Una familia de Lavapiés con tres menores evita ‘in extremis’ su desahucio de un piso protegido del Ayuntamiento de Madrid

“¡No salgas de la casa!”. José Antonio pedía así a Cristina, su exmujer y madre de sus tres hijos menores, que permaneciese en la vivienda que han estado a punto de tener que dejar en la mañana de este miércoles. Con más de una decena de agentes de la Policía Nacional y Municipal en el portal, así como dos furgones policiales en plena calle Lavapiés, era el momento de mayor tensión de la jornada. Solo unos minutos después los cuerpos de seguridad abandonaban el edificio, seguidos de varios funcionarios de los servicios sociales, los juzgados o la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS).

Esta entidad pública, promotora inmobiliaria del Ayuntamiento de Madrid, es la propietaria del piso en el que la familia lleva viviendo 14 años. El martes, “sin previo aviso” según cuenta José Antonio, se produjo un primer intento de desahucio frustrado. “Ni nosotros ni nuestro abogado habíamos recibido ninguna notificación”, asegura. La expulsión se postergó apenas unas horas, hasta este miércoles a las 9.30, pero la actuación de su defensa y la movilización de vecinos del edificio ha vuelto a frenar el lanzamiento. Según les han trasladado, y confirma a Somos Lavapiés una de las funcionarias que ha acudido al lugar, la ejecución “se aplaza sin fecha”.

Una vez salvada la situación, Cristina y José Antonio conversan para preparar su estrategia futura junto a otras vecinas y su familia más cercana (las madres de ambos han permanecido a su lado desde primera hora de la mañana). El alivio es palpable, pero la inquietud permanece. También la indignación: “Una persona de la EMVS era la encargada de certificar la vulnerabilidad. Bueno, pues lo que ha hecho es llevar los papeles para el certificado de vulnerabilidad a un juzgado equivocado, al 54 en vez de al 46. El de nuestro juicio no sabía que teníamos el informe”.

“Nuestro abogado ha tenido que entregarlo hoy a primera hora al juez que corresponde para que suspendiera el desahucio”. El letrado lo ha conseguido in extremis, ya que la comunicación de la paralización ha llegado cuando la hora programada de ejecución (9.30) ya se había sobrepasado unos minutos. Previamente intentó aplazar el desalojo para disponer de más tiempo en la gestión, pero las autoridades no accedieron a ello. Así, la expulsión ha estado a punto de acometerse aunque un juez ya había ordenado su desactivación. “Ha sido cuestión de minutos”, dice José Antonio.

Agentes de policía acceden al bloque en el que viven José Antonio, Cristina y sus hijos.

“La comisión judicial venía muy mal, poco preparada y con malos modos. No querían ni llamar al juzgado”, afirma Charo, residente en el mismo bloque y muy significada en movimientos sociales o por la vivienda en Lavapiés. Lamenta que “una entidad pública ha intentado desahuciar sin alternativa habitacional, parece que solo somos números”. Considera además que “han actuado muy rápido porque lo que querían es que no hubiera resistencia ni organización vecinal”.

En la misma línea se pronuncia Alma, otra vecina que ha grabado los momentos más intensos de la confrontación verbal con las fuerzas de seguridad del Estado: “Son unas fechas malísimas, desde ayer estamos intentando movilizarnos porque vinieron sin previo aviso. Han intentado echarles de forma ilegal, sin previo aviso y sin que nadie nos haya enseñado la orden judicial de lanzamiento. Y además con muy malos modos, con un racismo soterrado [la familia afectada es de origen gitano]”.

Miguel, padre de Cristina, reprocha que la Policía le ha indicado que contaban con la orden de desalojo pese a que nadie se la ha mostrado. Minutos antes de conocerse la suspensión, el abuelo de los menores ha protagonizado escenas de tensión con los cerrajeros de la empresa Ingesan (filial de la macroconstructora OHLA). “Hemos llegado a las 8.00 y estas personas no nos han dejado pasar identificándose como policías. Eso es ilegal”, ha manifestado. Unos hechos que los cerrajeros han negado en todo momento. “Si tiene algo que denunciar acuda a una comisaría”, ha respondido a Miguel uno de los agentes policiales que custodiaban la entrada al bloque.

