El Gobierno sugiere que hay motivos políticos en el veto de varios países a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE

El Gobierno ha dejado entrever su malestar por la negativa que mantienen varios países de la UE a dar luz verde a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego y ha sugerido que, detrás de la posición de países como Alemania o Finlandia, que son los que más oposición muestran a la inicitativa, hay motivos políticos. Es a lo que ha apuntado el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, a su llegada a la reunión del Consejo de Asuntos Generales en el que España pidió de nuevo introducir el asunto en el orden del día y la presidencia danesa decidió hacerlo únicamente como punto de debate al no ver avances para la votación, que requiere de la unanimidad de los 27.

El enfado del Gobierno se produce después de haber circulado una nueva propuesta en la que deja más claro que España correría con los costes de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, y también profundiza en los argumentos por los que considera que no es necesario llevar a cabo una modificación de los tratados de funcionamiento de la UE, en contra del criterio de los servicios jurídicos de la UE. Para el ministerio de José Manuel Albares, ese documento despeja todas las dudas posibles. Pero no es el criterio de varios países que se mantienen en el ‘no’.

“Nosotros ya hemos resuelto todas las dudas que nos han planteado. Si hay dudas nuevas que las planteen”; ha expresado Sampedro antes de entrar en la reunión en Bruselas. “Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente”, ha acusado el secretario de Estado, que ha emplazado a los estados miembros a pedir a la Comisión Europea o el Consejo de la UE los informes legales o económicos que consideren necesarios. “Espero que lo tengamos listo, inminentemente, porque nosotros hablamos con la Comisión y la Comisión nos dice que han hecho todo lo que pueden hacer”, ha señalado en referencia al documento en el que cifró en 132 millones de euros los costes de la oficialidad de esos tres idiomas.

“Quizá hay otros motivos que explican sus posiciones, pero desde luego no es la falta de información, no es la falta de explicaciones. Y no hay ningún argumento ni económico, ni en términos legales, ni en términos de precedentes que pueda justificar retrasar esta iniciativa”, ha reprochado Sampedro.

“Se trata de terminar con una discriminación. 20 millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países que también tienen las lenguas cooficiales”, ha argumentado el secretario de Estado, que se ha referido a los países que tienen varias lenguas que son oficiales en la UE.

El Gobierno sostiene en su argumentario para convencer al resto de países que la oficialidad del catalán, el esukera y el gallego en la UE es una cuestión de “identidad nacional”. Y para calmar a aquellos estados miembros que temen que se pueda producir un efecto contagio en otros países para ampliar el catálogo de lenguas oficiales, ha presentado el caso español como singular, es decir, ha perimetrado los argumentos para otorgar la oficialidad a requisitos que sólo cumplen esas tres lenguas (como su uso oficial en el Parlamento español, entre otras cosas). En cuanto a las dudas económicas, España se compromete a correr con los gastos que supondría esa decisión.

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