La vuelta a la sede de Catarroja del juzgado de la dana complica una macrocausa con familiares de 228 fallecidos y 40 abogados

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha acordado que el juzgado que se encarga de la instrucción de la causa de la dana vuelva a su sede original en Catarroja, arrasada por las inundaciones del pasado 29 de octubre y restaurada mediante un contrato de emergencia adjudicado por la Generalitat. El órgano de gobierno de los jueces y tribunales valencianos considera que “no existen razones objetivas que impidan el regreso de los órganos judiciales del partido de Catarroja a su sede judicial”. Aunque, fuera del plano meramente técnico, la decisión supone un cambio de calado en una macrocausa que lleva seis meses en el foco mediático, a tenor de la gravedad de los hechos y de la complejidad del procedimiento.

El acuerdo, que ha sido elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a efectos prácticos “para su conocimiento”, supone una cierta complicación para un procedimiento en el que se investigan 288 fallecimientos (entre ellos el de una mujer embarazada de ocho meses) y en el que figuran personados un total de 40 abogados, entre acusaciones particulares y populares y las defensas de los dos investigados: la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Varios de los letrados (incluyendo de las defensas) expresaron su oposición al traslado de la sede provisional en la Ciudad de la Justicia de València a las instalaciones de Catarroja, peor comunicadas y menos funcionales. Algunos de los abogados —tanto de los dos investigados como de las acusaciones— provienen de otras capitales, como Madrid o Barcelona.

Más importante aún, la decisión afecta de lleno a los perjudicados. El regreso a la localidad de l’Horta Sud supone que los familiares de las víctimas que aún quedan por declarar en condición de perjudicados se tengan que desplazar desde varias comarcas distintas, ya que las diligencias originales de los 228 fallecimientos, actualmente centralizadas por la jueza de la dana, se abrieron en una decena de partidos judiciales distintos. Uno de los letrados que ejerce una acusación particular advirtió de que las instalaciones de Catarroja “no están preparadas para asumir técnicamente la presencia de profesionales correspondientes” a tantas partes personadas, incluyendo al Ministerio Fiscal.

Por otro lado, la junta de jueces de Catarroja pidió el pasado 14 de julio que se valorara la posibilidad de mantener la instrucción de la causa de la dana en la Ciudad de la Justicia de València. Sin embargo, ante la “disponibilidad inmediata” del edificio para su “reocupación” por los órganos judiciales que llevaban nueve meses instalados provisionalmente en València y tras un informe de la Conselleria de Justicia, que dirige la popular Núria Martínez, la Junta de Gobierno del TSJ-CV concluye que las salas de vistas rehabilitadas cuentan con “similares características a las que podrían disponer en la Ciudad de la Justicia de València”.

El informe de la Dirección General de Justicia de la Generalitat asegura que las tres salas de vistas de la sede de Catarroja están plenamente operativas y que una de ellas está “dotada de estrado ampliado y mobiliario para procedimientos con múltiples partes”.

El acuerdo de la Sala de Gobierno del alto tribunal autonómico también señala que la amplia Sala Tirant de la Ciudad de la Justicia, donde se venían celebrando las declaraciones en el marco de la causa de la dana, estaba reservada (antes del traslado provisional del juzgado de Catarroja a consecuencia de la inundación) para juicios señalados a la vuelta del verano por la Audiencia Provincial de Valencia.

“Efectivos policiales” para asegurar el “orden público”

El procedimiento de la dana ha conllevado una importante atención mediática, especialmente ante las declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, así como de otros cargos públicos que han desfilado como testigos, tales como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. En algunos casos, como en la declaración de Pradas y Argüeso y en la testifical de Mompó, se han producido concentraciones de protesta en la entrada de la Ciudad de la Justicia, rodeadas por un dispositivo de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

El órgano de gobierno de los jueces y tribunales valencianos indica que la sede de Catarroja “dispone de un único acceso para el público y los medios de comunicación, por lo que deberán extremarse la atención a los mismos para el ejercicio del derecho a la información dentro de los condicionantes judiciales y, por otro lado, en cuanto al acceso público, las medidas de seguridad, particularmente en relación con el Juzgado número 3, competente en la instrucción de la causa dana”.

Así, también emplaza a que el juzgado solicite a la Delegación del Gobierno que “se provea de los efectivos policiales necesarios para garantizar la seguridad del edificio y el orden público”.

El acuerdo, eso sí, pide que se informe “de inmediato” a la Sala de Gobierno del TSJ-CV “en caso de producirse incidencias que pudieran afectar al normal desarrollo de la instrucción” del procedimiento o a la “prestación del servicio judicial”, a fin de “valorar y promover, en su caso, las medidas necesarias para preservar el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia”.