Anna Oliver, activista: “Cuanto más sólida sea la instrucción de la dana, más garantías de que Mazón sea investigado”

Una procesión de nazarenos desfiló el pasado 17 de julio a las puertas de las Corts Valencianes con una figura del president de la Generalitat, Carlos Mazón, con la palabra “criminal”. Decenas de personas protestaron contra el Presupuesto de las cuentas autonómicas de 2025. Ante los medios, Anna Oliver, como portavoz de más de una quincena de sindicatos y entidades del tejido asociativo valenciano, reclamó la dimisión del jefe del Consell, “no solo por todo lo que sabemos de la dana, sino porque el PP legitima unos Presupuestos que van en contra de todos los derechos sociales y civiles de la ciudadanía”, según afirmó.

Oliver es abogada de profesión y presidenta de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), entidad creada en 1971 y legalizada en 1978 con el objetivo de promover la lengua y la cultura propias. En esta entrevista con elDiario.es, explica que esta protesta —convocada en València, Castelló de la Plana y Alacant— nació de la necesidad de agrupar los movimientos sociales valencianos y “dejar de trabajar en microcápsulas”. “Hay que salir a la calle. Nosotros no pararemos, porque ACPV pone la cara y el cuerpo por todas, por la colectividad”, reivindica.

Además, la entidad ejerce una de las acusaciones populares más activas en la causa de la dana que instruye la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, de la que Anna Oliver destaca su capacidad de empatía hacia los familiares de las 228 víctimas mortales que “produce una restauración del daño”.

Por otro lado, cuando se cumplen dos años de legislatura, Oliver asegura que continúa manteniendo la confianza en “la fuerza de la gente”. La presidenta de la entidad repasa el trabajo en el marco de la campaña ‘La llengua no es toca’ (La lengua no se toca), la Comissió 9 d’Octubre o las movilizaciones con motivo del Día Europeo de las Lenguas, la jornada de la toma en consideración de las cinco leyes “que arrasaban todo lo que había hecho el [Pacte del] Botànic” y las nueve manifestaciones en recuerdo de la dana que asoló el pasado 29 de octubre diversas localidades valencianas.

Además, sobre la organización del 25 d’Abril destaca la “decisión política” de celebrarlo en Alacant: “Cuando el Consell quiere estar en un espacio cómodo y olvidarse un poco de todo el tema del valenciano, la cultura y la protesta, se va allá. Entonces, pensamos que, si querían caldo, tendrían dos tazas e iremos a Alacant a reivindicar su valencianidad”.

¿Esperaba la reacción de la calle en las primeras manifestaciones para pedir la dimisión de Mazón?

La primera manifestación del 9 de noviembre era imprescindible. La rabia flotante que se palpaba, que era densa, se tenía que canalizar. Después, como iba en cabecera, no tenía sensación de qué había detrás de mí. Esto me ha pasado en todas las movilizaciones y más tarde me he impresionado al ver las fotos. A mí me ha llenado de satisfacción la respuesta de la gente.

Hablamos de casi 230 muertos. Es muy bestia. No acabo de entender que este gobierno y que el PP continúe legitimando a una persona que tiene esta responsabilidad. Me resulta absolutamente incomprensible. Pero el País Valenciano ha cambiado respecto a los 20 años [de gobiernos anteriores] del PP y ha cambiado para todo. Y creo que también aprendimos con el accidente del metro. Hemos aprendido como sociedad que a las víctimas no se las abandona y se las acompaña. Por lo tanto, que las manifestaciones hayan sido tan sostenidas en el tiempo, que hubiera tanta gente, creo que es una consecuencia de toda la trayectoria histórica del país.

Han pasado ya casi nueve meses de la dana y ACPV continúa pidiendo las mismas responsabilidades que exigía el primer día.

