Los bomberos forestales de Madrid van a la huelga durante un mes para exigir mejoras laborales

“Cobrando 1.300 euros es imposible vivir en Madrid. Nos jugamos el tipo todos los veranos, pero la administración nos da la espalda”. Así comienza a explicar Julio Chana, de CGT, secretario del comité de empresa de Bomberos Forestales Comunidad de Madrid, por qué han decidido ir a la huelga durante un mes. Desde el pasado 15 de julio, los brigadistas están convocados a un paro para forzar tanto a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior como a Tragsa, la empresa pública que gestiona este servicio externalizado por el ejecutivo regional, a negociar un nuevo convenio. El actual está caducado desde 2012.

El delegado sindical de UGT Rafael Fernández tilda de “precariedad laboral” la situación con la que lidian en su día a día los 540 brigadistas que actualmente, con la campaña de alto riesgo en marcha, componen el cuerpo. “Llevamos tanto tiempo sin un convenio nuevo que los derechos perdidos son innumerables, sobre todo en cuanto a conciliación familiar y salarios”, comenta, antes de recalcar que están “desesperados”.

Los sindicatos denuncian que Tragsa todavía no les ha facilitado los datos del seguimiento de la huelga, aunque los representantes de los trabajadores apuntan a que ha sido “muy alto”. Sin embargo, la compañía ha señalado a elDiario.es que la plantilla ha secundado en un 34% la convocatoria del paro durante los dos primeros días. Además, desde el comité denuncian algunos movimientos por parte de la compañía orientados a desactivar la protesta, que ya han puesto en conocimiento de sus servicios jurídicos.

El ugetista incide en que la realidad laboral a la que se enfrentan hace que existan problemas para cubrir el servicio: “Puede parecer atractivo, pero en cuanto llega gente nueva y ve la dureza del trabajo y la poca remuneración que conlleva se van en cuanto pueden”. Su trabajo se basa en la prevención y extinción de incendios y de inclemencias invernales durante los meses más fríos del año. Para ello, Tragsa tiene contratados a unos 300 bomberos forestales fijos que aumentan en algo más de 200 en las campañas de alto riesgo del verano, como la que experimentamos estos meses.

Por eso, una de las reivindicaciones principales de la plantilla es su estabilización. “La gente no puede vivir de trabajar cuatro meses al año”, denuncia Fernández. En este sentido, el tercer día de huelga el comité escuchó de la mano de la Dirección General de Emergencias 112 la idea que la Consejería tiene para el próximo año. Según les comunicó, estabilizarían a la plantilla: habría 425 bomberos forestales todo el año fijos, no se contrataría de manera extraordinaria durante la campaña de verano y a sus funciones se añadirían las de apoyo a las contingencias en el medio rural. Los sindicatos estudian la propuesta.

Los “trabajadores clínex”

Con la creación de un cuerpo genérico de bomberos forestales continuo durante todo el año se podría evitar que gente que entra, se forma y ve que es imposible sobrevivir en estas condiciones se vaya a otro sitio, parafraseando las palabras del delegado de UGT. Fernández también denuncia que la empresa descarta a cualquier persona que no supere el reconocimiento médico o una prueba física, motivo de despido desde que Tragsa gestiona el servicio.

Él los denomina “trabajadores clínex”, a los que “la empresa desecha después de haberles castigado en un trabajo tan duro durante décadas”. En este sentido, Julio Chana, de CGT, subraya que no cobran pluses por peligrosidad, penosidad ni toxicidad. “Es como si nuestro trabajo no conllevara un riesgo extra. Ya que lo sufrimos, al menos que quede reflejado en nuestras nóminas”, arguye.

Por otro lado, el sindicalista de CGT defiende que ninguna de las bases que hay en Madrid, unas 25, cumple la normativa de higiene y seguridad en el trabajo. “Todavía tienen que ajustarse al real decreto sobre agentes cancerígenos. No tenemos ni siquiera zona sucia y limpia diferenciada”, agrega. Se refiere a la inexistencia de espacios en los que poder quitarse su EPI, el traje con el que trabajan, cargado de suciedad y humo que impregna su propia ropa, sin contaminar al resto de compañeros.

Sin pago de complementos

La cuestión de la disponibilidad es otra de las quejas que plantea la plantilla. “Nos imponen unas 800 horas anuales de disponibilidad. En cualquier momento, si te avisan, tienes que estar en 90 minutos en la base y, si no, te sancionan. No nos dan ni un euro por esa disponibilidad”, denuncia Fernández, destinado en la base de Valdemorillo.

Tampoco se les reconoce la antigüedad. En su caso, lleva 28 años integrado en el cuerpo de Bomberos Forestales: “Soy jefe de equipo de una brigada helitransportada. Vamos en helicóptero a los incendios y los atacamos cuerpo a cuerpo. Si una persona entra a trabajar ahora en mi mismo puesto cobraría lo mismo que yo, aunque yo tenga casi tres décadas de experiencia”.

No es lo mismo que defiende Tragsa, desde donde afirman que “se les abona la disponibilidad conforme regula su convenio colectivo”. También aseguran que no se reconoce su antigüedad porque dicho convenio no recoge ese concepto y añaden que el salario medio mensual bruto de cada brigadista es de 1.985 euros brutos en 2025.

La huelga se plantea contra Tragsa, pero desde la plantilla también apuntan a la responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. “Es la Consejería la que saca un pliego con las condiciones de contratación, así que tiene mucho que decir”, dice Fernández. Tragsa, por su parte, determina que “no está legitimada” para negociar un convenio colectivo sectorial, pero apuntilla: “No obstante, se están haciendo las consultas a las autoridades competentes para determinar quién pudiera estarlo”.

Movimientos sospechosos

El delegado en el comité por parte de UGT denuncia que “la administración y la empresa están combinando algunas brigadas con otras para fastidiar la huelga”, incluso sin un responsable que las coordine. Estos movimientos por la parte patronal ya son conocidos por los servicios jurídicos del comité. “Entendemos que no es legal lo que están haciendo”, ataja Fernández.

Chana, el secretario del comité de empresa, señala que “hace años” les pedían “paciencia, pero esto ha llegado a un límite”. Por eso, la plantilla va a la huelga la mitad de julio y agosto. Tampoco descartan continuar el paro si no se alcanza una solución en este mes. “No hemos encontrado otra salida. Vamos a la huelga un mes, con todo lo que ello supone para el bolsillo de la clase trabajadora”, reafirma este sindicalista.

También admite que “la plantilla está muy concienciada sobre lo que está pasando, y todo lo que se juega aquí y ahora”, en sus propios términos. La huelga, que comenzó el pasado 15 de julio, se adentra en su primera semana con varias protestas celebradas en la Puerta del Sol como sede del Gobierno regional y en las oficinas centrales de Tragsa como contratista. Así es como luchan por sus condiciones laborales los bomberos que se juegan la vida apagando el fuego que devora los montes cada verano.