El Poder Judicial otorga la presidencia de dos salas clave del Supremo a los candidatos de los conservadores

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha adjudicado las presidencias de dos salas clave del Supremo, la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, a los dos candidatos que apoyaba el sector conservador después de que las dos candidatas progresistas se retirasen del proceso ante la falta de acuerdo. Andrés Martínez Arrieta ha recibido 15 votos del pleno y Pablo Lucas 16 con varios vocales conservadores mostrando su contrariedad con que, en contra de la paridad, cuatro de las cinco salas del Supremo estén presididas por hombres.

Desde su última renovación y con el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta, el CGPJ ha renovado decenas de plazas jurisdiccionales y gubernativas tanto en tribunales territoriales como en el Tribunal Supremo. Unas negociaciones que, en su mayoría, se han saldado con acuerdos por unanimidad y en las que las asociaciones de corte conservador han salido beneficiadas. Ignacio Sancho, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, fue nombrado presidente de la sala Civil y Concepción Ureste, de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, de lo Social.

Las negociaciones se encallaron cuando llegó el momento de cubrir la presidencia de las salas de lo Penal y lo Contencioso. La que investiga y juzga a aforados y la que decide sobre recursos contra normas y medidas del ejecutivo central. Los progresistas propusieron a Ana Ferrer y Pilar Teso, las cuales ya habían sonado para presidir el propio Consejo, y los conservadores a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas. Dos candidatos que no cuentan con un perfil netamente conservador pero que han sido esgrimidos por este sector para ocupar las presidencias entre acusaciones veladas a Ferrer y Teso de ser las “favoritas” del Gobierno y, en concreto, del ministro de Justicia.

El empate entre bloques llevó a las dos candidatas progresistas a abandonar la pugna entre quejas por la falta de acuerdo del Consejo y el resultado ha sido el nombramiento de los dos candidatos del sector conservador. Los dos ostentaban ya la presidencia de forma interina Pablo Lucas, en concreto, también fue propuesto para el Constitucional por los progresistas cuando el objetivo era bloquear el nombramiento de otro candidato conservador en el tribunal de garantías.

El sector progresista, una vez retiradas sus candidatas del proceso, se ha dividido en esta votación. Nueve de ellos explican en un comunicado que llevan meses defendiendo que al menos la presidencia de una de estas dos salas fuera ocupada por una mujer y cumplir así con la normativa de paridad. Ferrer y Teso, añaden, cuentan con “currículos extraordinarios”, con un “reconocimiento abrumador” en la judicatura y tienen una “sólida experiencia” en el Supremo.

“Hemos perdido una oportunidad de marcar un antes y un después en la historia del Tribunal Supremo”, lamentan estos vocales.