Un correo desvela que Montoro intentó reformar la ley para dar cobertura a la revelación de datos fiscales
El mensaje entre altos cargos del Ministerio adjunta un borrador de la reforma la Ley General Tributaria en 2015 que incluía entre los motivos para publicar información reservada de contrbuyentes que estos hubieran difundido “hechos falsos” que perturbaran la confianza en la Agencia Tributaria
La brigada fiscal suministraba a Montoro un arsenal de “información reservada” sobre objetivos relevantes
Uno de los correos electrónicos incorporados a la causa que sigue un juez de Tarragona contra Cristóbal Montoro y nueve de sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda revela cómo aquel departamento llegó a redactar una reforma legal que hubiera dado cobertura a la publicación de información reservada de contribuyentes que hubieran difundido previamente “hechos falsos” contra la Agencia Tributaria.
La reforma de La Ley General Tributaria que se aprobó en 2015 permitió finalmente que Hacienda hiciera públicos listados de grandes defraudadores, una práctica que ha continuado en el tiempo. Se trataba, según explicó entonces el Ministerio, de “motivos de interés general y para luchar contra el fraude fiscal”.
Hasta ahora no había trascendido que Montoro intentó también, sin éxito, que la reforma introdujera un amparo legal para la difusión de datos reservados de aquellos que causaran “una perturbación grave de la confianza en la Administración Tributaria”.
En la práctica, la aprobación de esa reforma habría eliminado los límites que se imponía Montoro cuando en público amenazaba a determinados colectivos, incluso a contribuyentes concretos, sin mencionar a nadie expresamente, y siempre gracias a la información reservada de la que disponía como ministro de Hacienda. En el caso de que se hubiera aprobado este extremo de la reforma habría bastado con una crítica de esas personas a las inspecciones sufridas por parte de la Agencia Tributaria para que vieran publicados sus expedientes fiscales.
El 13 de mayo de 2014, el subdirector general de Ordenación, Normativa y Recursos, Carlos Hernández, escribió un correo electrónico al director general de Tributos, Diego Martín Abril-Calvo, este último imputado en la causa del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona. Ese mensaje llevaba adjunto un archivo de título “NOTA SGT difusión datos tributarios y NOTA art.95 LGT SEH”. Aludía a la reforma que planeaba Hacienda de la Ley General Tributaria, en cuyo artículo 95 incluiría un apartado bis para la publicación de identidades y cantidades de morosos.
Según ese borrador, el artículo 95 bis incluiría un apartado que establecería que Hacienda podría hacer pública la información tributaria de un ciudadano en el siguiente supuesto: “Cuando la publicación de los datos fuera necesaria para presentar de manera correcta ante la opinión pública hechos falsos divulgados que puedan provocar una perturbación grave de la confianza en la Administración tributaria”.
En el párrafo siguiente del borrador aparecía la clave de quién tendría el poder de decisión en ese supuesto, que no era otro que el propio ministro de Hacienda. “La publicación de la información tributaria requerirá autorización previa del órgano que para Administración tributaria se determine en sus normas reguladoras. En el ámbito del Estado, la autorización corresponderá al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas”, recogía el adjunto al correo incautado.
En el trámite de la reforma de la Ley General Tributaria el PSOE intentó que sirviera para conocer la identidad de los contribuyentes que se habían acogido a la amnistía fiscal, pero la mayoría absoluta del Partido Popular rechazó tal posibilidad.
El contenido de este email adquiere relevancia en el debate jurídico acerca de si el contenido de esos correos electrónicos incautados encierran más delitos que los que se atribuye a Montoro y sus colaboradores por legislar a favor de las empresas gasísticas. El sumario del caso recoge algunos de ellos en los que se evidencia cómo Montoro recibía puntualmente información reservada de adversarios políticos, enemigos personales, compañeros de partido y cualquier personalidad con relevancia pública.
Algunos de los mencionados en los correos, caso de Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato o Juan Carlos Monedero han intentado sin éxito que acepte su personación en el caso. Todos ellos habían señalado a Montoro como responsables de filtraciones o instigadores, en el caso de Rato o Monedero, de investigaciones fiscales y judiciales contra ellos.
En dos autos conocidos este jueves, el juez Rus rechaza que el fundador de Podemos, el exministro y rival de Montoro en el PP Rodrigo Rato y el periodista de ABC Javier Chicote, de quien todos ellos el director de la Agencia Tributaria envió datos sobre inspecciones fiscales al jefe de gabinete de Montoro, puedan personarse en la causa.
Los argumentos son similares en los distintos autos. El juez asume las tesis del fiscal jefe Anticorrupción y considera que la información reservada solo circuló entre responsables del Ministerio y que, en algunos casos, se daba detallada cuenta al ministro, esto respondía a su organización jerárquica. Los afectados aún pueden recurrir a la Audiencia Provincial de Tarragona.
Con la negativa de la jefatura de Anticorrupción a abrir esa línea de investigación, pese a los indicios que recogen los correos, y los recientes autos del juez, el caso circunscribe a la presunta corrupción por la modificación de leyes por parte de Montoro y su Ministerio a cambio de que las empresas contrataran a Equipo Económico, la consultora que él había fundado y en la que habían participado o lo harían los altos cargos responsables de impulsar las citadas modificaciones legales.
