La «singularidad» Montero, el fatigoso malabarismo entre la financiación catalana y la campaña electoral andaluza

El Gobierno central y la Generalitat pactaron el pasado lunes un nuevo modelo de financiación “singular” para Catalunya “generalizable” al resto de comunidades autónomas. En el documento no aparece la parte mollar –los números que previsiblemente van a mejorar las arcas catalanas– y en el acto solemne de la firma no estuvo presente la principal responsable del acuerdo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la sazón, secretaria general del PSOE de Andalucía.

La ausencia de Montero durante la firma –sin apenas explicaciones desde su ministerio– ha sido interpretada como un síntoma de las dificultades de la ministra sevillana para conciliar su rol en la negociación del pacto catalán con su condición de candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, en el tiempo de descuento para unas elecciones autonómicas que se celebrarán, como muy tarde, en la primavera de 2026.

Montero no sólo estuvo desaparecida en el acto del lunes. Los días posteriores a la firma, cargados de interpretaciones dispares sobre el impacto real del pacto catalán para el resto de territorios, la ministra de Hacienda tuvo un perfil secundario, inusualmente bajo, dejando que el presidente Juan Manuel Moreno ocupase ese espacio vacío con durísimas denuncias de “agravio y traición a Andalucía”.

En ausencia de su líder, otros dirigentes del PSOE andaluz tuvieron que lidiar con la ofensiva en bloque de todo el poder del PP, desde la portavoz y consejera de Hacienda del Gobierno autonómico –que el mismo día de la firma envió una carta de indignación a la ministra (y a los medios)– hasta los alcaldes, los presidentes de las seis diputaciones provinciales que controlan, y hasta el último de los 58 diputados en el Parlamento, una cámara orquestada por los conservadores que dedica cada sesión a calificar a la ministra como persona non grata en Andalucía.

Los socialistas andaluces, que han gobernado esta tierra 37 años ininterrumpidos, conocen bien el éxito histórico del discurso institucional del “desprecio a Andalucía” y los “privilegios a Cataluña”, un mantra explotado por ellos en época de Aznar y Rajoy, y heredado milimétricamente por Moreno.

Montero reapareció finalmente el jueves, en un acto en Málaga, para defenderse de las acusaciones del PP, asegurando que todo eran “bulos, mentiras” y una vocación de confrontar sistemáticamente con el Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra no clarificó ninguna de las dudas que ha generado el acuerdo entre Moncloa y la Generalitat, pero sentenció que “nunca se va a privilegiar a un territorio sobre otro” en materia de financiación. Y como prueba se presentó a sí misma. “Soy andaluza, es evidente que voy a defender siempre los intereses de Andalucía”, dijo.

Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en la sede del PSOE federal.

Todos los tributos cedidos

El compromiso suscrito entre Gobierno y Generalitat implica que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pueda acabar recaudando todos los tributos, empezando por la totalidad del IRPF en 2026, año electoral en Andalucía. Esto, sin embargo, requiere una compleja reforma legislativa de al menos una ley orgánica, la ley de financiación de las comunidades (LOFCA), que necesita del complicado voto unánime de todos los socios de investidura en el Congreso.

En Andalucía, la recaudación total del IRPF tendría un impacto económico notablemente inferior al de Cataluña, dado que esta región ocupa ahora mismo el último puesto de todas las comunidades en PIB per cápita: 23.218 euros en el ejercicio 2023 –último dato publicado– frente a los 35.325 euros de Catalunya o los 42.198 euros de Madrid.

Pero Moreno no ha puesto el acento en este aspecto del pacto, sino en el llamado “principio de ordinalidad”, duramente denostado por la propia Montero cuando ejercía como consejera andaluza de Hacienda en el último Gobierno de Susana Díaz. La idea de una solidaridad limitada por la ordinalidad, según la cual Catalunya aportará al sistema para nivelar los ingresos de todas las autonomías pero lo hará, como máximo, en la medida que no pierda puestos respecto a su capacidad de recaudación.

El Ejecutivo andaluz ha puesto el grito en el cielo, acusando a la ministra de ser “la autora intelectual” de la ruptura “del principio de igualdad entre españoles y de la solidaridad interterritorial”. “Los progresistas somos nosotros”, llegó a decir Moreno el miércoles, ante la Junta Directiva de su partido. “Jamás nos oirán hablar de romper la solidaridad y la igualdad entre españoles. El cuento del progresismo en Andalucía y en España, señora, se ha acabado”, remató, en alusión directa a Montero.

