El tribunal de la ONU establece que los gobiernos están obligados a frenar la emergencia climática
«Los estados tienen la obligación de respetar y garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos adoptando las medidas necesarias para proteger el sistema climático», señala el Tribunal Internacional de Justicia, en una opinión que no es vinculante pero que establecerá las bases legales respecto a la emergencia climática
“Vivimos en estado de emergencia”: las islas del Pacífico claman por la justicia climática ante los jueces de La Haya
La lucha contra la emergencia climática ha logrado una victoria este miércoles en La Haya. El Tribunal Internacional de Justicia (ICJ, por sus siglas en inglés) ha establecido la protección del medioambiente como una “condición previa” de los gobiernos para cumplir con los derechos humanos. La opinión de los jueces del tribunal de la ONU, que no es vinculante aunque tiene importancia política y puede ser clave en futuros litigios de la justicia climática, es que los estados que forman parte del organismo multilateral tienen obligaciones vinculantes respecto a la lucha contra el cambio climático, que los jueces han calificado “urgente y existencial”.
“Los tratados sobre cambio climático establecen obligaciones vinculantes para que los estados parte garanticen la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente frente a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero”, señala la opinión consultiva del tribunal, que ha celebrado en los últimos meses la que es hasta ahora la mayor causa por la justicia climática. Lo que consideran los 15 jueces que han participado en el proceso –y que se han pronunciado por unanimidad– es que los países que forman parte de tratados internacionales, como el marco de Naciones Unidas o el Acuerdo de París pueden incumplir la legalidad internacional si no toman medidas encaminadas a reducir las emisiones contaminantes y contener el calentamiento global.
“Los estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de respetar y garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos adoptando las medidas necesarias para proteger el sistema climático y otras partes del medio ambiente”, agrega la opinión, que ha leído este miércoles el juez presidente, Iwasawa Yuji, en una sesión que se ha prolongado durante algo más de dos horas.
Incumplir las obligaciones climáticas es ilegal
Así, los jueces ponen el énfasis en que “un medioambiente limpio, saludable y sostenible” es un derecho humano que, además, es “inherente al ejercicio de otros derechos fundamentales”, como el derecho a la vida, la salud y un nivel de vida adecuado (incluyendo el acceso al agua, la alimentación y la vivienda).
“Los estados tienen el deber de prevenir daños significativos al medio ambiente actuando con la debida diligencia y de utilizar todos los medios a su alcance para evitar que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control causen daños significativos al sistema climático y a otras partes del medioambiente, de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades”, expresan los jueces, que también incluyen el deber de los países de “cooperar entre sí de buena fe para prevenir daños significativos al sistema climático y a otras partes del medio ambiente, lo que requiere formas sostenidas y continuas de cooperación por parte de los Estados a la hora de adoptar medidas para prevenir tales daños”.
El tribunal apunta a la responsabilidad de los estados que no combatan de manera efectiva el cambio climático. Así, considera que aquellos países que fracasen en la adopción de “medidas apropiadas para proteger el sistema climático de las emisiones” –por la producción de combustibles fósiles, por no reducir su consumo o por subvencionarlos– pueden “constituir un hecho internacionalmente ilícito imputable a ese Estado”. Y apunta a que, en los casos en los que la “restitución” de los daños sea “materialmente imposible”, los estados responsables “tienen la obligación de indemnizar”.
Una batalla en la ONU que comenzó en las islas del Pacífico
La ONU decidió por unanimidad pedir al tribunal que emitiera una opinión sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático a raíz de una petición impulsada por el movimiento estudiantil de las islas del Pacífico, que lanzaron una campaña para convencer a los gobiernos del Foro de las Islas del Pacífico para que llevaran la destrucción que están sufriendo hasta el Tribunal Internacional de Justicia.
Su causa la enarboló el Gobierno de Vanuatu, una de esas pequeñas islas, situada a 1.750 kilómetros de Australia. Con 334.000 habitantes, es una de las principales víctimas del cambio climático, a pesar de que sólo emite el 0,02% de los gases de efecto invernadero. Ciclones, tormentas y la subida del agua del mar pone en peligro al 64% de esa isla. Fue Vanuatu quien llevó el asunto a la ONU.
La resolución del Tribunal de Justicia Internacional no es vinculante, pero tiene relevancia desde el punto de vista político. Durante el proceso, los jueces de La Haya escucharon testimonios y argumentos de 98 países y doce organizaciones internacionales en la mayor causa para la justicia climática hasta ahora.
Las organizaciones sociales han celebrado la victoria. “Este es el comienzo de una nueva era de responsabilidad climática a nivel mundial”, señala Danilo Garrido, de Greenpece, que ve en la opinión consultiva un “punto de inflexión para la justicia climática” al aclarar las obligaciones internacionales en el combate contra la emergencia climática y las consecuencias de su incumplimiento. “Esto abrirá la puerta a nuevos casos, y es de esperar que haga justicia a aquellos que, a pesar de haber contribuido en menor medida al cambio climático, ya están sufriendo sus consecuencias más graves”, agrega.
“Esta noche dormiré más tranquila. Por primera vez, siento que la Justicia no es sólo un sueño, sino una dirección. La CIJ ha reconocido lo que hemos vivido: nuestro sufrimiento, nuestra resistencia y nuestro derecho al futuro. Es una victoria no sólo para nosotros, sino para todas las comunidades de primera línea que luchan por ser escuchadas. Ahora, el mundo debe actuar”, afirma Flora Vano, líder de una comunidad de mujeres de Vanuatu.
