Caso Quórum77: dos centros cerrados en una investigación por malos tratos a menores en una entidad con contratos millonarios

Un segundo centro con 148 menores gestionado por la entidad Quórum Social 77 ha sido cerrado este jueves en Arinaga, en Gran Canaria. Así lo ha ordenado el magistrado titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria (Instrucción 3), Tomás Martín, en una causa que se encuentra bajo secreto de sumario y en la que se investigan delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas. Hay además dos directivos de la entidad detenidos; su presidenta y el director del centro.

El pasado mes de mayo, el mismo juzgado ordenó el cierre de otro centro en la misma isla gestionado por la misma entidad con 43 menores. Se trata de La Fortaleza I, en Santa Brígida. El juez tomó esta decisión ante »las numerosas evidencias y testimonios recibidos» sobre la presunta comisión en su interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, amenazas y contra la integridad moral.

La entidad, Quórum Social 77, que en su web se define como “asociación no lucrativa que cuenta con una amplia experiencia en la intervención y el seguimiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro del sistema de protección”, acaparó hasta el año pasado las mayores cantidades de presupuesto público para gestionar centros para menores migrantes. En total, tanto esta entidad como Coliseo, se hicieron con más de la mitad del presupuesto del Gobierno de Canarias para acogida de menores (58,51%).

Según la documentación que consta en las plataformas de contratación, la entidad se ha hecho con hasta 23 millones de euros en adjudicaciones entre 2019 y 2024. Ello a pesar de que se trata de un sistema de acogida que ha sido cuestionado por diferentes entidades a lo largo de estos años que han señalado constantemente el hacinamiento de muchos de los centros.

Solo unos días antes del cierre del centro de La Fortaleza I, fue cesado un jefe de servicio crítico con la gestión del área de menores, David León, que llevaba apenas cuatro meses en el cargo. “Mis principios nunca han estado en venta ni nunca lo estarán”, reflejó en un escrito a sus compañeros, donde recordó que probablemente personas de dentro de la Dirección General querían que “desapareciera”.

En mayo, el jefe de servicio cesado ordenó el cierre del dispositivo Volcán de Timanfaya, en Lanzarote, por las deficiencias de las instalaciones y por la desprotección que sufrían los adolescentes. Fue el segundo centro que León clausuró, al haber dictado también el desalojo de un dispositivo en Gran Canaria gestionado por la fundación Cruz Blanca.

Fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el criterio del antiguo jefe de servicio chocaba contra el de la Dirección General, área que dirige Sandra Rodríguez. Según estas fuentes, se prioriza mantener los centros abiertos a pesar de que en ellos no se garantice el interés superior de los menores. En esta línea, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha relacionado muchas veces el mal estado de los recursos con el bloqueo de los traslados a la Península y las derivaciones han sido objeto de tensiones políticas en los últimos meses.

Menores del centro que ha sido cerrado en Arinaga por orden judicial.

Un sistema que “ha fracasado”

De hecho, Aministía Internacional elaboró un duro informe que presentó hace unos meses y que ponía de manifiesto que sistema para proteger a la infancia migrante que llega Canarias ha »fracasado». Habló de casos de violencia en centros de acogida, errores en la identificación de los menores, fallos en la tramitación en la documentación o inspecciones insuficientes en los recursos son algunas de las deficiencias recogidas en este documento.

Por ello, la entidad ha venido abogando por el traslado de jóvenes a otras comunidades para aliviar la saturación de la red de protección de Canarias y por »garantizar de manera plena los derechos de los niños y inñas que se encuentran en su territorio y que no se comprometan sus perspectivas de futuro».

En esa línea han venido trabajando el Gobierno de Canarias con el Estado, aunque las comunidades gobernadas por el PP han dado la espalda. Evidencia de ello es el plantón que dieron a la última Conferencia Sectorial de Infancia en la que se iba a abordar el traslado de los menores a la Península. Mientras el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afeó este gesto, Manuel Domínguez (PP), su socio de gobiermo, aplaudió a su partido.

Sobre el cierre del centro de Quórum se pronuncio precisamente Clavijo este jueves en La Palma. En declaraciones recogidas por Europa Press dijo que “con tantos menores y durante tanto tiempo” es difícil que los controles sirvan. Además, ha apuntado que se trata de una investigación en curso y bajo secreto de sumario, si bien lo que ha trascendido, ha agregado, “son delitos de mucha gravedad”.

Clavijo añadió que su Gobierno colaborará para que se esclarezcan todos los detalles de este asunto y ha expresado “máxima preocupación” por la vulneración de los derechos de los menores. “Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sea solo esto”, dijo.

La agencia EFE también recoge declaraciones de Ángel Víctor Torres, que ha señalado que no conoce bien el caso pero que si hay detenciones es “porque hay indicios y supuestos casos donde se ha incumplido gravemente la ley”. También ha recordado asimismo que no es el Gobierno de España la administración responsable de la gestión de ese tipo de centros, sino de otras administraciones o entidades, y ha pedido que se aclaren todas las circunstancias.