14 años en la vivienda y un supuesto “acuerdo verbal” con EMVS

Charo relata que José Antonio y Cristina llegaron a alcanzar “un acuerdo verbal con EMVS” para regularizar su situación. La pareja, ahora separada pero todavía en convivencia junto a sus tres hijos de entre 5 y 15 años, llegó a este piso del número 34 de la calle Lavapiés en 2011. “Me lo alquiló una persona a la que le di un primer pago de 1.200 euros y luego desapareció. Tiempo después intentamos hablar con EMVS y vino una trabajadora social que me dijo que estaba en proceso de regularización. Ahora, de la noche a la mañana, nos encontramos esto”.

José Antonio regenta un puesto de venta ambulante los fines de semana, mientras su expareja cobra el ingreso mínimo vital. “Es todo lo que ganamos, con eso no nos da para vivir en ningún sitio. Somos buena gente, no damos problemas y a la vista está que nos llevamos muy bien con los vecinos porque han venido a ayudar. Queremos pagar lo que nos corresponda”. Sus hijos han pasado las últimas horas en casa de la madre de José Antonio, que vive en el piso de arriba y sí cuenta con un contrato legal.

Interior del número 34 de la calle Lavapiés minutos después de que la comitiva judicial abandonase el edificio por la suspensión del desahucio.

Uno de los argumentos de la familia para defender que han tratado de ponerse en contacto con EMVS es que la propia entidad “ha hecho arreglos en el piso”. Fuentes de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo explican a este periódico que dichas actuaciones estaban encaminadas a “solventar unas goteras que afectaban a otros vecinos”.

El organismo dependiente del área de Políticas de Vivienda expone que “solo se desahucian a aquellos que, pudiendo pagar, no quieren hacerlo”. Y apuntan: “EMVS Madrid acude a los tribunales en casos de okupaciones, inquilinos con impagos y que generen problemas de convivencia vecinal, o en caso de impagos reiterados de personas con ingresos demostrados”. Recuerdan que “a nadie se le pide nunca más del 30% de sus ingresos, siempre se ofrecen planes de pagos asequibles y adecuados a la situación del inquilino en caso de pasar por una crisis y, si es necesario, se ofrece intervención de los servicios sociales”.

“Si, a pesar de ello, se incumplen los planes de pago o se rechazan las actuaciones de los servicios sociales, se pone el asunto en manos de la Justicia que, siempre con las máximas garantías, es quien decide si hay que proceder o no a un desahucio. Las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños y sujetas a una normativa y un reglamento de acceso a las mismas. EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar por dicho cumplimiento, especialmente por respeto a los alrededor de 50.000 solicitantes legalmente inscritos en el Registro de Vivienda que sí respetan las normas y procedimientos de acceso”. La entidad no aclará cuántas viviendas de su propiedad se encuentran actualmente okupadas o en proceso de desalojo.

Miguel acepta que su hija deba abandonar la vivienda si no han seguido los procedimientos oportunos, pero exige que las autoridades cumplan también las exigencias legales en el proceso: “Echarles de un día para otro es inhumano. Qué menos que darles dos semanas para que puedan buscar un sitio donde vivir, ¡qué tienen tres chiquillos! A la vista del resultado está que en la EMVS no lo han hecho bien y esto era una chapuza”.

Mientras, José Antonio y Cristina se organizan para ganar tiempo. Con la paralización de la actividad judicial en agosto, todo hace indicar que podrán quedarse al menos hasta septiembre. Charo les informa de los recursos jurídicos que puede ofrecerle el Sindicato de Inquilinas o la cooperativa de abogados del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El objetivo es prepararse para un conflicto legal, pero también generar una respuesta vecinal y social en el barrio que la rapidez inicial del procedimiento había emprendido. “Si cuando llegan ven mucha gente se ponen nerviosos”, dice Charo. “Hoy éramos pocas y hemos podido evitarlo. Imagina si somos muchas más”, añade.