Los disléxicos chocan con la Junta de Andalucía en su lucha por las oposiciones adaptadas: “Dedico una hora a revisar”

Cuando se enfrentan a un examen de cuatro horas y media, Inmaculada Escobar lo pasa fatal y Alicia Vílchez sale mareada. Algo parecido ocurre a quienes, como ellas, tienen dislexia y afrontan unas oposiciones. Bailan las sílabas, las tildes se escapan y aquello se convierte en una tortura que limita sus aspiraciones de obtener un empleo público. “Este año me han bajado la nota por dos transposiciones de sílabas, un error que no puedo controlar, menos aún en estado de nervios y cansancio”, cuenta Vílchez desde Granada. Por su parte, Escobar, que reside en Almería, ha tenido seis fallos de acentuación. Eliminada. El año pasado fueron cinco: también eliminada, igual que Vílchez.

Su problema no es el contenido, sino plasmarlo por escrito. La dislexia las obliga a aplicar mentalmente las reglas de acentuación, cuando una persona sin dislexia suele colocar las tildes de manera natural a partir de los 10 u 11 años. “Yo dedico una hora a revisar faltas, cuando los demás dedican diez minutos”, relata Escobar. Y aun así se le cuelan.

Ambas tienen un diagnóstico clínico de dislexia y, en concreto, un trastorno específico de la lectura y otro de disortografía. Están reconocidos en el listado de trastornos mentales del CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Las dificultades ortográficas son un rasgo básico de los trastornos específicos del aprendizaje. Tienen una dificultad “objetiva” reconocida científicamente.

Por eso, creen que no compiten de igual a igual, lo que estaría vulnerando su derecho a concurrir a una plaza pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad (artículo 103 de la Constitución), el derecho de acceso a la función pública (artículo 23) y la igualdad ante la ley (artículo 14). “Se pide que piensen las palabras con la misma rapidez que una persona que no es disléxica. Ahí se rompe el principio de equidad”, observa María Jesús Moreta, secretaria general de la Federación Española de Dislexia (FEDIS). “Tenemos una necesidad: a nadie se le ocurriría pedir a alguien con baja visión que se esfuerce y lea”, protesta Vílchez.

Las asociaciones llevan años tratando de concienciar de este problema. Vílchez y otras acudieron hace unos meses a La Revuelta y la Plataforma Dislexia mantiene una petición en change.org para conseguir unas “oposiciones justas para todos”, pero la principal vía de acción es la legal. “Nos dicen que no hay normativa, por eso fuimos al Congreso: para que la haya”, señala Vílchez.

Se ha reunido con casi todos los grupos políticos, hasta conseguir que Sumar presentara el pasado marzo una enmienda a la Ley de Función Pública que ahora se tramita. La enmienda “reconoce el derecho de las personas con dislexia a recibir las adaptaciones necesarias en los procesos selectivos de acceso a la Función Pública, garantizando la igualdad de condiciones frente a los demás aspirantes”. Tanto el PSOE como el PP, que también en marzo planteó una Proposición No de Ley, parecen sensibles al asunto. “Por lo que vemos, parece que tiene apoyos suficientes”, dice Vílchez; el problema es que todo va muy lento.

Una sola adaptación: el tamaño y tipo de letra

La situación se ha agravado en las últimas convocatorias a oposiciones docentes en Andalucía, que han generado un aluvión de quejas por los múltiples motivos formales de invalidación. Hasta 2023 la acumulación de faltas de ortografía o errores formales restaba puntos, pero ahora es eliminatoria. A las cinco faltas el examen queda invalidado, y eso incluye la puntuación (comas, paréntesis) y las tildes.

De esa forma, lo que hasta 2023 para ellas era un hándicap ahora es una barrera casi insalvable, sin que importe mucho el contenido de su examen. Inmaculada Escobar se pone de ejemplo. El año pasado tenía un 9,5, pero el examen fue invalidado por cometer cinco faltas de acentuación. “El tribunal me dijo que no compartía el criterio”, revela. Este año cayó en seis tildes. “Mis notas son 10 en muchos ítems y en la parte de expresión escrita tengo 0, 4, 4, 6 y 8. ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Es ahí donde nos deben tener en cuenta”.

El pasado marzo, Escobar presentó a la Consejería de Educación un informe clínico del Hospital Universitario Torrecárdenas donde constan sus dificultades en la lectoescritura y la ansiedad que esto le genera, y se realiza el juicio clínico a través de tres pruebas diagnósticas: “Trastorno específico para la lectura” y “trastorno de expresión escrita”. Se destacan sus dificultades para la escritura a través del dictado de palabras, pseudopalabras y frases, “con especial problema con el uso de acentos”.

