Un polémico informe y los conflictos de intereses ponen en jaque a un yacimiento patrimonio de la Humanidad en Menorca

¿Puede una obra vial poner en riesgo un bien declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO? A simple vista, la respuesta parecería obvia. Sin embargo, esta pregunta ha sido el punto de partida de un intenso cruce de informes técnicos presentados ante el Consell Insular de Menorca, tanto antes como después de que los yacimientos que conforman la Menorca Talayótica fueran reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Desde que asumió la presidencia en julio de 2023, Adolfo Vilafranca se propuso como uno de sus objetivos reactivar las obras del viaducto de Rafal Rubí, una infraestructura a dos niveles cuya ejecución fue paralizada hace una década tras una fuerte oposición de vecinos, colectivos ecologistas, asociaciones locales y especialistas de toda la isla. Los trabajos se reanudarán próximamente y las máquinas volverán a operar a tan solo 30 metros de un yacimiento de más de 2.500 años de antigüedad. “Fue parte de nuestras promesas de campaña”, reconocen desde el entorno del PP insular. Por su parte, el primer conseller aseguraba en abril: “Vamos a compatibilizar la seguridad vial con el respeto al patrimonio”.

Poco antes de la investidura de Vilafranca, una delegación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), entidad consultora de la UNESCO, visitó los yacimientos de Rafal Rubí y redactó un informe entregado el 9 de mayo de 2023. En él, se recomendaba al Consell Insular la retirada de los restos del puente inconcluso, señalando el impacto negativo que los materiales acumulados, junto con los postes y líneas eléctricas, tenían sobre el estado de conservación y la integridad del yacimiento. De manera específica, en el Componente C6 —donde se sitúan las navetas de Rafal Rubí, según la zonificación del área patrimonializada— ICOMOS advertía que “las obras inconclusas están afectando las vistas paisajísticas” y que “tienen un impacto negativo en las vistas del paisaje”. La recomendación fue contundente: “Eliminar lo antes posible las obras viarias parcialmente terminadas del Componente C6 y los postes y líneas eléctricas en las zonas paisajísticas entre diferentes yacimientos arqueológicos que influyen negativamente en las vistas del paisaje”.

Yacimiento funerario con más de dos mil años de antigüedad protegido por la UNESCO

Vista panorámica del polémico viaducto

Lo paradójico es que, apenas un año después, el entonces presidente de ICOMOS España, Jordi Tresserras Juan, abandonó su cargo para centrarse en su labor como director de Ibertur, una empresa de consultoría especializada en gestión, análisis y evaluación de proyectos patrimoniales. El 21 de abril de 2024, a solicitud del Consell Insular, Tresserras entregó un nuevo informe en el que contradice lo señalado por ICOMOS el año anterior. No solo avala la viabilidad del viaducto, sino que propone diversas medidas para mitigar su evidente “impacto visual”. Entre ellas, sugiere “reforzar las pantallas vegetales con especies autóctonas, revegetar los taludes, soterrar líneas aéreas de comunicación y electricidad, crear un camino lateral peatonal y ciclista, y restaurar los muros de piedra seca”.

Tresserras avaló a Altri en Galicia

Cabe señalar que Tresserras también elaboró este mismo año un Estudio de Impacto Patrimonial (EIP) financiado por la empresa portuguesa Altri, interesada en construir una planta de procesado textil en Palas de Rei, en el corazón de Galicia. El proyecto ocuparía 366 hectáreas, consumiría 46 millones de litros de agua diarios del río Ulla y se ubicaría a escasa distancia del Camino Francés de Santiago, en una zona protegida por la Red Natura 2000.

Uno de los elementos que ha generado mayor alarma es la chimenea de 75 metros de altura incluida en el diseño, desde la cual se emitirán gases como óxidos de azufre y nitrógeno, monóxido de carbono, azufre y partículas en suspensión. En su informe, Tresserras reconoce la cercanía del complejo a un área declarada Patrimonio de la Humanidad y recomienda que la chimenea adopte una forma que armonice con el entorno: “Utilizar tonos marrones y verdes para reducir el impacto visual y convertirla en un icono. Se sugiere integrarla dentro de un diseño arquitectónico mayor que dé al conjunto industrial una apariencia atractiva”. Tras la difusión de este documento, María del Carmen Martínez Ínsua, directora general de Patrimonio de Galicia con 12 años de trayectoria, presentó su dimisión.

Posteriormente, ICOMOS España emitió un comunicado aclarando que ambos estudios firmados por Tresserras fueron realizados “a título personal y privado, sin que la organización haya tenido participación ni haya asumido responsabilidad alguna en su elaboración”. Sin embargo, en el informe favorable al proyecto de Altri figura como firmante el actual tesorero de ICOMOS España, Alonso Campanero. elDiario.es ha intentado contactar a ICOMOS para recabar su versión sobre los informes contradictorios de Rafal Rubí y del caso Altri, pero no ha contestado. Quien sí accedió a hablar fue Jordi Tresserras, quien ha expresado: “Antes que nada, me sabe mal que se cuestione mi profesionalidad cuando llevo cuarenta años trabajando en gestión del patrimonio”.