En el PSOE andaluz han celebrado que el “acuerdo político” para Catalunya nazca de un texto pretendidamente “ambiguo” y “multifuncional”, que ha servido tanto para el triunfalismo de los actores firmantes como para el discurso agorero de sus rivales, del PP a Junts.

“Montero no estuvo, pero sí estuvo”, dice un veterano del socialismo andaluz, señalando la influencia de la ministra andaluza en el hecho de que la mención al polémico principio de ordinalidad no aparezca en la parte dispositiva del pacto catalán, sino en el preámbulo, es decir, fuera del articulado normativo. Es la misma negociadora, dicen, que en Andalucía pactó unos Presupuestos Autonómicos con los comunistas (IU) y luego con un partido de derechas –Ciudadanos–, y en ambos casos los definió como “unos presupuestos de izquierdas”.

Ordinalidad, solidaridad interterritorial…y esfuerzo fiscal

La batalla entre Moreno y Montero por la financiación catalana se va a librar sobre la brecha de la ordinalidad y si ésta es compatible, como recoge el pacto Gobierno–Generalitat, con la equidad entre territorios. La ministra y su equipo se esfuerzan en meter en esa ecuación un tercer vector de discusión: la corresponsabilidad fiscal entre comunidades.

Es algo que ya pactaron hace un año PSOE y ERC y que vuelve a aparecer en el acuerdo entre administraciones: que la aportación de Catalunya a las finanzas del Estado esté condicionada por su contribución a la solidaridad interterritorial –algo que la aleja de la definición ortodoxa de un “concierto económico”, que usan sus críticos–, pero que, además, dicha contribución nazca de un esfuerzo fiscal equivalente. Esto, dicho de otro modo, es un veto al dumping fiscal o competencia desleal entre comunidades, algo que ejercen, potencian y promocionan Madrid y Andalucía.

Moreno llegó a la presidencia prometiendo una “bajada masiva de impuestos” y empezó por eliminar los tributos que gravan a los más ricos: eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones; rebajó el impuesto de transmisión patrimonial y actos jurídicos documentados; recortó tres puntos en el tramo autonómico del IRPF para rentas superiores a 120.000 euros anuales y sólo medio punto para las rentas más bajas; y aprobó la Ley de Tributos Cedidos, que incorporó una deducción en IRPF por los gastos escolares para rentas de hasta 80.000 euros al año [la renta media andaluza ronda los 23.000 euros].

Todo esto provocó una merma notable de los ingresos por la vía de tributos propios pero, en paralelo, el Ejecutivo andaluz redobló la estrategia de presión por la “infrafinanciación” y las “deudas” del Estado con esta comunidad, que cifran en 1.500 millones de euros al año.

Gobierno y Generalitat han pactado una financiación singular para Catalunya alineando –con mucha ingeniería retórica– la ordinalidad y la solidaridad interterritorial –dos elementos aparentemente contradictorios–, y Montero les ha sumado el tercer vector: el esfuerzo fiscal: que las comunidades que hagan dumping fiscal dejen de beneficiarse de los fondos de nivelación, para que unas regiones no tengan que contribuir a sufragar los “regalos fiscales a los ricos” de otras regiones.

Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno, en Madrid.

Con todo, es difícil que un relato tan técnico y lleno de matices supere el discurso a brochazos del “agravio a Andalucía”, que lleva cuatro décadas puntuando bien en las urnas. Además, Moreno se sirve de la hemeroteca, plagada de citas de Montero en contra de la ordinalidad y otros puntos del acuerdo ahora suscrito con Catalunya, para minar la credibilidad de su oponente.

En la misma hemeroteca, el PSOE andaluz tiene a un tiro de piedra la Declaración de Granada, donde los socialistas plasmaron su modelo territorial, encajando una definición descafeinada del principio de ordinalidad a propuesta del PSC: “que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto de quien se beneficia”, dice el documento.

También tienen a mano el artículo 206.5 del Estatut catalán, en plena vigencia, porque este precepto no fue tumbado por la sentencia del Tribunal Constitucional que mutiló el proyecto estatutario, tras el recurso del PP. “El Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación”, reza dicho artículo, que fue indultado por el tribunal de garantías.

