La amnistía y la OPA de BBVA y Sabadell rompen el idilio de Pedro Sánchez y la Comisión Europea

No ha sido una buena semana para el Gobierno de Pedro Sánchez en la UE. El presidente siempre ha encontrado en la agenda europea y en su sintonía con Ursula von der Leyen, acostumbrada a agradar a los jefes de Gobierno, que es al final con los que tiene que negociar cada propuesto u orientación que sale de la Comisión Europea. Desde que llegó a Moncloa, Sánchez siempre ha encontrado oxígeno en Bruselas, que ha puesto a España en numerosas ocasiones como el alumno aventajado en materia económica y, en su momento, también en la implementación del plan de recuperación de la pandemia, pese a las dudas que sembraba el Partido Popular.

Incluso con la mayor ofensiva de la derecha en Bruselas, donde intentaron doblegar a los socialistas con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ejecutivo encontró una cierta empatía por parte del gobierno comunitario, que evitó posicionarse más allá de alertar de las consecuencias del bloqueo en sus informes sobre el estado de derecho. Al final, la Comisión Europea actuó de árbitro en una inédita mediación para que PSOE y PP renovaran el organismo, que llevaba con su mandato caducado casi cinco años.

Para entonces, el PP ya había iniciado una campaña en la UE contra la amnistía al procés en la que de nuevo intentó un posicionamiento en contra de la Comisión Europea, que ha evitado pronunciarse durante todo este tiempo. Más allá de decir que haría una evaluación de esa normativa, el silencio ha imperado tanto antes como después de su aprobación el 30 de mayo de 2024.

Hasta ahora. La Comisión Europea ha tenido que pronunciarse en el marco de las prejudiciales que se analizan en el Tribunal de Justicia de la UE a instancias de los tribunales españoles. El gobierno comunitario avaló la amnistía en tanto en cuanto que descarta que haya afectado a los intereses financieros de la UE y tampoco entra a cuestionar si el olvido penal de los delitos de terrorismo por los que están acusados los CDR vulneraría la directiva europea sobre ese asunto. Sin embargo, introdujo una crítica política al asegurar que la medida era una “autoamnistía”.

En la vista celebrada el martes, el representante de la Comisión Europea reprodujo inicialmente los argumentos que los servicios jurídicos habían planteado en las observaciones por escrito. “No parece que la Ley Orgánica de Amnistía [LOA] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, fue uno de los argumentos del letrado, Carlos Urraca Caviedes, que como hizo el documento del gobierno comunitario también apuntó a la “división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española” que, a su juicio, ha provocado la amnistía.

Pero el abogado, miembro de los servicios jurídicos de la Comisión Europea experto en materia de competencia, fue un paso más allá en su última frase tras ocho horas de sesión: “La Comisión Europea cree que en último término este asunto suscita una cuestión importante: si es compatible con los valores de la Unión Europea conceder amnistía a cambio de apoyo para la investidura de un gobierno –planteó–. La Comisión Europea cree que la respuesta tiene que ser negativa”.

La gran pregunta que planea sobre la Comisión Europea es por qué en un año no ha abierto un procedimiento de infracción contra España si considera que la normativa va en contra de los valores europeos y contra el estado de derecho.

Está por ver si la argumentación política influye en los jueces de Luxemburgo, que tendrán que determinar el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. En el Gobierno están convencidos de que el TJUE avalará la amnistía y señalan a un funcionario de la órbita del PP, que era el jefe de los servicios jurídicos, como el instigador de los comentarios más políticos recogidos en la posición de la Comisión Europea sobre la amnistía. No obstante, tras la elaboración del informe, Daniel Calleja fue designado jefe de la oficina de la institución en Madrid y fue uno de sus subalternos el responsable de defender la postura comunitaria.

Bruselas quiere vía libre a la fusión BBVA-Sabadell

El segundo revés llegó 48 horas después y también vinculado a posición del Gobierno compleja ante la presión de sus socios independentistas: las trabas a la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por las leyes en las que se basó para poner condiciones a esa operación.

