Ángeles Vázquez, la conselleira gallega de Medio Ambiente, enfrentada a los defensores del medio ambiente

El último de los incendios que la conselleira de Medio Ambiente provocó tras intervenir en las redes sociales se refería a unos bidones con residuos nucleares. A 220.000, en concreto, depositados en la Fosa Atlántica, a unos 700 kilómetros de la costa gallega, desde hace más de 30 años. Fue precisamente un barco gallego, el Xurelo, el que inició las movilizaciones para detener los vertidos –responsabilidad de Gran Bretaña, Holanda, Francia o Bélgica–, prohibidos desde 1992. La historia emerge periódicamente y la última vez que lo hizo, el mes pasado, Ángeles Vázquez no se resistió a intervenir. “No es de recibo que nos tengamos que enterar por la prensa de un asunto tan sensible como la presencia de material peligroso ante nuestra costa”, escribió en su cuenta de X. El jolgorio digital alcanzó tal calibre –los hechos son de conocimiento público y notorio– que se vio obligada a autoenmendarse y asegurar que se había tratado de una redacción desafortunada, que cómo no iba a saber de los bidones. Y continuó con uno de sus deportes políticos favoritos, cargar contra el Gobierno central.

Pero las de los bidones no fueron, ni mucho menos, las únicas declaraciones estridentes de la conselleira. Tampoco fue su único intento de convertir en munición contra Sánchez, con motivo o sin él, cualquier sucedido público. La encarnizada batalla que su departamento ha emprendido para autorizar la caza de lobos en la comunidad y sortear las restricciones del Ejecutivo central y la sentencia del Tribunal Superior la ha llevado a desdeñar al Defensor del Pueblo –que recurrirá la desprotección al Tribunal Constitucional. También ha prometido que no se quiere deshacer del lobo. “Si seguimos así nos vamos a deshacer de los ganaderos y de otras especies”, dijo. Mientras, los expertos consideran la posición de la Xunta “ideológica, sin basarse en el mejor conocimiento científico o en datos”.

Serafín González, de la Sociedade Galega de Historia Natural, lamenta esa inquina contra el lobo y la contrasta con la dejadez en la protección de especies amenazadas o en peligro. Apenas hay planes de conservación de las especies vulnerables –119 catalogadas– ni de recuperación para aquellas que están en peligro –74. Cuando la organización de González propuso en el Observatorio Galego da Biodiversidade, órgano consultivo de la Consellería de Medio Ambiente, incluir la camariña –una planta costera antaño abundante– en el catálogo de especies amenazadas, hubo unanimidad para hacerlo. La Xunta no quiso. “No existe colaboración ni diálogo”, señala, algo sobre lo que coinciden otros activistas ecologistas consultados por elDiario.es. “No nos recibe, no contesta a las cartas que le enviamos, no dialoga”, dice Manu Santos, coordinador en Galicia de Greenpeace, “después se extraña de la parálisis eólica o de la respuesta a Altri. No escucha”.

Ángeles Vázquez (Melide, A Coruña, 1972) asumió Medio Ambiente en el penúltimo mandato de Feijóo. Antes había sido conselleira de Medio Rural y, entre 2011 y 2015, alcaldesa de su localidad natal por su partido, el PP. Ahora gobierna Melide una candidatura independiente de izquierdas. Alfonso Rueda la ascendió a vicepresidenta de la Xunta durante su interinidad tras el repentino salto de Feijóo a Madrid para defenestrar a Pablo Casado, pero la degradó cuando obtuvo, el año pasado su primera mayoría absoluta. “Dirige uno de los departamentos más críticos del Gobierno gallego, del que dependen un montón de asuntos transversales”, aduce Santos, “y no está suficientemente formada”. Su función de ariete político contra oposición, Gobierno central y ecologistas lo cumple, sin embargo, con dedicación.

“Hay partidos que ladran e incluso muerden”

“Nadie bebe agua directamente del río”, fue su respuesta a la preocupación ciudadana por los hipotéticos vertidos al río Ulla de un proyecto como el de la macrocelulosa de Altri. La expresó ante los medios de comunicación 24 horas después de que 600 barcos y decenas de miles de personas protestasen en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). No era la primera manifestación contra la iniciativa de la multinacional portuguesa –la asistencia a las de Palas de Rei y de Santiago de Compostela fue histórica– ni tampoco la primera vez que Vázquez las despreciaba. “Dejen de manipular la información. Aquí hay partidos que ladran e incluso muerden”, respondió desde los micrófonos de la Radio Galega a las de nuevo decenas de miles de personas que habían desfilado por la capital gallega contra la idea de instalar una pastera en A Ulloa (Lugo). Que nadie espere matices medioambientales de la consellería del ramo: la propia titular pasó meses anunciando que los informes “técnicos” del Gobierno autonómico iban a ser positivos y finalmente lo fueron. La Xunta aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto, pero el Gobierno central le ha negado fondos europeos de descarbonización.

Manu Santos entiende, en todo caso, que la gestión del departamento en “los dos grandes temas”, cambio climático y biodiversidad, deja mucho que desear. El anteproyecto de Lei do Clima inició su tramitación a mediados de 2023 y “nada se sabe de él a estas alturas”. La reducción de gases de efecto invernadero es real, admite, pero no se debe a la acción gubernamental, pese a que Váquez y su presidente, Alfonso Rueda, presumen de ello. Lo explica con detalle Xosé Veiras, del Observatorio Galego de Acción Climática: “Bajaron, es cierto, pero se debe al cierre de las dos centrales térmicas, Meirama y As Pontes, que eran fábricas de cambio climático y emitían un tercio de los gases de la comunidad”. Veiras recuerda, además, que la clausura de las térmicas la decidió Europa y que el Partido Popular –y no solo– estaba en contra. “Pero omite todo este contexto cuando se ufana de la reducción de emisiones”, añade.

La mitigación del cambio climático no parece encontrarse entre las prioridades de la consellería. Según Veiras, esto pasa por potenciar las energías renovables y por la electrificación de los usos finales de la energía. “Va muy, muy lento”, considera, “mantiene una posición pasiva y no establece objetivos ambiciosos”. Al igual que Santos de Greenpeace, denuncia el alto nivel de inconcreción de la Axenda Enerxética 2030 y la “incompetencia” en el impulso de las renovables, “que está provocando hostilidad social contra la energía éolica”. “No es solo responsabilidad de la Xunta”, advierte, “pero sí una parte importante, por no saber ordenar ni tener sensibilidad social”.

Último parque natural en 2002

Galicia es la comunidad del Estado con menos territorio en Rede Natura. Hubo dos planes para ampliarla. Infructuosos. Es más, en una de esas zonas de ampliación es donde se encuentra la parcela en la que Altri pretende instalar su macrocelulosa. “La propuesta de ampliación de Rede Natura data de 2008 [durante el bipartito]. Feijóo la recortó en 2011 y lleva ya 14 años durmiendo en un cajón”, hace memoria Serafín González, de la Sociedade Galega de Historia Natural. A esta circunstancia suma la problemática de los parques naturales. En Galicia hay seis, el último, el de la Serra da Enciña da Lastra (Ourense) fue declarado en 2002, lamenta Santos. Y González critica que la Xunta haya establecido límites a nuevas declaraciones, al exigir un mínimo de 5.000 hectáreas. “En muchas ocasiones, por ejemplo en lo relativo al lobo, ojalá la conselleira fuese un cero a la izquierda. Sería mejor”, concluye.