Luis Acayro Sánchez: el polémico juez inhabilitado tras instruir 20 casos de corrupción urbanística en ‘la Marbella del Norte’

Luis Sánchez llegó del sur con el acento suave de Tenerife, una carrera de Derecho que estudió en tres idiomas entre Las Palmas de Gran Canaria, Alemania e Italia, y una afición por la natación que le ha hecho ganar medallas. Al norte de ese océano de infancia, en las aguas del mar Cantábrico, recibió otro bautismo: el juez Acayro. Su segundo nombre guanche que está enhebrado a la polémica que despertó su instrucción judicial en la también rebautizada popularmente como ‘la Marbella del Norte’: la localidad cántabra de Castro Urdiales en la que aterrizó en 2007 y en la que tres años después ya había metido en la cárcel al alcalde.

Luis Acayro Sánchez Lázaro (La Laguna, 1976) llegó a Cantabria con 30 años y cinco de experiencia como juez. Tramitó 24.000 asuntos en cuatro años. “En el 99,9 por ciento no tuve ningún problema, pero las 20 causas de corrupción me supusieron que perdí la cuenta cuando llegaron a 30 expedientes disciplinarios y diligencias informativas, y cinco querellas”, explicó en una ocasión.

Ahora, 18 años después, ha perdido su condición de magistrado después de una sentencia del Tribunal Supremo también polémica, como todo lo que le rodea. El Alto Tribunal ha doblado la pena de cinco años que le impuso en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) al considerar que solicitó información en perjuicio de un abogado sobre los contratos menores que mantenía con el Ayuntamiento de Castañeda, unos hechos que se produjeron en 2018.

El afectado, José María del Real, es un abogado vinculado a asuntos urbanísticos que ya había tenido contacto con el juez cuando instruía casos de corrupción en Castro Urdiales. El letrado se quejó al Colegio de Abogados de Cantabria, que inicialmente no atendió el caso. Pero tres años después cambiaron de opinión. Se desconoce qué motivo indujo a ello. La cuestión es que la institución colegial recuperó esa denuncia y Colegio y letrado presentaron conjuntamente una querella contra Luis Acayro Sánchez por prevaricación que ha provocado el fin de su carrera judicial. A menos que el recurso que ha anunciado ante el Tribunal Constitucional anule o suavice la condena, que no se tomó por unanimidad.

Votos particulares

El veredicto del Supremo también está generando polémica en los estamentos judiciales. La decisión se tomó por tres votos contra dos. Los tres magistrados favorables a la condena fueron el magistrado y exsenador del Partido Popular Vicente Magro, Ana María Ferrer y Andrés Martínez Arrieta. Otros dos, Antonio del Moral y Leopoldo Puente, emitieron votos particulares que defendían su absolución.

Pero en sus argumentos fueron más allá: consideran que no se pueden manipular o retorcer los hechos probados. Menos aún –precisan– en perjuicio del acusado, sin presenciar la prueba ni haber visto la grabación del juicio, lo que supone un cierto tirón de orejas a la opinión de sus compañeros de toga: “La mayoría introduce en su razonamiento algún salto acrobático alterando la apreciación probatoria”, escriben textualmente en las motivaciones de su voto contrario a la sentencia contra Acayro que desarrollan a lo largo de 15 folios.

La llegada a Castro Urdiales

Detrás del final del juez que luchó contra la corrupción urbanística hay una historia que empieza cuando accedió con 25 años a la carrera judicial. Se estrenó en un juzgado de Barakaldo y después pasó a Menorca donde, en Ciutadella, instruyó otra polémica investigación sobre las irregularidades urbanísticas en los ‘hortals’ donde al parecer había más piscinas que albercas y cuya regularización, en muchos casos, todavía sigue pendiente.

Acayro Sánchez llegó a Castro Urdiales en 2007 como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 con funciones de violencia de género. Los juzgados de Cotolino están junto al mar, un Cantábrico que salpica de bruma y aroma las ventanas. Allí comenzó todo.

Vista panorámica de Castro Urdiales.

Tres circunstancias que confluyen en el tiempo detonaron una instrucción mayúscula que generó continuos titulares en la prensa: un interventor municipal escrupulosamente riguroso, Fernando Urrutiucoetxea; una investigación del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento y la denuncia del alcalde de la pedanía de Santullán sobre unos terrenos.