El 17 de junio, cuatro meses después de pedirlo y cuatro días antes de la prueba, obtuvo respuesta: una resolución del Director General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos concede la siguiente adaptación: “Letra Arial a tamaño 14”. Escobar no recurrió porque la resolución indica que no se puede recurrir, pero cuando obtuvo los resultados alegó ante el tribunal que esa adaptación no era suficiente. Si no se valora de forma distinta las faltas de ortografía (por ejemplo, no siendo invalidantes) necesitaría al menos más tiempo para revisar, que es lo que piden como mínimo las asociaciones.

Una fuente oficial de la Consejería de Educación explica que las adaptaciones se realizan “en función de la normativa nacional”, y cita tres aspectos que sí aplica: tamaño, tipo de letra e interlineado. Para la posibilidad de dar más tiempo aplica una orden de 2006 que establece criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para personas con discapacidad, y que sólo se aplica si la discapacidad reconocida es superior al 33%. De ahí, que generalmente no sirva para los disléxicos, cuya discapacidad reconocida no suele llegar al 10%.

Escobar aspira a una plaza en la especialidad de Pedagogía Terapéutica. Es maestra de Infantil en un aula TEA con niños y niñas con dificultades de aprendizaje, un trabajo que le apasiona. Pero se da la paradoja de que lo que les enseña es una entelequia en las pruebas de oposiciones. Precisamente, uno de los supuestos del examen consistía en adaptar un examen a un alumno con dislexia: “Pregunté al tribunal si bastaría con adaptar el tamaño de letra, y me dijeron que no”.

“Ajustes razonables”: más tiempo, descansos y prioridad al contenido

Lo que piden Escobar y Vílchez se aplica en todas las etapas educativas (Primaria, Secundaria, Bachillerato, Universidad). También en las pruebas de acceso a la Universidad. Algunas comunidades autónomas también recogen adaptaciones en sus procesos selectivos, como Región de Murcia, Castilla y León (que da más tiempo) o Extremadura. Pero ninguna penaliza menos las faltas ortográficas cometidas por disléxicos.

Andalucía sí concede más tiempo si la persona tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, en aplicación del mismo Decreto que obliga a reservar un cupo de plazas a estas personas. Sin embargo, los disléxicos no suelen llegar a ese grado. Moreta pone un ejemplo ficticio: una persona con dislexia y un problema en una pierna con un 33 % de discapacidad dispondrá de más tiempo para realizar el examen; mientras que una persona con dislexia y TDAH con un grado del 24 % no. “A pesar de ser condiciones más limitantes para la lectura y concentración en ese mismo examen”, observa.

En 2022 FEDIS solicitó al Defensor del Pueblo Andaluz que pidiera a la Junta de Andalucía que aplicara a las oposiciones unos “ajustes razonables” para personas con dislexia y TDAH. Solicitaban la ampliación del tiempo para el desarrollo del examen y para las pruebas de lectura (25% de tiempo adicional); adaptación de la tipografía evitando las que tienen serifa (el adorno de algunas tipografías en el extremo de los caracteres); que se evaluar el contenido “por encima de la forma”; el uso de ordenador como alternativa; y la utilización de software específico. También suele pedirse que los exámenes largos se dividan en dos días o se conceda un tiempo de descanso.

El Defensor pidió a la Federación y la Consejería que se sentaran a hablar, pero la respuesta del Director General, que por entonces era Pablo Quesada (hoy viceconsejero) soliviantó a la asociación. “Contestó de forma irónica y poco apropiada que ”cabe recordar que se trata de las oposiciones al cuerpo de maestros“”, recuerda María Jesús Moreta. Una forma de decir que, si su trastorno médico les impedía superar los requisitos formales del examen, tenían que aguantarse con ello y quizá no deberían aspirar a ser maestras.

FEDIS cree que estas dificultades con las tildes no empecen su aptitud pedagógica. “En situaciones de estrés estas personas tienden a cometer más errores ortográficos, lo cual no significa que ocurra en el desempeño como docente: es un contexto diferente, donde además existen herramientas, como los diccionarios, que permiten consultar como se escribe una palabra”, subraya Moreta, quien cree que el proceso selectivo acaba normalizando la exclusión: “No tiene sentido que durante todo el periodo educativo a las personas con dificultades en el aprendizaje se le apliquen ”ajustes razonables“ y cuando dan el salto la vida adulta, como es el caso de las Oposiciones, la administración obvie esa dificultad. La condición de la persona no va a cambiar por el hecho de alcanzar la edad adulta”.

“No jugamos en las mismas condiciones”, concluye Vílchez: “Pensamos, actuamos procesamos y expresamos la información de forma diferente”.