El Gobierno de Azcón abre otro conflicto con Catalunya y pone en la diana a un menor migrante alojado en Teruel

“El de los menores es un tema complejo con el que se puede hacer mucha demagogia”. Estas palabras del consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, han acompañado este miércoles al anuncio de que el Ejecutivo de Jorge Azcón va a abrir otro conflicto institucional con Catalunya a cuenta de un menor migrante internado en un centro de Teruel donde hace cinco días se produjo un incendio.

Según el Ejecutivo autonómico, el fuego fue presuntamente causado por este joven, que “está tutelado en Catalunya” pero que la Generalitat se habría negado a recuperar. Por ello, el Gobieron de Aragón va a reclamar ahora “el coste de la reparación de los daños ocasionados” en el inmueble, una vez hayan sido valorados, “así como el importe de la responsabilidad civil derivada en caso de sentencia firme”.

Horas después ha llegado la respuesta del Govern catalán. Fuentes de la Generalitat han informado a este diario de que el joven provenía de Andalucía, que solo pasó cuatro días en Catalunya y que desde el Departamento de Derechos Sociales llegaron a comprar un billete para procurar su regreso, pero que el propio joven lo rechazó.

En la actualidad, el menor −siempre según el Ejecutivo autonómico, que ha citado el auto judicial− está internado en régimen cerrado hasta que se celebre el juicio, tal y como se ha dictaminado a partir de las medidas cautelares solicitadas por el fiscal que lleva el caso.

El menor, según ha explicado la consejera de Bienestar Social y Familia aragonesa, Carmen Susín, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, llegó a Teruel en mayo. Según el relato del Ejecutivo autonómico, está tutelado en Catalunya y por eso “se requirió al servicio de menores de Lérida”, que depende de la Generalitat, “que recogiera al menor y lo trasladara” a esta comunidad autónoma. “Dicho servicio se negó a recoger al menor, presuntamente causante del incendio”, expone el Gobierno aragonés.

Por este motivo, el Ejecutivo de Azcón va a abrir un nuevo conflicto institucional con Catalunya, que se sumará a otros como los de la Ley de Amnistía, la financiación autonómica o el propio del reparto de menores migrantes, a los que se unen los tiras y aflojas para que se cumpla la sentencia por las pinturas murales de Sijena.

Condena en Catalunya

Así, el Gobierno del PP en Aragón exigirá a Catalunya que asuma la reparación del centro de menores y también las posibles consecuencias legales del incendio, que dejó a dos trabajadores heridos por inhalación de humo. “También que cumpla su condena en un centro de reforma de Cataluña”, ha añadido la consejera Susín.

La titular de Bienestar Social y Familia ha reconocido que, “aunque la tutela de un menor la tenga una comunidad autónoma”, es “relativamente habitual” que la guarda la tenga otra distinta a la que el joven se ha trasladado. “Son centros abiertos, los menores se mueven y deciden ir a otra comunidad, eso lo tienen detectados los centros”, ha explicado. Pese a ello, Susín no ha sabido precisar cuántos de los menores tutelados por Aragón están ubicados en terceras comunidades, y, al revés, cuántos de otras autonomías están aquí.

La consejera tampoco ha sabido detallar si el conflicto institucional abierto con Catalunya ahora tiene algún precedente, dadas la particulares características del caso.

Pese a que no se ha referido expresamente al joven que según el Gobierno de Aragón podría estar detrás del incendio en Teruel, Susín también ha insistido de manera repetida que “hay determinados menores con trastornos de conducta u otros problemas asociados que es muy complejo que conviva en un centro de protección normal”. Sobre por qué no opta el Ejecutivo autonómico por trasladar a estos jóvenes con problemas −cuyo número Susín no ha sabido determinar−, se ha remitido a la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón, que “es proteccionista y no responde ahora a las necesidades” que pueden surgir ante “determinados perfiles de menores”.

Las cifras de Aragón

Otra de las cuestiones centrales de la comparecencia de la consejera de Bienestar Social y Familia tiene que ver con el rechazo del Gobierno de Azcón al reparto de menores migrantes plasmado en el Real Decreto −publicado este miércoles en el BOE− y con las cifras económicas aportadas.

Tras la insistencia de los medios en conocer las cifras que maneja el Ejecutivo autonómico, Susín ha dejado claro que con los “más de tres millones de euros” que recoge el decreto ley Aragón puede atender a los 251 que la comunidad autónoma debe recibir “solamente durante 90 días”. Y ha desgranado sus cálculos: si el dinero que transfería hasta ahora el Gobierno de España a las regiones por cada menor migrante era de 145 euros al día, para lo que pagaba “el coste de un año”, con el nuevo reparto la transferencia para ese mismo periodo bajaría a 35 euros al día. En cambio, según la tesis del Ejecutivo autonómico, si opta por mantener ese coste de 145 euros, entonces solo da para tres meses.

“Hemos preguntado al Ministerio de Infancia y Juventud cómo se ha calculado puesto que no somos capaces de encontrar un cálculo coherente en ese cuadro”, ha indicado Susín, quien además ha comentado que el precio de cada plaza es diferente en función del tipo de centro.

Fuentes del Ministerio apuntan que “el coste unitario por menor y día” se mantiene en esos 145 euros al día, que es el “que se ha utilizado para los cálculos del reparto del fondo de los 100 millones consignado para los traslados derivados de la declaración de contingencia migratoria”. Ahora bien, también recuerdan que la competencia en materia de atención a la infancia en situación de desamparo es autonómica, con lo que el apoyo del Ejecutivo central se limita “a los tres primeros meses”.