A ello se une el carácter de un juez instructor meticuloso hasta rozar la obsesión, según sus detractores. Riguroso, exhaustivo y valiente, dicen otras voces. Su exceso de celo –tercian algunos– ha contribuido a su caída. En realidad todo se precipitó y se complicó cuando empezó a investigar lo que derivó en una macrocausa con 20 casos vinculados a la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Castro Urdiales en los que estaban implicados políticos, funcionarios, constructores y promotores inmobiliarios. Era una de las localidades donde la construcción había eclosionado y se habían acelerado desarrollos urbanísticos de forma intensa en las últimas décadas. Su población había crecido exponencialmente sobre todo gracias a los vecinos llegados desde el País Vasco.

Acayro aterrizó sin saberlo en una localidad apodada en aquellos años como ‘la Marbella del Norte’ por los numerosos casos de especulación urbanística ligados a delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos, entre otros, que se dieron en los años de la burbuja inmobiliaria.

En aquel tiempo había un centenar de políticos implicados en casos de corrupción en Cantabria, según datos del Consejo General del Poder Judicial. En su memoria de 2013 la Fiscalía cántabra advirtió de “un estado delictivo generalizado en Castro Urdiales desde 1999”. Alcaldes, exalcaldes y concejales imputados de todas las siglas. Hasta el punto de que se acercaban las elecciones y el PSOE no se atrevía a ratificar a sus candidatos en Laredo y Castro a la espera de si se resolvían favorablemente o no los cargos que les imputaba Acayro.

Encarceló al alcalde de Castro

El punto álgido fue cuando metió en la cárcel al alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, un tránsfuga que había sido expulsado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) que lidera el televisivo Miguel Ángel Revilla. Fue en el contexto del caso La Loma, uno de los más sonados. La Junta Vecinal de Santullán había denunciado a la empresa Sacyr Vallehermoso por construir parte de una urbanización de viviendas sobre 3.000 metros cuadrados de suelo rústico pertenecientes a la pedanía. Acayro retiró las competencias de urbanismo al alcalde, pero este seguía tomando decisiones, así que aceptó la petición de prisión comunicada sin fianza que pidió la Junta Vecinal.

La fotografía del alcalde entrando por la puerta de la prisión de El Dueso, en Santoña, sacudió a la opinión pública y empezó a generar una animadversión y temor de la clase política, empresarial y social hacia el juez. Los recelos se extendieron al propio estamento judicial, que lo veían como un juez ‘estrella’. Después de 20 días en la cárcel, con los vecinos manifestándose en la puerta, la Audiencia Provincial corrigió al magistrado y dejó en libertad a Muguruza. Era un órgano entonces presidido por José Luis López del Moral, ahora presidente del TSJC, y un magistrado que en varias circunstancias posteriores ha estado enfrente de Acayro.

También tropezó con la cúpula política autonómica cuando imputó al exconsejero de Urbanismo, Vicente Mediavilla (PRC), en 2015, acusado de prevaricación y cohecho. El entonces delfín de Revilla que había presentado incluso como aspirante a la Alcaldía de Santander. Acayro sospechaba que desde su posición en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) podría haber beneficiado a un constructor primo suyo en la construcción de 80 viviendas en la zona de Santa Catalina, también en Castro Urdiales, a cambio de un coche de gama alta. El famoso Lexus, cuya sospecha ensombreció la campaña electoral de Mediavilla.

Todo quedó en agua de borrajas. Poco antes de cambiar Castro Urdiales por el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Santander, Acayro Sánchez lo imputó. Su sucesora archivó el caso. Después de aquello, Mediavilla accedió a la carrera judicial por el turno de juristas de mérito en 2019 después de haber ejercido como consejero de Justicia en Cantabria tras la asunción de competencias. Tres años después empezó a ejercer de letrado en el Tribunal Constitucional a donde, unos meses antes, había llegado también como magistrado César Tolosa, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El primer juicio contra el juez

Las instrucciones urbanísticas complicaron extraordinariamente la vida de Acayro. De hecho, este no es el primer juicio al que se ha enfrentado como acusado. Un promotor de Castro Urdiales, Jon Loroño –con quien llevaba seis años enfrentado en los juzgados– lo sentó en el banquillo por haber remitido al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial su certificado de antecedentes penales, después de que este le hubiese denunciado. Lo juzgó en Cantabria el Tribunal Superior de Justicia, presidido precisamente por José Luis López del Moral, que lo condenó a un año y tres meses de cárcel y tres años de inhabilitación, aunque posteriormente el Tribunal Supremo le absolvió.

