El futuro de la Policía Local de València, en el aire: jubilaciones, oposiciones recurridas y guerra judicial entre mandos

La ciudad de València tiene un serio problema con los mandos de la Policía Local. La cúpula, que lleva años sin renovarse, heredera de la etapa de Rita Barberá al frente del consistorio, necesita afrontar una serie de cambios para reforzar su estructura, que ni siquiera está completa. El Cuerpo se encuentra en una interinidad constante que se ha incrementado en el último lustro, y que va camino de agravarse todavía más. Empapa el primer y segundo escalón, jefe incluido. En los dos próximos años, la mitad de la cúpula va a jubilarse, y los procesos de ascenso son un conflicto constante. Los tres últimos, tanto las mejoras de plazas -coberturas temporales- como la oposición, han acabado en los tribunales y han provocado una guerra total entre los mandos. Y está por ver que no lo haga también el nombramiento del nuevo jefe por parte de su antecesor.

De entrada, el recién escogido jefe de la Policía de València, Ángel Albendín, fue designado para el cargo en comisión de servicio para los próximos seis meses, después de un conflicto entre su antecesor, José Vicente Herrera, y el consistorio para decretar su jubilación forzosa. Al no haber procedimiento administrativo en marcha, el Ayuntamiento empleó esta fórmula temporal para la jefatura de Policía, que no debería prolongarse más allá de noviembre. Tres meses después del nombramiento, no consta que el equipo de gobierno de PP y Vox haya convocado el proceso definitivo para que Albendín -u otro mando de otro municipio- consolide esta responsabilidad. Tampoco tiene alternativa en la capital valenciana: en la escala de los comisarios principales, solo hay otro con la plaza en propiedad, con problemas de salud que lo llevan a autoexcluirse del proceso.

En cambio, el equipo de gobierno sí nombró a Herrera, jefe de Policía en la capital durante más de una década, como Coordinador de Emergencias municipal, después de que este tratara de evitar por todas las vías administrativas su jubilación forzosa del Cuerpo. El movimiento se interpreta como una bicefalia en las competencias de la policía, aunque el equipo de gobierno lo niega constantemente. Herrera recurrió su jubilación forzosa en el Ayuntamiento y pidió que se anulara el nombramiento de su sucesión, pero la Junta de Gobierno desestimó su petición. Aún cabe que el exjefe de Policía vaya al contencioso, como han hecho sus homólogos en Xátiva o Alicante.

Jubilaciones en la cúpula, en interinidad permanente

Al margen de la elección definitiva de la jefatura, la inacción de los sucesivos gobiernos locales respecto a los procesos internos de Policía Local puede provocar serios agujeros en la escala de mando. En los dos próximos años están previstas una serie de jubilaciones forzosas -la ley no permite agentes en activo con más de 65 años- que pueden dejar a la cúpula en precario: la mitad de los comisarios principales cumple esta edad en breve, y entre los comisarios también hay buena parte próximos a ella.

València tiene nueve plazas de comisario principal creadas, pero solo hay dos mandos con plaza en propiedad y otros tres en mejora de empleo. El resto de plazas están sin cubrir, vacantes desde hace varios lustros. Dos de ellos, ambos mejorados, se jubilan en los dos próximos años -uno este mismo octubre-. En la categoría de comisario, el segundo escalón, hay 15 plazas creadas, pero solo hay nueve ocupadas, dos de ellas con intendentes mejorados a comisario. De estos, al menos otros dos se jubilarán en los dos próximos años, según una respuesta de la Concejalía de Seguridad al PSPV. El concejal Borja Santamaría preguntó por las jubilaciones previstas en el Cuerpo, y hasta 2027 serán 31, sin contar las anticipadas: dos comisarios principales, dos comisarios, un intendente, diez inspectores, siete oficiales y nueve agentes.

A la cuestión de la edad se suma la interinidad en los puestos y las vacantes. Legalmente, los agentes no pueden pasar más de dos años como mejorados; y este plazo culmina en 2026. Sin proceso interno a la vista, apenas se quedarían en la primera línea -con la plaza de comisario principal consolidada- el jefe, Ángel Albendín, y el responsable de la academia, Rafael Mogro. Desde 2021 no se ha convocado un proceso interno para los mandos, y este fue con carácter temporal y terminó tumbado en los tribunales. La repetición de la prueba impugnada siguió el mismo camino.

