Un juez investiga una denuncia contra dos consejeras andaluzas por no actuar ante los efectos en la salud de gases tóxicos

El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha acordado incoar diligencias previas a raíz de una denuncia judicial de la ‘Asociación de vecinos afectados por tóxicos en Coria del Río’ ante “la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos”. Los habitantes de la barriada Guadalquivir afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de una gasolinera formalizaron ante los juzgados hace unas semanas una nueva denuncia por la vía penal contra diferentes cargos de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía a los que atribuyen diferentes presuntos delitos. Entre las denunciadas están las consejeras de Salud, Rocío Hernández, y su predecesora y actual titular de Medio Ambiente, Catalina García, así como la exdelegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En un auto de 30 de junio, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, el juzgado abre una investigación ante “la posible existencia de un delito de contra la ordenación del territorio y medio ambiente”. La primera y única diligencia que acuerda practicar es remitir las actuaciones a la Fiscalía especializada en Ordenación Territorial “a fin de que informe sobre el fondo del asunto” y diligencias procedentes a practicar, en su caso. Los delitos denunciados son los de prevaricación por omisión, omisión del deber de socorro, lesiones imprudentes o dolosas y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El argumento de los vecinos afectados es que la administración sanitaria habría incurrido en una supuesta “inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos”. Ya a finales del año pasado, en el marco de la causa que sigue un juzgado de Coria, que en primera instancia archivó el caso, la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla remitió un informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado en el que se hablaba del “peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas”.

El caso viene de muy atrás. En los últimos años, la AAVV ha presentado estudios de casos por calles, simulado vertidos ante las delegaciones de Medio Ambiente, y exigido una y otra vez participar en la toma de decisiones administrativas. Sin éxito. El caso también ha sido denunciado por Ecologistas en Acción, que lleva desde 2018 acompañando a los vecinos y alertando del efecto acumulativo de los contaminantes. Su diagnóstico es claro: la gasolinera no retiró los tanques en mal estado hasta 2024, y la tubería del colector que pasa por debajo de la estación sigue filtrando sustancias tóxicas. El informe de la Junta de agosto de ese mismo año reconoce que no se han delimitado bien los suelos afectados ni realizado correctamente los controles de seguimiento.

La letrada Sara Domínguez, de In Diem Abogados y representante legal del colectivo de afectados, desvincula el caso de los pozos negros de la afección a los ciudadanos que ahora investigará el juzgado de Sevilla, aún en fase inicial. La abogada explica a este periódico que en la denuncia se alude a las lesiones por omisión por parte de los responsables sanitarios y a la prevaricación omisiva por la inacción o la falta de actuación de un funcionario público cuando este tenía la obligación legal de actuar.

“Solo saben callar y callar”

Rogelia es una de las pocas que ha conseguido un diagnóstico médico claro: “recomendación de abandonar el domicilio por riesgo de exposición a sustancias tóxicas”. Una recomendación que dice no poder permitirse cumplir. Lamenta a este periódico que los altos cargos denunciados “han mirado para otro lado” y no entiende “por qué no se hace lo que se tiene que hacer”, como hacer “un estudio epidemiológico que Catalina García nos prometió que se iba a encargar”.

Esta vecina lamenta que los responsables del SAS “solo saben callar y callar” y que “la gente del barrio se está muriendo” en circunstancias extrañas: “tres muertes súbitas en el último mes y medio”. “Esto es una película de terror”, añade tras años de denuncias. Asegura que 138 personas están siendo tratadas en el Hospital Virgen del Rocío por afecciones compatibles con la exposición a los gases. Tres de las personas denunciadas tienen o han tenido responsabilidades en el centro sanitario: Manuel Molina, antiguo gerente y desde febrero delegado territorial de Salud en Sevilla; Jorge del Diego Salas, exdirector general de Salud Pública; y Manuel Ollero, jefe del servicio de Medicina Interna.

La barriada del Guadalquivir volvió al centro del debate la pasada primavera tras una respuesta por escrito del Gobierno central a una pregunta parlamentaria de Vox, aclarando que las competencias recaen sobre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Aquella afirmación coincidió en el tiempo con la constitución de un grupo de trabajo promovido por la Junta en cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz hace más de un año.

Esa mesa, que cuenta con representación de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, las empresas de abastecimiento de aguas y saneamiento Emasesa y Aljarafesa y las consejerías implicadas —Sostenibilidad, Salud, Industria y Agricultura—, arrancó sin incluir a los principales afectados, los vecinos, ni tampoco se incluyó a colectivos ecologistas.