Nueve folios para dejar desnudo al juez Peinado

Dicen con razón que nunca es tarde para aprender. Es probable que Juan Carlos Peinado no esperaba a sus 70 años que un auto de nueve folios le pusiera al día sobre ciertos conocimientos de Derecho que uno pensaría que están al alcance de cualquier juez. Acostumbrado a dar saltos en su investigación de Begoña Gómez buscando por dónde pillarla, descubrió de repente que se abría un atajo ante él que le llevaría a obtener la fama que busca: conseguir que el Tribunal Supremo asignara al ministro Félix Bolaños la etiqueta de imputado y asumiera toda la investigación del caso. Él podría declarar victoria y recibir el aplauso de la derecha que tanto anhela. 

Escribí que el Supremo tendría que encontrar una manera de rechazar su loca idea sin tacharlo de demente. Prueba superada. En el auto, que se puede leer al final de este artículo, los magistrados de la Sala de lo Penal se abstienen de llamarle loco, pero encuentran la manera de tacharlo de ignorante. En su interrogatorio de Bolaños en Moncloa, Peinado presumió de que conocía muy bien los procesos de contratación en la Administración Pública. Más bien era al revés. No es lo más importante. En términos de ignorancia, tiene que hacer más daño que el Supremo te comunique de forma nada ambigua que el fiscal aporta en su informe los hechos que se necesitan saber para dilucidar la cuestión de la responsabilidad en la contratación de una asesora para la esposa de Pedro Sánchez. Incluyendo además un documento de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno “que, a pesar de ser omitido en la exposición (del juez), es relevante para conocer la normativa que rige el nombramiento de un empleado eventual, y sus funciones”. 

La cosa está entre ignorancia, negligencia y mala fe. Es lo que ocurre cuando has llegado a una conclusión y te ocupas de esconder todo aquello que pueda desmontar la tesis. Resulta bastante humillante que el Supremo te diga que es el fiscal, con el que estás enfrentado desde el primer día, quien tiene la razón y quien juega limpio. Los magistrados explican a Peinado los requerimientos básicos para que se pueda imputar el delito de falso testimonio, lo que no es posible “sin que se haya dictado sentencia o resolución judicial firme que haya declarado una ‘verdad judicial o forense’” con la que se pueda comparar la declaración sospechosa. 

También se ven forzados a impartirle otra lección, esta vez sobre el delito de malversación que, al ser un delito doloso, implica voluntad consciente de infringir la ley. No vale con el simple hecho de ocupar un determinado cargo público si no se ha probado que esa persona supiera lo que estaba pasando con ciertas contrataciones. Y finalmente le recrimina la falta de lógica en la valoración del testimonio de Bolaños. Si se le imputan al testigo unos delitos que supuestamente habría cometido, “no cabe exigirle declaración veraz”. No está obligado a autoincriminarse: “En el caso de que, hipotéticamente, llegara a ser investigado por los delitos a los que se refiere la exposición, escasa virtualidad tendrían sus manifestaciones como testigo, desde la perspectiva del derecho a la no autoincriminación”.

Esto tiene que ver con la práctica habitual de Peinado de citar a una persona como testigo y, si no le gustan sus respuestas, volver a convocarle como imputado. Esto no es en sí ilegal. Es algo a lo que se ven obligados a veces los jueces. Peinado lo ha convertido en una táctica que emplea de forma sistemática. Lo ha hecho con varias personas. Algunas de ellas tenían un relación muy liviana con los hechos por los que se investiga a la esposa de Sánchez.

Como conclusión, el Supremo dice a Peinado que se vuelva por donde ha venido “ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud”. Recordemos que el juez había afirmado en el auto dirigido al Supremo que “existen indicios razonables, sólidos y cualificados” de los delitos cometidos por Bolaños. La noche y el día.

Peinado vive en su universo alternativo, donde es jaleado por la prensa conservadora por el daño que hace a Sánchez, donde sus pasos contra Begoña Gómez permiten al Partido Popular desarrollar desde hace más de un año su tesis de que la corrupción rodea a Sánchez por todos los lados, incluso los más cercanos, como es su familia. 

Mientras tanto, a Peinado no le da la vida con Begoña y se ve obligado a cerrar casos porque se le olvida prorrogar la instrucción. En uno de ellos, el PP salió claramente beneficiado al afectar a una denuncia sobre las cantidades exageradas que el Ayuntamiento de Madrid pagó a OK Diario por el patrocinio de una jornada de conferencias. En otro, quienes salieron ganando fueron los presuntos responsables de una estafa. 