Esta vez, la segunda querella contra la que batalla el juez, no ha tenido de momento final feliz. También fue López del Moral –con un pasado político como exdirector general de Justicia en la Comunidad de Madrid entre 2001 y 2003– el encargado de dictar sentencia, aunque esta vez no ha sido corregido a la baja por el Supremo, sino al alza: le ha doblado la pena impuesta, que pasa de cinco a diez años de inhabilitación.

Hay un episodio previo que les relaciona: Acayro Sánchez y López del Moral habían competido por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. El consejo de los jueces eligió al segundo por 19 votos. Los otros dos fueron en blanco. Ningún magistrado escribió el nombre de Acayro, quien recurrió el nombramiento porque, entre otras cuestiones, se tomó de acuerdo a un informe sobre él que aludía a “problemas habidos en su etapa de titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales, donde se produjeron muchas incidencias con los abogados en las macrocausas”.

En paralelo se gestó la querella del Colegio de Abogados de Cantabria contra Acayro. La institución recuperó una antigua queja de un abogado y contrató a la penalista Carmen Sánchez–Morán, a quién hace tres años el Gobierno de Miguel Ángel Revilla (PRC) nombró presidenta del Consejo Económico y Social de Cantabria.

Esa querella por prevaricación judicial también la tramitó el propio López del Moral, mientras mantenía la disputa con el acusado por la Presidencia del TSJC. Esto provocó que Acayro lo recusase –sin éxito– ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo que entonces presidía César Tolosa. Un sudoku en el que siempre se repiten los mismos nombres. No obstante, no se apreció conflicto de intereses. López del Moral fue uno de los tres ponentes de la sentencia que condenó al juez de Castro.

Juicio mediático

Acayro Sánchez considera ahora que en todo este proceso se suma una circunstancia más: que se ha visto sometido a un duro juicio público que achaca, en parte, a los intereses de “cierta prensa”. En concreto, alguna vez se ha referido a un medio de comunicación “dominante” en Cantabria presidido por un abogado [alude sin citarlo expresamente a Luis Revenga, también exdecano del Colegio de la Abogacía de Cantabria y presidente del Consejo de Administración de El Diario Montañés] que “es el abogado de los investigados por corrupción en Castro Urdiales, por lo que se da un conflicto de intereses”, según sus palabras. Las presiones se consiguen “instrumentalizando la prensa”, subrayó Acayro en una ocasión: “Si alguien me quería denunciar, iba a un medio de comunicación con una denuncia falsa”.

Puso el ejemplo de uno de los exconcejales de Castro Urdiales, José Miguel Rodríguez López, acusado y condenado por corrupción. Este político, conocido como KyK, dirigió una carta al abogado citado anteriormente preguntando si el entonces consejero de Presidencia (Vicente Mediavilla) y el entonces presidente del TSJC César Tolosa (hoy magistrado del Tribunal Constitucional), podrían influir sobre el juez Acayro para no verse perjudicado en las cercanas elecciones municipales. Una carta que publicó El Mundo en 2014.

“No todo son denuncias ni querellas, también está el fango”, argumentó el afectado al referirse a esta cuestión: “Hay que desprestigiarlo, ir a por él, cuestionar su trabajo, hay que transmitir ‘este es raro’, esa es la clave. Ellos se saben muy fuertes”, aseguró.

El juez siempre ha mantenido un escrupuloso silencio ausente de declaraciones públicas. Quizá solo en una ocasión se ha pronunciado con dureza sobre su trabajo en Castro Urdiales. Fue en un foro de la Universidad Complutense de Madrid con ocasión de su participación como ponente en la mesa ‘Problemas en la instrucción de causas de corrupción’ junto al abogado Andrés Herzog, personado en las causas de Bankia y las tarjetas black.