Prácticamente todos los mandos rondan o superan los 60 años. Ocho de ellos se jubilarán antes de 2030 o durante ese año. Todo ello sin contar que otros mandos puedan pedir la jubilación anticipada, como algunos de ellos ya han manifestado en el Cuerpo. Actualmente apenas hay dos comisarios con menos de 55 años: los comisarios Eduard Russu y Estefanía Navarrete. No se han renovado los mandos desde 2015, y los cambios apenas han consistido en varias pinceladas; lo alto de la escala procede de los años de mayorías absolutas del PP.

Las jubilaciones no habrían de ser un problema para la administración pública valenciana, que cuenta con más de 1.400 agentes en plantilla y un presupuesto suficiente como para incorporar a otros mandos. Más de un tercio de los agentes llevan más de 25 años de servicio y buena parte se queja de no tener oportunidades de ascenso. Lo lógico sería activar procesos de promoción interna o de movilidad para cumplir con las plazas y hacerlo con la antelación suficiente para que no quedaran vacantes. Pero en el caso de la Policía Local de València los tres últimos procesos de ascenso para la cúpula han terminado en los tribunales. Uno fue tumbado por el TSJ, otro está en investigación en dos juzgados por un presunto amaño de las pruebas, y el tercero acaba de ser recurrido por uno de los aspirantes. De hecho, este último, la convocatoria interna para cubrir tres plazas de comisario principal, lleva ya un año paralizado, y cuando se ha procedido a nombrar al tribunal de evaluación de los mandos, el proceso se ha judicializado al observar los candidatos varias irregularidades en la selección.

Los comisarios principales de Policía Local de València junto a la alcaldesa, María José Catalá, y el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell.

Guerra judicial entre mandos

Como ya adelantó elDiario.es, el último proceso para la selección de los comisarios principales puede retrasarse todavía más por la denuncia de uno de los aspirantes. La convocatoria, que lleva un año en marcha sin que apenas se haya avanzado, se ha topado con varios recursos administrativos. El sindicato Comisiones Obreras y uno de los mandos, el comisario principal Fernando Giménez Oñate, recurrieron el nombramiento del tribunal por parte del Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, que se ha realizado sin los sorteos que indica la ley. CCOO ha llevado el caso a Antifraude, apuntando a la directora de la Agencia Valenciana de Emergencias (AVSRE), a la que acusan de realizar los nombramientos a dedo. Por su parte, como hizo también el sindicato, Giménez Oñate presentó recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de nombramiento del órgano selectivo, al considerar que en la designación realizada por la AVSRE no se había cumplido con lo previsto en la ley. Pidió al consistorio la suspensión del acto impugnado y de la convocatoria. El resto de sindicatos no se han pronunciado sobre un recurso respecto a esta convocatoria pública.

El consistorio tumbó la pretensión del comisario principal en tiempo récord alegando que no argumentaba lo suficientemente los perjuicios que le causaría no paralizar el proceso hasta que se resuelva el conflicto con la AVSRE. El pasado miércoles, como ya avanzó elDiario.es, el comisario principal y aspirante a consolidar su plaza presentó una denuncia en el contencioso para frenar la convocatoria.

Giménez Oñate es comisario principal con carácter temporal, por un proceso de mejora que dos comisarios, Benjamín Lara y Javier Genovés, han recurrido en el contencioso, y por el que también han presentado una querella contra el exjefe de Policía Local, José Vicente Herrera. Acusan al jefe y otros miembros del tribunal, entre ellos al comisario principal Rafael Mogro, de haber beneficiado a personal “de confianza” del comisario principal jefe para este proceso de mejora, con delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación. Se considera que se fabricaron las actas de evaluación a posteriori y las notas estaban previstas con anterioridad. De uno de los escritos remitidos por el Ayuntamiento al juzgado se desprende que el tribunal puso las notas antes de contar con todos los trabajos de los comisarios y un trato de favor al aspirante que mejor nota obtuvo. Con estos antecedentes, no es de extrañar que los aspirantes recelen de los procesos internos. Todos tienen los ojos puestos en una convocatoria clave para renovar la cúpula y el futuro del Cuerpo.