brecha digital” de acceso para seleccionar los centros que recibirían los portátiles. “Tampoco estableció un criterio uniforme ni un indicador objetivo para que los centros pudieran identificar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad”, afea el Consejo de Cuentas, que señala cómo cada centro “ha aplicado su propio criterio” para asignar los ordenadores.

18.253 ordenadores portátiles, 13.442 aulas digitalizadas

La Junta de Castilla y León, que recuerda que ha sido la primera en empezar a ejecutar los Fondos Europeos MRR en esta materia, ha superado el objetivo fijado de entrega de material digital. Hasta marzo de 2024 entregó 18.253 ordenadores portátiles y digitalizó 13.442 aulas. Sin embargo, el Consejo de Cuentas critica los criterios para asignar este material e indica que no existe una “pista de auditoría suficiente” para verificar que todos los fondos se destinaron a constituir las aulas digitalizadas.

Sin embargo, el Consejo de Cuentas considera que hubo 109 centros (de 1.007 posibles destinatarios) con 17.688 alumnos que no recibieron dispositivos en ninguno de los dos primeros contratos del programa. La Consejería alega que estos centros habían recibido equipamiento de otros fondos (COVID-19, Educa en Digital, REACT-UE o fondos autónomos), pero el órgano fiscalizador señala que el gobierno no ha facilitado información sobre las necesidades que hayan comunicado los centros ni hay trazabilidad del procedimiento que ha aplicado la Consejería.