Hay colegios con el patio todavía sucio, otros con enrejado, porque es un peligro pasar, continúa habiendo garajes o ascensores con problemas. Nueve meses después, el Consell, que ha recibido más dinero que nunca del Gobierno central, que acaba de obtener el permiso para endeudarse, lo único que ha hecho ha sido gastarse 2,2 millones en una empresa externa para que haga un plan de reconstrucción. No sé, se espera más.

Se espera que escuchen a las víctimas y no que las instrumentalicen. Los bomberos han denunciado que, si viniera otra dana, no hay nada previsto. Nueve meses después no has podido reconstruir, pero, ¿sabrías cómo enviar el mensaje? ¿Sabrías cuando tienes que constituir el Cecopi [Centro de Coordinación Operativa Integrado]? ¿Sabrías qué gente tendría que ir? ¿Has reforzado el 112? Y, mientras tanto, hacen políticas negacionistas del cambio climático. Y reconstruyen en los mismos lugares donde los expertos avisan de que no se debería hacer. ¿No tienen ninguna duda? Yo, como ciudadana, tengo muchas. No asumes ninguna responsabilidad, no quieres que te juzguen, no quieres ir a prisión, quieres autodefenderte, no quieres dejar de ser aforado; pero, éticamente, como persona, ¿no te preocupa que vuelva a venir una dana y que no estés preparado?

Han pasado nueve meses y continúa sin nada previsto. Yo espero que, si no ahora, porque evidentemente el PP lo legitima [a Carlos Mazón], haya un cambio de Gobierno. Espero que entonces sea un gobierno que se tome seriamente el cambio climático, el urbanismo y la importancia de las grandes infraestructuras y de la huerta.

Hablemos ahora de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. ACPV anunció que emprendería acciones judiciales contra el Consell por “su gestión negligente durante la barrancada”. Lo hicieron y ejercen una de las acusaciones populares en la causa. ¿Cuáles son sus expectativas?

Nuestro lema es lengua, cultura, país. El modo de defender el país era también constituirnos como acusación popular y poner toda la inteligencia posible para que esta causa prosiguiera. Y por eso buscamos a Manolo Mata, que tiene una larga experiencia, como síndico —conoce perfectamente como se organiza políticamente la Administración— y como jurista con larga trayectoria como penalista. Por lo tanto, la elección no fue nada casual y ha funcionado. De hecho, muchas de las diligencias que se han practicado en la instrucción son a petición de Acció Cultural.

Nuestra idea es que el procedimiento se haga escalonadamente, que es lo que también ha dicho el Tribunal Superior de Justicia y la instructora. Hay ahora dos personas investigadas. Veremos si escala al desmemoriado presidente de la Diputación de València. Pero tiene que ir así. Muchas veces la gente piensa que yo denuncio al presidente y que lo investigan. No funciona así en nuestro sistema penal, que es muy garantista.

Por otro lado, en derecho penal hay lo que se conoce como justicia restaurativa, que no es sancionadora y busca el confort de la víctima. El sistema penal español no es restaurativo. Pero esta jueza escucha a las víctimas y esto ya es satisfactorio. Las víctimas necesitan alguien que las escuche, alguien que puede tomar decisiones, investigar, ordenar y sancionar. Esta empatía produce una restauración del daño. Además, sus resoluciones son muy comprensibles, que también es algo muy extraño.

Creo que separa muy bien el grano de la paja. Tiene un guion y va subiendo escalón a escalón de la escalera sin prisas. Así es como se construyen las buenas causas penales. Y esto necesita mucha paciencia de ir ligando, teniendo en cuenta que además hay 40 letrados. Confío y creo que la jueza instructora hace un papel que va más allá de la instrucción sin perjudicarla y, por lo tanto, esta parte de humanidad es esencial en un caso como este.

Mencionaba justamente a Vicente Mompó y las contradicciones durante su declaración.