Allí dijo que “la politización de la justicia está legalizada” y que eso influye en la investigación de las causas de corrupción “porque no te dan medios y se permiten presiones”. “Solo se ha visto la punta del iceberg y hay mucha más corrupción de la que los ciudadanos se imaginan”, concluyó en ese foro. “Yo he sufrido presiones brutales, pero no he dejado de hacer lo que en conciencia y con la ley en la mano debía de hacer”, confesó entonces. “Lo compartía con mis amigos y familiares y me decían que esto no es normal”.

Acayro Sánchez se trasladó al Juzgado de lo Contencioso número 2 de Santander tras su tormentosa etapa en Castro Urdiales. “Tampoco se puede vivir enfrentándose al sistema porque pasa su factura”, justificó. Abandonó el juzgado de la localidad castreña, pero los coletazos judiciales de aquella época lo han perseguido siempre.

Para entonces había alcanzado una enorme notoriedad pública, aunque nunca ha habido consenso en los juicios públicos sobre él. Para algunos es un mal juez que se deja llevar por sus impulsos y para otros una especie de ‘quijote guanche’ incorruptible que no se arruga al hacer su trabajo. Un medio local llegó a hacer una encuesta sobre su persona: ganaron por poco los partidarios del juez frente a sus detractores. También es un profesional inquieto, con aspiración de contribuir a mejorar la justicia. Durante la pandemia fue el primer juez de España que celebró un juicio telemático, una iniciativa que le dio notoriedad nacional e internacional hasta convertirse en noticia en The New York Times.

Macrojuicio de ‘La Loma’ de Castro Urdiales.

42 condenas y el polémico caso ‘La loma’

A lo largo de los años se fue desentrañando la madeja de sumarios que tejió a orillas del Cantábrico. De los 20 casos instruidos prosperaron once que derivaron en 42 condenas, 85 absoluciones y un encarcelado por malversación: Javier Eguren, un alcalde pedáneo. La mayoría de las penas han sido inhabilitaciones por prevaricación administrativa.

En algunos procesos en los tribunales se dieron circunstancias curiosas. La mayor causa por corrupción urbanística instruida en Cantabria, el caso ‘La Loma’ de Castro Urdiales, ocupaba 101 tomos y más de 57.500 folios: recalificación de 300.000 metros cuadrados de suelo rústico, sobornos, prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental, cohecho y estafa.

Un cóctel en el que estaban imputados medio centenar de personas entre políticos, constructores y funcionarios para los que se pedían 200 años de cárcel en total. El primer día de juicio la Fiscalía decidió por sorpresa retirar la acusación contra 39 de los 45 imputados. La vista se suspendió y quedó pendiente de un nuevo escrito de acusación. En él desaparecieron sin justificación tres delitos de malversación de fondos públicos, cuatro de falsedad documental, uno de infidelidad de custodia de documento público y otro contra la ordenación del territorio.

Acayro Sánchez ha ganado varias medallas en competiciones de natación.

Sigue la carrera de obstáculos

Acayro es deportista: corredor, jugador de pádel y ahora, sobre todo, está centrado en la natación, afición que recuperó desde que empezó a vivir en Santander. Una disciplina en la que ha obtenido algunas medallas en campeonatos nacionales senior y en la que se ha implicado aún más en los tres últimos años. Desde que se dictó apertura del juicio oral y le suspendieron cautelarmente de sus funciones como titular del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Santander. Ha dado algunos seminarios y ha participado en jornadas. También se ha mantenido alejado de los focos.

El último juicio ha acabado por apartarlo de la carrera judicial. El día 8 de julio se conoció la sentencia: diez años de inhabilitación. Pero todo lo que rodea a Acayro acaba contaminado por la polémica. Ahora denuncia que han iniciado el proceso para ejecutar su sentencia antes de notificársela como acusado, por lo que ha recurrido el asunto. Había prisa: Luis Acayro Sánchez está el primero para obtener, por méritos, una plaza en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que se resuelve en unos días. Una promoción en el último minuto de su destronada carrera judicial. Un epílogo que parecen querer evitar.