Exterior de uno de los yacimientos más importantes de Rafal Rubí a escasos metros de la carretera.

Ingreso señalizado al parque donde se encuentra el yacimiento talayótico

Consultado sobre ambos estudios, Tresserras afirma: “En los dos informes —tanto el de Altri como el de Rafal Rubí— reconozco que hay impacto visual y eso está claramente indicado. El problema es que en España no contamos con un marco legal específico en materia de patrimonio que regule estos casos, como sí existe en las evaluaciones de impacto ambiental”. Y agrega: “Las propuestas que presenté para el viaducto de Rafal Rubí y la fábrica de Altri no son más que recomendaciones técnicas dirigidas a las autoridades competentes, con el objetivo de mitigar el impacto generado, tal como indica el manual del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO”.

Tresserras subraya la necesidad de incorporar legalmente los estudios de impacto patrimonial: “Estos informes se realizan porque España firmó la Convención del Patrimonio Mundial, que en sus disposiciones prácticas establece su obligatoriedad. Pero lo cierto es que no están recogidos ni en la legislación estatal ni en la mayoría de las leyes autonómicas, salvo algunos avances en comunidades como Castilla-La Mancha y Castilla y León”.

En relación con ambos desarrollos —el viaducto de Menorca y la planta industrial de Galicia— Tresserras insiste en que “no existe daño patrimonial directo” y que el impacto visual puede mitigarse mediante alternativas. “Ni la fábrica ni el viaducto destruirán la naveta ni atravesarán el Camino de Santiago. Es cierto que hay un impacto visual, pero, una vez más, no sabemos cómo actuar porque no existe normativa ni protocolo que indique qué hacer ante impactos visuales fuera del área patrimonial protegida. No contamos con ningún marco jurídico claro que lo regule”, afirma.

Justificación: demasiados coches

Con la llegada de un turismo cada vez más masivo a Menorca, los veranos en la isla enfrentan un problema creciente: la sobrepoblación de coches. Actualmente, Menorca no tiene una regulación de entrada de vehículos –aunque está en ello y ya ha aprobado un límite recomendado de 120.000–, lo que genera consecuencias visibles. Aumentan los accidentes, los atascos, los choques —algunos de considerable gravedad—, así como las salidas de calzada y los desbarrancos. Esta situación se agrava con la gran afluencia turística que el año pasado alcanzó los dos millones de personas. En una isla con una sola carretera principal, los vehículos de alquiler turístico se han convertido en un serio problema de seguridad vial.

Este argumento es el que sostiene, desde hace una década, el Partido Popular de Menorca para defender la construcción del viaducto de Rafal Rubí. “El enlace a doble nivel elimina el giro a la izquierda en un tramo curvo que resulta especialmente peligroso por coincidir con un cambio de rasante”, señalan fuentes del Consell Insular. Por su parte, el conseller de Cultura, Juan Domingo Pons Torres, cierra el debate sobre el posible impacto en el patrimonio insistiendo en que “se trata de un tema técnico”.

Cartelería que explica la historia del lugar y señala los objetos y restos hallados en excavaciones

El proyecto se encuentra próximo a dos navetas funerarias de la Edad de Bronce, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Otra de las voces que impulsa la finalización de las obras es la del representante de la empresa Menorca Natura, Turisme i Cultura S.L., gestora del Parque Arqueológico de Rafal Rubí, cuyas actividades permanecen paralizadas. El presidente de esta entidad, Rafael Durán Vadell, reclama desde hace años un “acceso seguro y práctico desde la carretera general” al parque. Rafael Durán coincide con el Consell Insular en la postura sobre este tema, pero no es la única casualidad: el presidente insular, Adolfo Vilafranca, y el ahora empresario patrimonial compartieron en su momento militancia en el mismo partido político, el PP.

Rafael Durán fue durante años un dirigente destacado del PP balear: portavoz del partido en el Ayuntamiento de Palma, regidor de Deportes y presidente del Instituto Municipal del Deporte. En 2009, fue detenido en el marco de la “Operación Espada”, vinculada al Caso Palma Arena, bajo sospecha de presuntos delitos como prevaricación, soborno, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos. No fue condenado porque la investigación central del caso Palma Arena, en la que él estaba imputado, al final fue archivada sin juicio en 2019. Como resultado de todo este proceso, dimitió de todos sus cargos y fue suspendido temporalmente de militancia hasta que finalmente abandonó la política hace más de una década. Desde que Durán asumió su gestión, en el parque de Rafal Rubí se instaló una caseta de control, personal de atención al público, un área para la venta de recuerdos y bebidas, y dos zonas de aparcamiento.

Además de su papel como empresario del ámbito cultural, Durán figura como administrador único de la empresa Pendent Serveis i Gestió S.L., que gestiona parte del patrimonio militar de Menorca y en la que trabajó eventualmente el actual conseller de Medi Ambient, Simón Gornés, una de las principales espadas del gobierno de Vilafranca. Entre los espacios gestionados por esta firma se encuentra La Mola, una fortaleza del siglo XIX que ocasionalmente se alquila para eventos privados como bodas y bautizos. A pesar de que elDiario.es ha intentado contactar con Durán para recoger su versión de los hechos, el empresario ha preferido no dar declaraciones.