¿Qué esperábamos? ¿Que Mompó fuera al juzgado y dijera que habló con el presidente? Yo no esperaba que él fuera allí y pusiera al presidente a los pies de los caballos. Entre otras cosas, porque él, a estas alturas, se promueve políticamente dentro del PP. Uno de los problemas que tienen es que, si quitan a Mazón, ¿a quién ponen? Ni siquiera podrían defenestrarlo, porque no tienen quién lo sustituya.

La declaración de Mompó entra dentro del legítimo derecho de defensa. Ahora, es habilidad de las acusaciones ver las contradicciones en que pueden entrar o encontrar como las otras pruebas periféricas entran en contradicción con lo que ellos dicen. Y serán muy importantes todas las pruebas que se aporten, como por ejemplo las cámaras o todas las periciales que puedan indicar que sí era posible alertar antes, constituirse antes o que había suficiente información para haber tomado decisiones, con una alerta roja, como la Diputación misma, que envió a sus trabajadores a casa.

Otra cosa es la imprudencia de irse a un programa de máxima audiencia a decir lo que dijo. No sé quién los asesora. Porque hemos visto una parte de sus declaraciones, pero esto es un programa editado, no en directo. Por lo tanto, quizás se puede pedir el bruto de la entrevista para aportarlo a la causa judicial y que nos riamos todos mucho. Cuando tú hablas con una periodista, dices muchas cosas. Y, claro, quizás con este material todo casa y quizás Mompó acaba como investigado.

Pero falta una declaración fundamental para hacer un cronograma.

Si no tienes una base sólida, no podrás subir a la torre para cerrarla. No podemos esperar que en los próximos meses el presidente Mazón esté en un tribunal. Esto no pasará, porque la instrucción no está bastante madura, todavía no se han practicado suficientes pruebas y no se han recogido suficientes indicios para justificarlo. A parte que es aforado. Pero imaginemos que no fuera aforado; que ahora, mientras hablamos, él hubiera dimitido. Incluso así la jueza no lo citaría a declarar ya. Tiene que haber bastante cuerpo.

Hay toda una escala de responsabilidades. Él es el máximo responsable, pero tenemos que diferenciar entre el responsable político y ético y el responsable penal. Y el responsable penal exige que la cadena de mando haya fallado o que él haya intervenido. Por este motivo, él ahora dice reiteradamente que no tomó ninguna decisión y que, cuando llega al Cecopi, se habían tomado todas las decisiones. Cuando él cambia las versiones, recibe asesoramiento a medida van recibiendo información de lo que se sabe. Y su última versión es que llegó a las 20.28, porque a esta hora el mensaje ya está enviado.

Por lo tanto, no será de hoy para mañana. Pero, cuanto más sólida sea la instrucción, más garantías hay de que Mazón acabe siendo investigado.

Anna Oliver, retratada en la terraza del ‘Octubre Centre de Cultura Contemporània’, en pleno centro de València.

El Ayuntamiento de Alacant, gobernado por el PP y Vox, votó semanas atrás convertir la ciudad en zona de predominio castellanohablante. Se trata de un movimiento que depende de una modificación de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). ¿Es factible que se dé una reforma de esta dimensión en las Corts Valencianes?

Sí. De hecho, no es la primera vez que el Ayuntamiento de Alacant llega a una proposición de este tipo, sino la quinta. Al final lo han conseguido, porque justamente ahora hay un equilibrio de fuerzas en el que el voto de Vox se convierte en indispensable. Como siempre, la lengua es moneda de cambio; es lo que ellos rentabilizan. Se han aprobado los Presupuestos de 2025 a mediados de año, pero, cuando pase el verano, se tendrán que empezar a negociar los de 2026 y, si Vox pone como condición modificar una ley, que es una ley ordinaria que no necesita una mayoría cualificada, hay un riesgo real de que esto pase.

¿Qué supondría para la lengua este cambio de la consideración lingüística de Alacant y qué efecto podría comportar?