“Utilice el Estatuto andaluz”

A pesar de las muchas coincidencias entre el Estatut catalán y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, reformado en 2007 con los votos de PSOE, PP e IU, esa salvaguarda sobre financiación no está en la ley orgánica andaluza. Con todo, es precisamente el Estatuto el montículo en el que se han parapetado los socialistas de Montero para contrarrestar las críticas de Moreno.

Le exigen que haga valer su autogobierno –tan de primer nivel como el catalán– y que exprima todas las competencias que tiene a su alcance, muy por debajo ahora de las que ejerce Catalunya. “A más competencias, más financiación”, dicen.

Hace un año, tras el acuerdo PSOE–ERC que recogía el traspaso de competencias sobre Rodalies a Catalunya, Moreno apoyó en el Parlamento andaluz la iniciativa de los dos grupos a la izquierda del PSOE (Por Andalucía y Adelante Andalucía) que reclamaba lo mismo para esta comunidad: la gestión propia de Cercanías con una financiación pareja (los socialistas, para sorpresa de todos, se abstuvieron).

Ha pasado casi un año y el Gobierno de Moreno no ha invocado la Comisión Mixta Junta de Andalucía–Gobierno de España para pedir formalmente las competencias sobre los trenes de Cercanías en su territorio.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el viernes en la clausura de un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

El debate sobre financiación autonómica, por muy arenoso que se presente, trata de cómo las comunidades invierten y gestionan las políticas públicas, que copan más del 80% de sus presupuestos: sanidad, educación, servicios sociales.

Es un debate cargado de demagogia por todas partes, porque los intereses partidistas chocan aquí con los intereses territoriales: porque la financiación que le interesa a Madrid, Galicia (PP) o Aragón (PSOE) no es la que le interesa a la Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia, las tres regiones más infrafinanciadas que sellaron un frente común de presión al Gobierno ya cuando estaban gobernadas por socialistas y populares, y que continúa ahora bajo el dominio del PP.

En Andalucía, inmersa desde hace semanas en una larga precampaña electoral, la relectura del pacto fiscal en Catalunya va a jugar un papel fundamental en las urnas. La polarización es total: la Junta ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional un acuerdo de financiación que ni siquiera se ha plasmado aún en un texto legislativo. También el PP andaluz ha esgrimido un recurso de inconstitucionalidad desde el Parlamento autonómico, donde tienen mayoría absoluta.

Los socialistas esperaban esta dura contienda de sus rivales, pero el malestar generado por el pacto catalán trasciende la frontera de bloques. También en la izquierda cala este sentimiento de agravio. Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, ha sido igualmente hostil con el acuerdo con la Generalitat y no descarta apoyar la estrategia judicial del PP y de Vox.

“No estamos de acuerdo. El principio de ordinalidad es injusto. No puede ser que los que más aportan sean los que más reciben. Habrá que analizar por qué aportan más ellos y hagamos cuentas: el puerto de Algeciras, principal de Europa, se levanta con el esfuerzo de los trabajadores andaluces, el impacto ambiental lo tiene en Andalucía. ¿Dónde cotiza todo lo que entra por ahí? En Madrid. Las grandes empresas hoteleras en la Costa del Sol se levantan con el esfuerzo de trabajadores andaluces, el impacto ambiental y la turistificación lo tenemos aquí, ¿dónde tienen la sede fiscal esas empresas? En Baleares y en Cataluña”, ha denunciado García, lamentándose de que las empresas que operan en Andalucía “cuentan en las balanzas fiscales fuera de Andalucía”.

La semana que arrancó con el acuerdo fiscal para Catalunya se cerró con la publicación, el jueves, del llamado CIS andaluz. El barómetro trimestral de la Fundación de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Junta, vuelve a otorgar la mayoría absoluta al PP de Moreno, casi 22 puntos por delante del PSOE de Montero, con el peor dato de su historia.

Los socialistas, lastrados por el caso Cerdán, la corrupción y los audios de José Luis Ábalos y Koldo García repartiéndose mujeres como cromos, se asoman al precipicio de una campaña previsiblemente durísima, para unas elecciones en menos de ocho meses. Y antes de que empiece la cuenta atrás, la candidata socialista tendrá que desvestirse la armadura de ministra de Hacienda, la que fortalece y debilita sus opciones en las urnas.