El ejecutivo comunitario considera que las normas españolas permiten al Gobierno extralimitarse en el control de las operaciones o concentraciones empresariales. En el caso de la compra de Sabadell por BBVA, en Bruselas consideran que sólo el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales de Competencia (CNMC) deberían haberse pronunciado y cuestiona que la decisión se elevara al Consejo de Ministros, que puso condiciones extra, como la prohibición de que haya una fusión efectiva de las dos entidades en tres años.

El apercibimiento se produce tras un diálogo entre la Comisión Europea y el Gobierno de España que se ha prolongado durante casi un año, a raíz de las dudas que expresó Bruselas sobre las normas españolas en las que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, basó su capacidad de veto a la operación. El Ejecutivo optó por condicionar la OPA, desoyendo las advertencias que, finalmente, se han convertido en un expediente formal. Ahora España tiene un plazo de dos meses para “subsanar las deficiencias”, que básicamente pasan por cambiar las leyes de las que se ha servido el Gobierno para tratar de torpedear la operación. Por el momento, en el Gobierno se limitan a decir que cumplirán con ese plazo y que la normativa “lleva bastantes años vigente y se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones”.

El expediente de Bruselas supone un varapalo a los argumentos que había utilizado el Gobierno contra una operación que no gusta a sus socios catalanes y refuerza la artillería del BBVA contra las trabas puestas por el Ejecutivo, aunque el procedimiento de infracción, en caso de llegar a último término, tardará meses en resolverse. Y la Comisión Europea no interviene directamente en la operación en sí, pero la decisión es un golpe para el Gobierno, acostumbrado hasta ahora a la buena sintonía con Von der Leyen.

El fracaso de la oficialidad del catalán

Ya para acabar la semana, el Gobierno se ha topado de nuevo con el rechazo de un puñado de países a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Alemania, Italia, Croacia, Austria, Suecia, Finlandia y República Checa son los que más claramente han expresado sus dudas respecto a la propuesta española, que parte del acuerdo de Pedro Sánchez con Junts y ERC de cara a la investidura. Esos países, a los que se suman de forma más ambigua otros, como Francia, que también ha reconocido que se deben solventar “preocupaciones” legales, financieras y prácticas respecto a la posible implementación de esa medida.

El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, que a priori estaría dispuesto a apoyar la iniciativa, ha afeado a España que plantee ese debate en este momento. “Comprendemos que para la gente de España y para el multilingüismo y las tradiciones es muy importante. Pero el momento no es el correcto”, reprochó en declaraciones a los periodistas. El mensaje ya se lo había hecho llegar a las autoridades españolas.

El Gobierno se ha revuelto contra esos países y ha elevado el tono al asegurar que “no pueden secuestrar o retrasar los debates innecesariamente”. Lo que sostienen en el Ministerio de Exteriores es que, con el último documento que han circulado entre los 27, ya se despejan todas las dudas que puede haber al respecto. Sin embargo, tanto los servicios jurídicos del Consejo de la UE como varias capitales cuestionan que la propuesta española se pueda resolver de forma sencilla y apuntan a la necesidad de reformar los tratados de funcionamiento del club comunitario. “Nosotros ya hemos resuelto todas las dudas que nos han planteado. Si hay dudas nuevas, que las planteen”, afirmó el secretario de Estado, Fernando Sampedro, antes de la reunión con los responsables de Asuntos Europeos este viernes.

“Quizá hay otros motivos que explican sus posiciones, pero desde luego no es la falta de información, no es la falta de explicaciones. Y no hay ningún argumento ni económico, ni en términos legales, ni en términos de precedentes que pueda justificar retrasar esta iniciativa”, dijo sugiriendo que hay motivos políticos detrás de ese bloqueo en línea con la posición que mantuvo Junts a finales de mayo, cuando se aplazó la decisión sobre la oficialidad por el veto de una decena de países y Carles Puigdemont señaló al PP de Alberto Núñez Feijóo por maniobrar contra la iniciativa ante los gobiernos de su familia política.