El Partido Popular ya se olía de que no convenía lanzarse en plancha subidos a la iniciativa de Peinado contra Bolaños. En el fondo, saben que el botín obtenido por el juez después de más de un año de investigación es bastante magro. Por el contrario, su capacidad de generar titulares ha sido inmensa, que es lo que interesa al PP. Sólo necesitan que el caso siga vivo, aunque no se alcance una conclusión. Suponen que es lo que más desestabiliza personalmente a Sánchez.

Aun así, Miguel Tellado no pudo resistir la tentación en su momento. Le preguntaron en una rueda de prensa sobre su opinión a cuenta de la intención de Peinado de imputar a Bolaños y respondió: “No son cargos menores. Malversación y falso testimonio. Falso testimonio por parte de quien es notario mayor del Reino. El ministro de Justicia, nada más y nada menos. Yo creo que el señor Bolaños tiene motivos para estar preocupado”. 

Quien debería estar realmente preocupado en estos momentos es Peinado. Tiró por la calle de en medio y un camión conducido por jueces muy conservadores le ha pasado por encima. Y ya no tiene edad para este castigo ni para recibir lecciones. En realidad, no tiene edad o conocimientos ni para ser juez. 

¿Qué es lo que Feijóo debe explicar sobre Montoro?

Feijóo y Montoro en una reunión en el Ministerio de Hacienda en enero de 2018.

La foto es de enero de 2018. El entonces presidente de la Xunta visita Madrid y se reúne con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Desde luego que Alberto Núñez Feijóo no tenía forma de saber lo que estaba pasando en el Ministerio de Hacienda. Ahora se ha conocido al levantarse el secreto de sumario del caso que ha provocado la imputación de Montoro y de casi toda la cúpula de su Ministerio, incluida la Agencia Tributaria. Se les acusa de beneficiar presuntamente a empresas gasísticas que financiaban con generosidad al bufete fundado por el ministro diez años atrás. Como era de temer, han salido otras informaciones que indican que las gasísticas no son las únicas empresas que sabían que el mejor camino para convencer a Montoro era contratar a ese bufete.

“La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”, dice un directivo de una de esas empresas en un correo electrónico al explicar cómo defender los intereses de la compañía en Madrid. Un informe de la UCO desvela que las empresas conocían los proyectos de presupuestos de Rajoy antes de que llegaran al Congreso. Codere, la mayor empresa del juego, pagó 679.000 euros al antiguo bufete de Montoro en los años en que el Gobierno favoreció los intereses de ese sector, según un informe de los Mossos.

Lo que ocurre en cuanto a responsabilidad política no afecta personalmente a Feijóo, pero sí al PP y especialmente al Gobierno que presidió Mariano Rajoy. No hace mucho el expresidente estuvo en el congreso del PP donde afirmó que con el Gobierno de Sánchez han pasado “cosas impensables, inconcebibles y disparatadas”. Tan impensable como que el director de la Agencia Tributaria informara en detalle a Montoro, ministro de Rajoy, de “información reservada y sensible” en inspecciones fiscales y causas judiciales secretas. ¿Tienen algo que decir sobre eso Rajoy y Feijóo? En ese congreso, el líder del PP presentó a los gobiernos de Aznar y Rajoy –Montoro fue ministro de Hacienda en los dos– como la mejor garantía de lo que hará su partido si gana las próximas elecciones y puede formar Gobierno. 

El PP habla mucho de milagros económicos hasta que sus arquitectos acaban imputados o en prisión. Le ocurrió con Rodrigo Rato y ahora puede pasarle lo mismo con Montoro. En el primer caso, podía consolarse con el hecho de que se acusaba a Rato por hechos ocurridos cuando ya no estaba en política. Eso no le va a servir con el exministro de Hacienda, pringado en una historia muy sucia en la que sobrevuelan posibles sobornos a cambio de tratos de favor e incluso el uso ilegal de la información confidencial sobre los contribuyentes a la que tiene acceso la Agencia Tributaria. 

De momento, Feijóo se ha limitado a publicar un tuit que dice que “lo que haya que investigar, que se investigue” y que no atacará a los jueces que lo hagan (sin atreverse a mencionar a Montoro por su nombre). Lo mismo se puede reclamar al PP que vaya más lejos y empiece a aceptar que dos ministerios tan importantes como Interior y Hacienda en el Gabinete de Rajoy estaban ocupados en negocios muy sucios. Porque luego ellos dan lecciones todos los días sobre lo que debería hacer un Gobierno y no parece que sus antecedentes más cercanos inspiren mucha confianza.

Claro que lo más previsible es que terminen hablando de las saunas.