La investigación contra Montoro apunta a cinco gigantes del gas industrial

La causa en la que ha sido imputado Cristóbal Montoro apunta a un grupo de altos cargos de Hacienda que durante las tres legislaturas de Mariano Rajoy, supuestamente manipularon leyes para favorecer a un grupo de empresas. Se trata de entidades que facturan cientos de millones de euros cada año y que pertenecen a un sector con poca trayectoria en el mundo de la corrupción política: los gases industriales y medicinales. Las principales empresas gasísticas a nivel nacional están acusadas de contratar al despacho que fundó Montoro en 2006 para engrasar su acceso hasta la Moncloa y conseguir, dinero mediante, cambios legales que bajaran sus impuestos.

El término “gasístico” se asocia, generalmente, a la industria del gas natural y la calefacción, pero también hay empresas que se dedican desde hace más de 100 años a la fabricación de otros gases. Los hay medicinales, como el óxido nitroso, el helio o el oxígeno médico, presentes en ambulancias, quirófanos y hospitales. Y también existen los industriales, como el acetileno, el argón o el nitrógeno, usados en la metalurgia, como refrigerante o incluso para producir bebidas carbonatadas. Desde hace más de tres décadas, la producción de todos esos productos lleva aparejado el pago de impuestos.

El auto que imputa al exministro de Hacienda y buena parte de su equipo más cercano apunta a cómo las cinco principales empresas del sector en España, unidas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), empezaron a moverse en 2013 para beneficiarse de una bajada de impuestos sin tener demasiado éxito. El PP llegó a presentar una enmienda que no prosperó. Las empresas decidieron entonces “cambiar de estrategia”, según el juez, y acercarse lo máximo posible a Montoro para conseguir su ansiada bajada de impuestos.

Los datos de la asociación dimensionan el negocio que buscaba cambiar las leyes fiscales a su favor. Existen en torno a 90 instalaciones en todo el país, más de 200.000 clientes y un total de 3.500 empleos directos. Algunas son filiales españolas de grandes empresas como la francesa Air Liquide, la alemana Messer, la estadounidense Praxair y Abelló (hoy ambas Linde), y la española Carburos Metálicos. Y todas están en el top 10 español del sector con una facturación, en la mayor parte de los casos, de varios cientos de millones al año. Muchas son referencias de la producción de gases a nivel mundial.

Air Liquide, según sus propios datos, tiene más de 66.000 empleados repartidos en 60 países de todo el mundo, ingresando más de 20.000 millones al año. Messer presume de tener casi 12.000 empleados en todo el globo. Carburos Metálicos pertenece al grupo Air Products con más de 250.000 clientes. Linde afirma tener presencia en 80 países. Y en esos años, en España, se jugaban buena parte del pastel de impuestos que pagaban cada año.

“La vía más directa” hasta Montoro

Hacer la guerra por su cuenta no funcionó, explica el juez de Tarragona, y estas empresas del sector del gas dieron con la fórmula del éxito: contratar a Equipo Económico, el despacho que el propio Cristóbal Montoro había fundado en 2006, justamente en uno de los años que pasó en el sector privado desde que José María Aznar perdió el Gobierno en 2004 y Mariano Rajoy lo recuperó, en 2011. El objetivo era que el despacho, plagado de exaltos cargos y futuros altos cargos de Hacienda y gente de confianza del ministro, “hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones”.

El plan, según el juez, funcionó y la AFGIM, que agrupaba a las principales empresas españolas del gas industrial y medicinal llegaron a redactar los textos legales tal cual los querían. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda”, dice un correo interno que cita el magistrado. Los primeros resultados llegaron en 2014, siempre según las sospechas del juez, con la modificación del Reglamento de Impuestos Especiales, que les fue favorable.

El segundo impulso para el que las empresas gasísticas necesitaron a los antiguos compañeros de Montoro llegó en 2018. El Gobierno iba a modificar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y los productores de gas buscaban reducir su factura a la mitad. Tanto lo que pagaban por cada “obrero” como lo que pagaban por kilovatio. La normativa de ese año, efectivamente, les introdujo en el grupo de los que pagaban menos, una tercera parte de lo que abonaban antes.

Los exaltos cargos de Hacienda, de la Agencia Tributaria y los socios del despacho que fundó Montoro no son los únicos investigados en el caso. El auto del juez también apunta a Air Liquide, Praxair, Carburos Metálicos, Abelló Linde y Messer, la mayor parte de las empresas que agrupa AFGIM, y 15 personas más. Entre ellos varios directivos de estas compañías, incluyendo directores generales, de operaciones y jefes de personal, servicios legales y responsables fiscales de las empresas.

El secreto del sumario acaba de levantarse y por el momento está por ver las pruebas concretas que maneja el juez para cimentar sus acusaciones, pero por el momento apunta a los correos electrónicos intervenidos por casualidad en un registro a una de las empresas hace siete años. Según explica el magistrado, en esas comunicaciones hay pruebas de cómo altos cargos de Montoro en Hacienda pedían indicaciones a las empresas gasísticas para elaborar los cambios legales que, finalmente, reducían su factura fiscal.

El nombre de Ernst&Young (EY), una de las mayores consultoras del país, también figura en el auto, pero no como parte del entramado corrupto. Según el juez, las empresas contrataron a Equipo Económico para que facilitara los cambios legales que necesitaban, pero, en paralelo, también contrataron a EY para que hiciese “el trabajo efectivo” que permitiera ocultar que pagaban al despacho fundado por Montoro por trabajos que no se podían poner en una factura. Existió una “abrumadora diferencia” entre lo que pagó a cada una de las consultoras.