La modificación de la LUEV para cambiar Alacant de predominio lingüístico abre la puerta a toda una serie de cambios. Si la ciudad es de predominio lingüístico castellano, el valenciano ya sería una optativa. Todos los centros escolares que se han movilizado en Alacant durante la consulta lingüística y que, para sorpresa suya, han elegido el valenciano, dejarían de tener esta obligatoriedad y podrían pedir la exención de la lengua.

Además, la obligación de la Administración pública de promover, facilitar y potenciar el uso del valenciano, que decae si estás en un predominio lingüístico castellano. El riesgo es que después venga Elx —el Gobierno municipal ha arrinconado el valenciano— y se convierta en una concatenación: en la ciudad de Castelló ha habido un primer cambio de nombre, ahora es València. Ellos siguen su hoja de ruta sin traba; y la traba tiene que ser la sociedad civil valenciana.

Estas maniobras se producen paralelamente al ahogamiento económico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). ¿Asistimos a una de las mayores ofensivas contra las instituciones que velan por el valenciano desde la recuperación del autogobierno?

Diría que la más descarada. El espejo del [Pacte del] Botànic nos ha hecho olvidar demasiado rápidamente los 20 años del PP, que empezaron prohibiendo palabras en Canal 9 y acabaron cerrando la televisión pública. Ahora hacen lo mismo en À Punt, porque, después de un trabajo impresionante, no han tenido ningún problema en cesar al jefe de informativos.

Ya lo han hecho y lo han hecho muchas veces. Debemos recordar que la AVL nace para intentar un consenso y una pacificación del tema lingüístico de una guerra que habían movido ellos, los secesionistas. Debemos recordar también que el PP sancionó a Acció Cultural, donde ya tenemos una larga trayectoria de ataques y de intentos de ahogamiento, con casi un millón de euros y cerrando todos los repetidores, que es por el que no tenemos reciprocidad con TV3 e iB3.

Anna Oliver recuerda que la Acadèmia Valenciana de la Llengua nació para «intentar un consenso y una pacificación» lingüística.

No es algo nuevo, pero ahora lo hacen a cara descubierta. A mí me dio mucha vergüenza que la segunda autoridad del país, la presidenta de las Corts, se vanagloriara en redes sociales de que la AVL había reducido la edición de libros y la celebración de jornadas y conferencias. Esto es sectarismo. Esto puedes hacerlo en tu partido, que tiene una ideología y unos objetivos concretos, pero no en redes públicas, porque, como autoridad del país, tienes que dar ejemplo de democracia y de gobierno para todo el pueblo.

Pero también es verdad que ahora hay un País Valenciano que ellos desconocen. Hay un tejido de entidades sindicales y sociales con la capacidad de autoorganizarse sin estar bajo la esfera de ningún partido político. Esto creo que los pilla un poco por sorpresa.

El ahogamiento no solo se circunscribe a la AVL, sino que también afecta a las entidades, como Acció Cultural, que fomentan el valenciano. ¿Cómo se sobrevive con la Administración en contra?

Antes de las elecciones, hicimos una previsión y nos preparamos para un escenario como el actual de subvenciones cero de la Generalitat. Hicimos nuestros cálculos económicos para poder hacer la travesía del desierto. De hecho, este año las ayudas a la promoción del valenciano todavía no se han convocado. A pesar de que nosotros no tenemos ningún problema en pedir subvenciones y decir que las pedimos. Esto es dinero público y es mucho mejor que se destine a una entidad que hace actividades para todo el mundo, porque nuestras actividades no son solo para la gente asociada. En fin, hemos sobrevivido a ellos otras veces y ahora también lo haremos. El ahogo económico con nosotros no funcionará.

¿Considera que con la extrema derecha de Vox de la mano del PP se llega más lejos en la ofensiva contra el valenciano que cuando gobernaban los populares en solitario?

