El correo que originó el caso Montoro: “La vía directa es pagar a Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro”

Con Cataluña y el resto de España convulsionada por la reciente celebración del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, un grupo de investigación local de los Mossos d’Esquadra en Tarragona se afanaba en seguir haciendo su trabajo. Los agentes investigaban un presunto delito urbanístico relacionado con la construcción y posterior ampliación de una planta de fraccionamiento de aire en El Morell y el día 18 de ese mes pidieron al juez que les autorizase la entrada y registro de dos sedes de la empresa Messer. Lo que encontraron allí supuso el origen del caso que, ocho años después, impugna la política fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy.

En diciembre de 2013, dos directivos de Masser Ibérica de Gases S.A intercambian una serie de correos con el asunto “Oferta de EQUIPO ECONÓMICO”. En uno de ellos, Rubén Folgado explica a Karl Hauck que se ha servido de su puesto directivo en la asociación que representa a las empresas químicas de Tarragona para contactar con “parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid” lo que considera “una discriminación” contra el sector gasístico, aunque advierte de que esa vía “llevará tiempo”. Y entonces añade: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar”.

Los Mossos d’Esquadra extrajeron este y otros cinco correos y presentaron en abril de 2018 al juez sus conclusiones en un informe de su Unidad Central de Anticorrupción al que ha tenido acceso elDiario.es. Las empresas del lobby gasístico no habían conseguido ser incluidas en una Ley, adaptación de normativa comunitaria, para que aquellas cuyo consumo eléctrico suponía más del 50% del coste del producto fueran beneficiadas con una exención de impuestos del 85%.

La Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) no se dio por vencida y recurrió a Equipo Económico, el despacho creado por Montoro en 2006 y del que el ministro de Hacienda se había presuntamente desvinculado. En pocos meses cambió su suerte y La Ley 28/2014 incluyó finalmente que las gasísticas se beneficiaran de la citada exención.

Los investigadores de los Mossos comparaban en su informe al juzgado los servicios prestados por la consultora Ernst & Young (EY) a Messer con los que ofreció Equipo Económico. “EY presentó una propuesta de servicios profesionales completa, concreta y detallada, con una cuidadosa descripción de los servicios y las condiciones generales de contratación, además de la definición justificada de los honorarios, en atención a las horas empleadas por sus profesionales”, escribieron los agentes.

A continuación, el atestado se refiere a Equipo Económico: “Presentó una oferta de servicios que carecía de definición en cuanto al objetivo perseguido. Así, aquella mercantil únicamente hacía mención a los servicios que podía prestar a Messer de forma totalmente generalista y exenta de concreción. Además, no se explicaba el detalle de los aspectos que determinaron los horarios fijados”.

Y concluían que, si a estas circunstancias, se suma el correo de Folgado sobre la relación de Equipo Económico (EE) con Cristóbal Montoro, “es fácil concluir que Messer contrató a EE por las relaciones que los miembros de esta última mantenían con altos cargos de la Administración del Estado, situación que los situaba en una posición privilegiada para interceder con el Gobierno de la nación en defensa de los intereses de las empresas del sector químico asociadas en AFGIM [el lobby gasístico]”.

Los agentes pasaban entonces a estudiar la composición de Equipo Económico y sus vínculos con el Gobierno del PP. Ya en aquel primer informe policial que dio origen a la causa, de abril de 2018, los mossos señalan a Cristóbal Montoro, a su secretario de Estado de Presupuestos Ricardo Martínez Rico y a otras cinco personas vinculadas a Equipo Económico y a los Gobiernos de Mariano Rajoy y José María Aznar, si bien no todos han llegado después a estar imputados por no haber participado en el despacho y/o el Ministerio en el momento de los hechos. Es el caso de, por ejemplo, José Manuel Fernández Norniella, condenado por las tarjetas Black de Bankia, donde fue consejero, antiguo secretario de Estado de Hacienda y consejero de Equipo Económico hasta 2009.

Entra la fiscal García Cerdá: “Son comisiones ocultadas”

Con el atestado en su poder, la fiscal Anticorrupción Carmen García Cerda firmó un escrito en el que apreciaba “pago de comisiones ocultadas bajo la contratación” de Equipo Económico y ya apuntaba, en abril de 2019, la “indiciaria participación en el concierto” del ministro Cristóbal Montoro.

A García Cerdá no se le escapaba la expresión del correo del directivo de Messer “como siempre”, utilizada cuando aludía a la “vía más directa” para conseguir una modificación legal. Seis años antes de que estallara el caso, García Cerdá escribió: “Equipo Económico ha venido siendo utilizada por sus socios, e indiciariamente también por otras personas que participarían de forma velada en el reparto de las ganancias ilícitas de la sociedad, entre los que se encontraría Cristóbal Montoro”.

La consultora, continuaba la fiscal, habría sido “el instrumento que pondría en marcha desde el Ministerio de Hacienda, o desde otros ministerios participantes en los hechos, la maquinaria legislativa para introducir en nuestro ordenamiento jurídico reformas legislativas que favorecerían a empresarios dispuestos a pagar por ello”.

En ese momento, García Cerdá manejaba información del segundo paso de la trama corrupta: los pagos. “Dichos pagos se encubrieron en la contratación de informes de cobertura a Equipo Económico que no serían realizados siquiera por esta sociedad, sino que fueron encargados por las empresas contratantes a otra auditoría distinta, Ernst & Young, que sería la que, ajena a los hechos investigados, haría el ‘trabajo de campo’, como revelan los correos intervenidos en la causa”.

Anticorrupción había consultado a la Agencia Tributaria y había encontrado “salidas de dinero” desde las cuentas de Equipo Económico hacia sus socios y “otras empresas administradas” por ellos. También descubrió “un entramado societario el que terminarían fluyendo los fondos, que está tapando al destinatario o destinatarios finales de los mismos”.

La dinámica y sus presuntos responsables que presentaba la fiscal hace seis años ha sido refrendada por el juez de instrucción, Rubén Rus Vela, seis años después, en el auto de levantamiento del secreto de sumario dictado el mes pasado y que ha trascendido esta semana.

Sin que todavía tengan conocimiento las partes de los 17 tomos y miles de folios que componen ese sumario, se desconoce si el rastro del dinero ha confirmado las sospechas sobre Montoro y sus colaboradores que, en cualquier caso, siguen teniendo la condición de imputados.

Un misterioso y bien informado confidente

En aquel escrito de Anticorrupción hay algo más. Se trata de su punto cuarto. En él la fiscal da cuenta de una carta anónima que había llegado a Anticorrupción dos años antes, en marzo de 2017 que resultó premonitoria. Aquel anónimo describía con precisión la trama de reformas legislativas a cambio de dinero que acababan de descubrir los mossos en los correos electrónicos incautados a la gasística.

La carta, que firmaba alguien que no podía desvelar su identidad por “motivos laborales”, señalaba a un político, Antonio Beteta, que no está imputado en la causa de las gasísticas, y a empresas que, al menos en esta investigación, no aparecen mencionadas, como las constructoras Ferrovial y Abengoa.

“Si solicita el Modelo 347 de declaración de operaciones con terceros de Equipo Económico S.L comprobará que entre sus clientes están importantes empresas con intereses en contratos públicos y en las iniciativas gubernamentales del sector al que pertenecen, como las relativas a la materia energética, primas a renovables…”. Ahí quedó recomendación del anónimo. El sumario resolverá si su denuncia se investigó.