Manos Limpias incluye el delito de coacciones en su ofensiva contra la jueza de la dana a base de recortes de prensa

Manos Limpias ha presentado una querella contra la jueza instructora de la dana ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) en la que, con recortes de prensa (alguno desmentido por la Fiscalía), arremete contra la magistrada y suma al presunto delito de prevaricación, que le imputaba inicialmente, también el de supuestas coacciones. El secretario general del pseudosindicato, Miguel Bernad, firmó la denuncia presentada el pasado 24 de junio ante el juzgado de guardia de València. Sin embargo, el TSJ-CV la inadmitió por un defecto de forma: la Ley Orgánica del Poder Judicial exige una querella para causas contra jueces y magistrados en el ejercicio de su cargo, según le recordó a Manos Limpias el alto tribunal autonómico. El pseudosindicato ha vuelto a la carga con una querella, esta vez firmada por la abogada Esther Rodríguez Prieto, que reproduce en gran medida el argumentario inicial, aunque no incluye el bulo que amplificó Bernad en su comparecencia ante los medios de comunicación sobre el supuesto ocultamiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de una “veintena” de víctimas mortales. El secretario general de Manos Limpias reconoció que no contaba con prueba alguna de ello, ni siquiera indicios.

El nuevo escrito indica que, “siguiendo el criterio” del auto del TSJ-CV, la letrada procede “a subsanar el defecto de denuncia convirtiéndolo en querella”. El pseudosindicato asegura que la jueza habría protagonizado una “absoluta y arbitraria discriminación y coacción de derechos de Manos Limpias, así como una completa vulneración al derecho de igualdad de armas entre las partes del procedimiento”.

La jueza de la dana echó al pseudosindicato de la causa que instruye y que mantiene como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico Emilio Argüeso. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra detectó una incompatibilidad entre la personación de Manos Limpias como acusación popular y la defensa de uno de los investigados que ejerce el letrado José María Bueno Manzanares. El abogado de Argüeso se había definido en una entrevista publicada el 15 de abril en La Razón como “jefe” de los servicios jurídicos del pseudosindicato. Bueno Manzanares representa a la organización de Miguel Bernad en la acusación que ejerce en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

La querella considera que la magistrada incurrió en una “interpretación errónea y subjetiva de la entrevista ofrecida tiempo atrás” por el letrado y se pregunta si la instructora, “en algún momento”, se planteó “confirmar la veracidad o exactitud de las manifestaciones” expresadas por Bueno Manzanares en la entrevista. Bernad aporta un certificado en el que desmiente las afirmaciones del letrado de Emilio Argüeso y matiza que se trata de “uno de los muchos abogados que colaboran”, sin que tenga despacho ni cobre “sueldo alguno”, además de que cuenta con “amplia libertad para contratar clientes”. El “único” titular de la “asesoría jurídica” es Miguel Bernad, afirma el certificado.

Manos Limpias desistió de su recurso contra el auto de la instructora que acordó el pasado 19 de mayo su expulsión del procedimiento. La querella reconoce que el pseudonsidicato liderado por Bernad, aunque en un principio recurrió las resoluciones de la magistrada, “desistió finalmente de los recursos planteados”.

Además de la supuesta “restricción y obstaculización al ejercicio de la acusación popular y al derecho a la tutela judicial efectiva”, la querella sostiene que la jueza habría actuado con una “predeterminación anticipada del fondo del asunto y de los sujetos responsables de los hechos investigados”. También critica la “elección predeterminada de los peritos y expertos que participan en la instrucción” y la “duración excesiva” de las declaraciones de los perjudicados y de los imputados.

El aval de la Audiencia de Valencia al criterio de la jueza

El pseudosindicato considera que, “injustificadamente”, la magistrada “impidió” la práctica de diligencias adicionales para investigar la “posible” responsabilidad de “sujetos distintos” a Pradas y Argüeso, en referencia a los presidentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La querella cuestiona el “criterio” de la instructora de que solo figuren como imputados la exconsellera del Gobierno de Carlos Mazón y el exsecretario autonómico de Emergencias, a pesar de que fue avalado —por unanimidad— por parte de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

Por el contrario, para Manos Limpias “resulta del todo imposible” que los “dramáticos hechos” del pasado 29 de octubre “únicamente sean imputables a estas dos personas”. Así, la querella alude a “quienes deben velar por el mantenimiento de los cauces del río y los embalses” (no hace referencia a los barrancos del Poyo, de Horteta y de Gallego, cuyo desbordamiento causó la mayoría de los 228 fallecimientos) y “a quienes tardaron más de cuatro días en enviar ayuda a los damnificados”.

Sin embargo, tal como ha explicado la jueza en infinidad de resoluciones en los últimos meses, la instrucción se acota a los hechos del día de autos.