Creo que tienen la excusa. Vox es la justificación, incluso ante su propio electorado. Vox nace del PP. Por lo tanto, lo único que hacen ahora es forzarlos un poco a tomar unas decisiones que quizás no habrían tomado, porque no lo habrían necesitado. Habrían podido hacer sus políticas económicas ultraliberales, que es en definitiva lo que los moviliza y los motiva, sin tener todos estos ajetreos y provocar la movilización y la crítica.

Pero a ellos no les pesa. Quiero decir, ellos no tienen un aprecio por la lengua y por la cultura del país. Para ellos, la lengua es folclorización, es algo ridículo. Solo entienden la cultura como la festividad y cuanto más sea ofrendar glorias a España, más cultura valenciana entienden que es. No conocen ni el territorio, ni la idiosincrasia, ni la diversidad. Tengo la sensación de que para ellos el País Valenciano es València y afortunadamente es más largo, más rico y más diverso.

Una de las estocadas contra el valenciano se ha producido en la enseñanza, con la denominada la Ley de libertad educativa, de la cual siempre denuncian “la letra pequeña”. ¿Qué consecuencias tiene esta ley sobre para la normalización del valenciano?

Ellos dicen libertad educativa y tendríamos que decir del odio lingüístico. Una madre me dijo una vez que las familias ya habían elegido cuando hacen el casting de escuelas. La elección educativa se hace casi cuando pares o cuando estás pensando qué escuela infantil escoger, qué barrio… El Consell no ha hecho esta ley para promocionar la libertad educativa. A nadie se le obligaba a hacer una docencia en valenciano.

Todas las encuestas hablan de una bajada en el uso social de la lengua, pero de un crecimiento del conocimiento de la lengua, tanto escrito como oral. A pesar de que por razones laborales o en la adolescencia hagas claudicación lingüística, si has recibido formación en valenciano, tendrás los valores intrínsecos y la cosmovisión del mundo que va implícita en una lengua. Si no tienes este conocimiento, se te elimina una riqueza muy importante. Se nos veta algo que estatutariamente están obligados a proteger, porque el valenciano es lengua oficial.

En la consulta sobre la lengua vehicular, contra la cual presentasteis un recurso ante el TSJ, el valenciano se impuso. Sin embargo, el valenciano no está garantizado en las zonas de predominio lingüístico del castellano. ¿Qué derechos se vulneran?

Se vulnera, en primer lugar, el Estatuto de Autonomía, que es la norma más importante. Pero se vulnera también la Carta Europea de Lenguas Minorizadas, ese acuerdo internacional firmado por el Reino de España que, aunque no tiene fuerza ejecutiva, dice que las lenguas minorizadas tienen que ser protegidas y promovidas por las instituciones y las administraciones públicas. Y se vulnera la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, que dice que se debe garantizar el valenciano en cualquier zona de predominio lingüístico valenciano.

El mismo Consell entra en contradicción. Si ellos piensan que todo esto se puede votar, no habría ninguna necesidad de convertir Alacant en zona de predominio lingüístico castellano. Pero, saben que, según la LUEV, se debe garantizar la enseñanza de la lengua en Alacant como zona de predominio lingüístico valenciano. Vulneran esta normativa. Una normativa que, además, nace del consenso, porque la LUEV se aprobó en Alacant simbólicamente y todos los partidos estaban de acuerdo; igual que todos los partidos estaban de acuerdo también con la creación de la AVL.

Estas políticas del Consell contra el valenciano coinciden con las recomendaciones del último informe de expertos de la Carta Europea de Lenguas Minorizadas, en el que se instaba a “adoptar medidas inmediatas y decididas para proteger y salvaguardar la cultura valenciana” o “garantizar la educación en valenciano en todos los niveles educativos”.

La Carta Europea hace una revisión cada cinco años. Cuando vinieron los expertos —Acció Cultural, entre otras entidades— denunciamos el peligro que en aquel momento suponía la ley educativa. Todavía no se había hecho la orden de consulta y ni siquiera sabíamos cómo se ejecutaría. Los expertos contrastan después tanto con el Gobierno central como con el autonómico. Aun así, y sus conclusiones son demoledoras.

El informe le dijo al Estado qué no respetaba el plurilingüismo, que es una realidad en el Estado español. Y, por lo tanto, hay una vulneración de los derechos lingüísticos que el Estado se comprometió a proteger. Y en la parte autonómica todavía es más grave. Es el territorio donde la lengua es oficial y donde la Administración tiene la obligación de cumplir el artículo 9 de su estimada Constitución, por el cual las administraciones públicas tienen que eliminar todas las trabas para el ejercicio de los derechos. Los expertos alertaron que hay un retroceso en la posibilidad de ejercer los derechos lingüísticos.

Insiste en que “una lengua no puede ser solo de la intelectualidad o del folclore”. ¿Cómo se puede dar prestigio a la lengua sin el apoyo institucional?

Sin el apoyo institucional, no se puede prestigiar la lengua, así de rotundo. Para prestigiar, tú necesitas la auctoritas, una persona en una posición elevada para ser tu espejo. Desde el feminismo lo tenemos muy claro: muchas veces las chicas no elegían un oficio, un deporte o una carrera profesional porque no han tenido un ejemplo. Se han requerido muchas generaciones para hacer una transformación. Siempre necesitas alguien que esté en una posición elevada, que te haga ver que el valenciano no es cooficial, es oficial. Y que, por lo tanto, tú en valenciano puedes hacerlo todo: literatura que tenga eco internacional, música, clases, ir a trabajar el campo o alquitranar carreteras. No es una lengua doméstica, como en el franquismo para hablar con los tuyos. Y tampoco se puede reducir a la burbuja de la escuela.

No puedes obligar a la gente a amar el valenciano, porque desde la imposición no puedes hacerlo. Ahora, desde la normalización, que era una palabra que en los años 80 se utilizaba mucho, sí. No puede ser que un presidente de la Generalitat, cuando vaya a Alacant, hable en castellano, que cuando haga la felicitación de Fin de Año la haga en castellano o que el actual presidente no hable nunca valenciano y, cuando lo hace, es porque busca algo y dice tres frases con una fonética espantosa. No puede ser que una alcaldesa de València, como fue Rita Barberá, la única vez que habló en valenciano fue para crear un meme. Prestigiar una lengua se hace siempre desde una situación de dominio, no de poder, sino de autoridad, desde la cual das ejemplo social.

¿Un paso para conseguirlo sería la reforma de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià?

En el Botánic se intentó, porque esta ley tiene 40 años. Muchas veces se tiene miedo de modificar las cosas y es un poco lo que pasó. Una especie de ‘mejor no tocamos nada, no sea que echemos a perder lo poco que tenemos’. Pero yo me pregunto: además de la LUEV, ¿no se ha podido crear otra ley? ¿En 40 años no ha habido un momento en el que se hayan dado las mayorías necesarias para garantizar o fomentar el uso de la lengua? Creo que ha habido tiempo para crear otros instrumentos legislativos que protegieran nuestros derechos. Y esto no existe. La Oficina de Derechos Lingüísticos la han cerrado y no ha pasado nada. Si hay posibilidad de que haya un Gobierno progresista, deberíamos preparar una serie de instrumentos que garantizaran nuestros derechos sin posibilidad de que el gobierno de turno los aniquilara.

Es tan sencillo como que ahora se prescinde de los lingüistas en À Punt y no hay nada que pueda garantizar esta figura. No hay ningún instrumento que la proteja. Internamente, el Botànic tuvo que hacer mucha reorganización lingüística de la Administración. Pero, todavía hoy en día, te diriges a cualquiera de las conselleries de la Generalitat Valenciana y te contestan por defecto en castellano. ¿Todavía, 40 años después, tengo que recordar yo a la Administración que, si le escribo en valenciano, me tiene que contestar en valenciano?